El viernes 19 de septiembre alrededor de las 9:45 de la noche, un grupo de personas promotores de la empresa Cementera se encontraban disparando en las calles, de la comunidad los Pajoques; ante estos hechos un grupo de comunitarios salieron a determinar qué había sucedido y las personas antes mencionadas dispararon contra los vecinos y asesinaron a Juan José Pajoc Chacaj e hirieron a dos personas más. Varias de estas personas ya han sido denunciadas por agresión ante el Ministerio Público y las autoridades no han actuado, más bien pareciera que cuentan con protección para actuar impunemente.
Por Gran Consejo de Autoridades Ancestrales – Pueblos, Autoridades, Comunidades y Organizaciones del IV Congreso
La población de la comunidad llamó a la policía para que se hiciera presente y fueron a buscar a los atacantes para entregarlos a la PNC, sin embargo, al llegar a la casa de Marcelo Pajoc, donde se habían refugiado los atacantes, los comunitarios fueron recibidos a balazos y producto de los disparos fue asesinado Justo Raxón Chacón e hirieron a cinco personas más.
Los miembros de la comunidad de nuevo solicitaron la presencia de la PNC y una delegación fue a encontrar a una patrulla para guiarla hasta el lugar ya que falsamente aducían que no se podía entrar a las comunidades. La delegación encontró en el camino a una patrulla de la PNC y lo solicitó su presencia en la comunidad, pero sus tripulantes se negaron a continuar.
Mientras estos hechos ocurrían, la conflictividad aumentó en los Pajoques, hasta desbordarse, con el terrible saldo de siete muertos, varios heridos y casas y vehículos destruidos.
Igualmente queremos denunciar que el viernes 12 de septiembre, en la Comunidad Loma Alta, vecina de la comunidad Los Pajoques, otro grupo de promotores de la empresa cementera entró en horas de la noche a dicha comunidad, comenzó a disparar y repartieron volantes amenazando a la población. Fueron capturados por la PNC por portación ilegal de armas y fueron presentados, el domingo 14 de septiembre, ante el juzgado de primera instancia penal de turno de Mixco, cuya jueza los dejó libres bajo fianza, pese a que se le advirtió que si los dejaba libres podía reincidir.
Esto demuestra que lo sucedido en los Pajoques son hechos provocados para justificar la implantación del estado de excepción y con ello quebrar la resistencia de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez, tal y como recientemente se hizo con comunidades de Alta Verapaz. Llamamos la atención que estos hechos suceden cuando la construcción de la carretera que va de la Carretera Interamericana a la finca San Gabriel donde se construye la cementera, está a punto de entrar a terrenos de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez, por lo que parece un plan destinado a quebrar la oposición a la construcción de la carretera.
Asimismo, señalamos que la conflictividad en San Juan Sacatepéquez llegó cuando se hizo presente la empresa cementera ya que antes esas comunidades eran comunidades donde no existía el alto grado de conflictividad que se da en la actualidad.
Denunciamos y repudiamos que desde lunes 22 de septiembre, a las 4 de la mañana miles de policías ingresaron, desde diversos puntos, a las comunidades de San Juan Sacatepéquez a partir de que funcionarios de gobierno informaron que se decretó un estado de Prevención . Rechazamos que el estado de excepción sea la forma de abordar la conflictividad social como se ha demostrado en los anteriores estados de excepción en diversos lugares y en el mismo San Juan Sacatepéquez ya en junio del 2008 fue instalado un estado de sitio que no disminuyó la conflictividad social. Responsabilizamos a Mauricio López Bonilla y a Otto Pérez Molina, por lo que pueda suceder en las comunidades, así como a la empresa Cementos Progreso, responsable de la conflictividad que ha generado y el respaldo de los grupos que atentan contra las comunidades.
Demandamos la urgente presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos en las comunidades de San Juan Sacatepéquez y solicitamos acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos investiguen estos hechos.