“El corazón de la tierra está sangrando, la extracción del oro es como la extracción del corazón sagrado de la tierra”, eran las palabras de Celinda Pérez, una mujer Maya Mam de San Miguel Ixtahuacán en Guatemala. Así explicaba todo el daño que les ha hecho la minera Marlin, una de las más grandes extractoras de metal en Centroamérica.
Estas palabras resonaron en las personas que atendían su exposición porque se dieron cuenta que en sus países, de la misma región, eso era exactamente lo que estaba pasando con la industria minera y el corazón de sus pueblos.
Centroamérica se unió en el dolor pero también en la esperanza, teniendo presentes los muchos mártires por la defensa de los bienes naturales en el seminario Minería: mitos, realidades y resistencias. Este seminario fue organizado por la Comisión del Apostolado Social de la Compañía de Jesús y aglutinó obras jesuitas y organizaciones que luchan contra la explotación minera en Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la semana del 18 al 20 de septiembre.
“Nos hemos dado cuenta que estas empresas mineras utilizan el mismo guión para entrar a nuestras comunidades, llegan con una máscara y ofreciendo cosas, presionando para que vendan las tierras, amenazando y asesinando líderes”, expresaba Francisco Pineda de San Isidro, Cabañas, en El Salvador, donde las comunidades lograron parar el proyecto extractivo de oro de la compañía Pacific Rim, pero eso les costó muchas vidas y dolor durante 8 años de resistencia.
Hubo diversidad de experiencias, sin embargo las estrategias que usan compañías mineras, especialmente de Estados Unidos, Canadá y China, eran casi calcadas, según los especialistas y los testimonios de quienes lo viven en carne propia. Y es que el llamado cinturón de oro, que atraviesa la región centroamericana ha hecho que los países industrializados codicien lo que hay debajo de la tierra aun pasando por encima de los pueblos.
Ese cinturón de oro fue catalogado como “una oportunidad” por Manuel Enrique Hinds, ex ministro de Hacienda en El Salvador que fue a presentar su posición sobre cómo la minería sí puede traer desarrollo a estos países. Para Hinds la extracción minera se puede dar con regulaciones adecuadas y asesoramientos de países como Canadá e Inglaterra.
“La minería puede ayudar a diversificar la producción del país”, recalcaba Hinds, asegurando que las nuevas tecnologías eran garantía de una nueva minería que no daña el ambiente.
Sin embargo, muchas de las personas presentes difirieron, desde su experiencia, con la opinión de Hinds. Andrés McKinley, ex investigador de Oxfam, aseguró que todo lo que dijo Hinds se podía desmontar y así lo hizo.
McKinley señaló 4 mitos de la explotación minera que esta industria riega por la región. El que la nueva tecnología protege el medio ambiente, que la minería genera empleos y un boom económico a nivel local, que genera ingresos importantes al Estado y hay un desarrollo sostenible y por último que respetan los derechos humanos.
Con solo dar un recorrido por las experiencias mineras en Centroamérica, McKinley evidenció que el primer mito es un cinismo, pues en estos países la extracción de metales se hace principalmente a cielo abierto, una práctica prohibida en muchos países por ser la más nociva para el ambiente, consumidora de agua en grandes cantidades y destructora de poblados enteros. Esto se hace para abaratar costos de producción.
“Cuando hablamos de minería hablamos de una industria, una industria que según la Organización del Trabajo, OIT, solamente genera el 0.9% del empleo a nivel mundial porque es altamente mecanizada y no utiliza mucha mano de obra, el boom económico no existe, también porque la mina tiene una vida corta”, dijo McKinley.
Los últimos dos mitos se comprueban con la teoría de que los países abundantes en recursos naturales crecen a un ritmo más despacio por la dependencia a esta industria que además es trasnacional y no respeta los derechos básicos de la gente a saber y a decidir.
