Una comunidad en resistencia de pobladores, desalojada a la fuerza por la Policía Nacional Civil (PNC) el 23 de mayo pasado tras bloquear el paso de maquinaria, ha reavivado el conflicto por el funcionamiento de las empresas mineras en el país.
Fuente: Prensa Libre
Los lugareños se hacen llamar Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya y en marzo cumplieron dos años desde que se organizaron para bloquear la carretera de acceso a una empresa minera instalada en sus poblados, a 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
La agrupación se opone a la extracción minera en defensa de los recursos naturales y del agua, un líquido que, según han dicho a los periodistas, escasea dentro de la región y que además temen que sea contaminado.
La comunidad está compuesta por pobladores de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en el departamento de Guatemala.
Las mujeres han sido una pieza primordial para la resistencia, que el viernes 23 de mayo vivió uno de sus días más negros cuando la PNC los desalojó a la fuerza por primera vez, con el resultado de 13 agentes y 15 pobladores heridos.
El día de los enfrentamientos, alrededor de 300 lugareños se reunieron en la carretera para evitar el acceso de maquinaria pesada a la mina Progreso VII Derivada, conocida como El Tambor, propiedad de la Empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), subsidiaria de la estadounidense Kappes, Cassiday & Associates.
La Policía guatemalteca utilizó a las agentes para desalojar al grupo de mujeres en resistencia, quienes tumbadas en el suelo rehusaban desalojar la carretera.
Minutos después sus compañeros despejaron el lugar con el lanzamiento de gases lacrimógenos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala destacó que en la línea de los estándares internacionales “no se hizo uso de armas de fuego letales durante el operativo” .
“Sin embargo, el número de personas heridas evidenció fallas en el uso adecuado de protocolos sobre la utilización de la fuerza, acorde con los derechos humanos”, agregó la entidad internacional.
Menos de 48 horas después de ser desalojada, la comunidad en resistencia ya había levantado de nuevo su campamento: una caseta de 10 metros donde los vecinos se turnan 24 horas al día para mantenerse atentos a lo que pueda suceder.
Yolanda Oquelí, considerada la lideresa de La Puya, casi pierde la vida durante un atentado en junio de 2012 cuando dos hombres en una motocicleta le dispararon y aún tiene una bala alojada cerca de su columna vertebral.
“La bala que llevo en mi cuerpo no me va a callar. Al contrario, me recuerda mi lucha y mi resistencia”, le dijo Oquelí a Efe.
Las voces han crecido en la última semana tanto a favor como en contra de la minería en el país, cuyas empresas están obligadas a pagar el uno por ciento de sus ganancias como impuesto, según la ley guatemalteca.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) calcula que las empresas mineras pagan realmente un 12 por ciento de tasa impositiva.
Los impuestos de dicha industria representaron para el país centroamericano el 1,85 de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2013.
La patronal guatemalteca, representada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) , lamentó lo sucedido y advirtió que la sociedad “es nuevamente testigo de una organizada y manipulada conflictividad” .
En La Puya, la comunidad recupera poco a poco la calma y vuelve a la rutina en el campamento, habitado a toda hora por lugareños haciendo guardia.
