Mientras algunos sectores avalan cambios a la ley minera en Guatemala, otros consideran que no hay soluciones. Reformas consensuadas por diversos sectores que incluyan aspectos sociales, culturales y beneficios netos a las comunidades es la salida que plantean varios sectores. “La propuesta es un mamarracho absoluto y no contribuye a resolver las inquietudes que genera la extracción minera”, sostiene Yuri Melini de CALAS.
Fuente: Siglo 21
La minería es regulada por una Ley aprobada en 1997, que según políticos, académicos y sociedad civil está descontextualizada, pero, pese a varios intentos por modificarla, esta permanece estancada en el Congreso. En octubre pasado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó una iniciativa que propone 34 modificaciones en el aspecto social, económico, fiscalizador y ambiental (lea: Lo destacable según el MEM).
Pedro Muadi, presidente del Legislativo, opina que para que exista una baja en la conflictividad, el Parlamento debe jugar un papel importante al aprobar “una nueva ley de minas”. Indica que la actual normativa se hizo con el objetivo de “atraer la inversión y por eso las regalías son bajas”.
Édgar Cristiani, de la Comisión de Energía y Minas, del Congreso, concuerda y hace referencia a la iniciativa de reformas a la ley minera.
“El tema está parado; la Comisión no ha recibido las propuestas porque no se ha leído en el pleno. Cuando la tengamos, buscaremos la opinión de ambientalistas, alcaldes y los sectores que están en conflicto para buscar los consensos”, explica el legislador.
Destaca que las reformas buscarán defender los intereses de las comunidades y del Estado, crear una la ley amigable con el ambiente y que dé certeza a inversionistas.
La propuesta oficial
Según Ivanova Ancheta, viceministra de Desarrollo Sostenible del MEM, uno de los pilares de la reforma que propone, son los aspectos sociales que permitirían reducir la conflictividad actual.
“La propuesta otorga a los ministerios de Energía y Ambiente la obligación de proveer información a las comunidades, previa a la autorización de un proyecto extractivo, a través de los Consejos Municipales de Desarrollo, responsabilidad social con pertinencia cultural y la obligatoriedad de hacer estudios de salud”, explica Ancheta.
A criterio de Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), en cambio, la propuesta es un “mamarracho absoluto” y no contribuye a resolver las inquietudes que genera la extracción minera en las poblaciones de influencia.
“No se pueden constituir a las comunas en instrumento del Estado; los miembros de los Consejos no son legítimos representantes del pueblo, se cuadran al partido de turno o a autoridades”, dice Mellini.
Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Industrias Mineras, opina que la reforma debe ser discutida en la agenda nacional, acorde con criterios técnicos, pero que también debe ir acompañada de otras herramientas que generen confianza.
“Se debe tener una inversión transparente y focalizada en las comunidades, un proceso informativo con diálogo permanente y una campaña de comunicación que permita comprender el verdadero alcance y beneficios de la industria”, propone.
Para el Comité de Unidad Campesina (CUC), antes de pensar en cambios se deben aclarar las inconstitucionalidades que presenta la normativa actual sobre la libre determinación de los pueblos que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“No tiene validez una reforma cuando no se respetan los derechos de los indígenas antes de las concesiones. Es falso y nefasto para los pueblos que no se reconozca el derecho de consulta, el Estado está obligado a consultar cuando firme convenios o tratados internacionales que afecten la vida económica, social y cultural”, asegura Daniel Pascual, de ese comité.
Centrarse en el pueblo
Edwin Castellanos, de la Unidad de Investigación del Medio Ambiente, de la Universidad del Valle, expresa: “Las reformas tendrían que conformar aumento a las regalías, y mecanismos de control social y ambiental”.
Juan Carlos Rosito, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, de la Universidad Rafael Landívar (Iarna), asevera que las reformas “ayudarían a bajar los niveles de conflictividad”.
Concuerda en que deben fortalecerse las instituciones de fiscalización “y que los ministerios deberían tener un papel de contrapeso y no de facilitar las inversiones de las empresas”.
Así lo dijo
“Los ministerios deberían tener un papel de contrapeso y no de facilitar las inversiones de las empresas”.
— Juan Carlos Rosito Universidad Rafael Landívar
“La propuesta es un mamarracho absoluto y no contribuye a resolver las inquietudes que genera la extracción minera”.
— Yuri Melini, CALAS
“Los tiempos han cambiado; ahora sí tenemos actividad minera que se debe aprovechar de manera inteligente”.
— Pedro Muadi Presidente del Congreso
En Cifras
1% de regalías establece la ley a las mineras
