Varias organizaciones ambientales aseguran que las aguas del El Salvador se encuentran amenazadas por más de 50 proyectos mineros instalados en la zona fronteriza. Para la extracción de oro se hace uso de una variedad de químicos nocivos como el cianuro, ácido sulfúrico y mercurio que en unos años contaminarían por completo los principales ríos del país que se localizan en cuencas compartidas con Guatemala y Honduras.
Fuente: Informa TVX
Esa problemática y la firma reciente de contratos mineros hasta de 15 años en algunos países de la región, son preocupantes, asegura Edgardo Mira del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM). Explica que para evitar el riesgo de contaminación a los recursos hídricos, los países de Centroamérica deben llegar a un consenso para construir un acuerdo transfronterizo contra la minería.
CEICOM junto a otras organizaciones ambientales de la región centroamericana llevan casi cinco años solicitando a sus gobiernos cerrarle el paso a las transfronterizas y prohibir definitivamente la explotación minera por el daño que originan al medio ambiente, sin obtener respuesta. En El Salvador ya se registra un caso de contaminación acuífera producto de la minería artesanal que se arrastra a lo largo del río Goascorán, hasta llegar al Golfo de Fonseca.
Incertidumbre por tardanza en resolución Caso Pacific RIM
Cualquier pacto nacional contra la minería metálica depende de la resolución del litigio internacional que sostiene nuestro país con la empresa minera Pacific RIM, que ha sido comprada por Ocean Gold.
Desde Agosto 2015 se espera el anuncio público de la resolución del CIADI. Algunas fuentes cercanas al proceso dan por ganador a El Salvador; pese a que se ha ventilado que la balanza se inclina hacia la transnacional. Esta última hipótesis obligaría al país a pagar una suma exorbitante de dinero, que equivale al 40% del presupuesto actual para seguridad.
La demanda de la transnacional contra el Estado Salvadoreño se viene gestando y dando a conocer desde 2009, desde entonces el monto de la demanda pasó de 77 millones a más de 200 millones.
