La Iglesia católica y organizaciones ambientalistas con equipos de abogados se preparan para respaldar al gobierno salvadoreño, demandado por la empresa minera canadiense Pacific Rim en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el centro de arbitraje del Banco Mundial (BM) por negarle permisos de explotación.
Fuente: AFP
10/08/2010. Tras conocerse que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del BM, aceptó ventilar la demanda por 77 millones de dólares contra el Estado salvadoreño, la primera en reaccionar en apoyo al gobierno fue la Iglesia católica.
“En un país tan pequeño, densamente poblado y tan vulnerable, dicha explotación minera sería gravemente dañina. Felicitamos al gobierno de nuestro país por oponerse a ella y le respaldamos totalmente”, comentó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
Por su parte la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y otras ONGs, se sumaron a las voces que apoyan la defensa del gobierno ante la minera canadiense.
“Consideramos importante fortalecer la comisión del gobierno y como UNES vamos a trabajar en calidad de ‘amicus curiae’ (amigos del tribunal) con abogados ambientalistas canadienses, estadounidenses y salvadoreños para fortalecer la defensa legal del país”, dijo a la AFP el presidente de la UNES, Angel Ibarra.
Los abogados que promueven la iniciativa son salvadoreños y del Center for International Environmental Law (CIEL).
Para el ambientalista Ibarra, “el país está en peligro” ante las intenciones de la minera canadiense, que pretende explotar oro y plata, debido a que se tiene un escaso territorio de 20.742 km2 y 6,1 millones de habitantes.
“Abrirle el paso a Pacific Rim significaría abrirle el paso a 25 nuevos proyectos (mineros) que están en fila”, insistió Ibarra.
La UNES lamentó que la Pacific Rim tuviera que buscar un socio estadounidense para ampararse en el tratado de libre comercio y de esta forma lograr sustentar la demanda ante el tribunal arbitral del BM.
Para el consultor del Centro de Investigaciones sobre Inversión y Comercio (CEICOM), David Pereira, el país se encuentra demandado debido a que los gobiernos de derecha no adoptaron una posición “más agresiva” con una legislación que “prohíba” la minería metálica en el territorio nacional.
“Debemos rechazar la demanda y pedimos al gobierno salvadoreño firmeza en la defensa”, señaló Pereira.
Hasta el momento, ni el gobierno salvadoreño ni la Fiscalía han brindado comentarios sobre dicha demanda, y el canciller Hugo Martínez se limitó a decir que “se trata de una primera fase del proceso”.
En El Salvador existen unos 25 proyectos de exploración minera que involucrarían unos 1.200 km2 de extensión, que significan cerca del 7% del territorio nacional.
La causa en el CIADI (en Washington) se dirime desde 2009 y el 2 de agosto rechazó las objeciones presentadas por El Salvador y determinó que la demanda de la minera “procede”.
Pacific Rim reclama los 77 millones de dólares que invirtió en la exploración.
Los problemas de la explotación minera, en su mayoría por empresas de capital canadiense, no solo afectan a El Salvador.
La polémica entre los favorables y los detractores de la minería y la exploración petrolera también sacude a países como Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Panamá por los problemas de erosión y degradación de los ecosistemas y diversidad biológica que acarrean.