Honduras en la mira
El primer día los asistentes recibieron un panel sobre la situación de Honduras, el país del centro que actualmente tiene vigente una Ley de Minería, y se habla de alrededor de 500 nuevas concesiones mineras en solicitud. Sin embargo, la situación de Honduras dejó preocupación en quienes visitaban la región.
Aunque esto ha puesto en alerta a las organizaciones locales, en comunidades como Nueva Esperanza, Atlántida al norte del país, la situación se agudiza en miras de torcer las voluntades de los pobladores y pobladoras. El sacerdote claretiano, Cesar Espinoza, contó lo que el empresario Lenir Pérez, ha hecho por desarrollar un proyecto de extracción de oxido de hierro en esta zona de Atlántida.
“En Honduras si te amenazan, también te matan”, dijo el sacerdote a quien le ha tocado no solo presenciar las amenazas de muerte hacia sus feligreses, sino que él mismo las ha sufrido. Contó que el empresario llegó con el mismo cuento de “desarrollo” para las comunidades, sin embargo ahora que las comunidades se niegan ha comenzado a usar la fuerza, incluso la fuerza pública.
Esta experiencia de Nueva Esperanza, en que la policía ha actuado como seguridad privada de la empresa, arremetiendo contra pobladores del sector, se repite en la región. Y aunque la violación a derechos humanos sea tan evidente, el Estado se muestra ausente en el conflicto desigual.
Según Pedro Landa, de la Coalición de Redes Ambientalistas de Honduras, el debilitamiento de los Estados nacionales, disminución de las responsabilidades de respetar y garantizar los derechos humanos, es un patrón que ese repite en la región y que está criminalizando la lucha y dejando muchas víctimas.
“En Honduras el golpe de Estado facilitó la entrega de los bienes naturales y soberanía, ahora entramos a una política reformista que abre camino a la minería industrial de la cual China es uno de los primeros interesados”, expresó Landa.
La minería industrial, requiere más que de oro, de óxido de hierro, plomo, y otros minerales utilizados para producir aparatos electrónicos cada vez menos duraderos, explicó Como muestra de ser el mismo guión, las mismas víctimas, el mejicano Manuel Pérez Rocha, explicó que la “institucionalidad” ha sido quebrada en esta región además por los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados Bilaterales Internacionales (TBI).
“Muchos de los Estados son demandados en los tribunales Internacionales cuando no cumplen con los tratados como el CAFTA, NAFTA y la dolarización ha mermado la institucionalidad de los países. Y en estos tribunales no importa si las empresas han violentado derechos humanos, el Estado siempre pierde porque el “libre comercio” se debe garantizar y si no, las demandas requieren servicios caros de defensa”, manifestó Rocha.
Las mujeres en la lucha pacífica
Las mujeres centroamericanas dejaron muy claro que la lucha contra la explotación minera debe ser pacífica. Por esto, muchas mujeres encabezan las resistencias, se enfrentan a la misma policía y los militares, y en el peor de los casos pierden su vida por la defensa de sus propios hijos e hijas.
Así lo expresó Yolanda Oquelí de San José del golfo en Guatemala donde las comunidades llevan 19 meses en resistencia, viviendo en tiendas de campaña frente al portón de la empresa minera “El Tambor” de Goldcorp.
En comunidades como San Pedro Ayapuc y San José la escasez del agua ha sido latente por mucho tiempo, y ahora la imposición de esta mina de oro a cielo abierto los dejaría sin vida, según expresa Oquelí.
A pesar que esta mujer ya recibió un atentado que recuerda cada día, pues en su columna lleva a aun una bala, insiste en que la lucha debe ser pacífica y en este sentido las mujeres son las que han ido al frente.
“Nos tratan como desinformados y como terroristas solo porque defendemos nuestro derecho, no solo porque el gobierno acepte significa que los pueblos aceptan”, Yolanda habla con mucha fuerza, pero se le quiebra la voz cuando muestra cómo la policía ha reprimido a su comunidad en resistencia pacífica y hasta a las mujeres que cargan con sus hijos.
En El Salvador donde actualmente se está discutiendo una ley que prohíba la explotación minera, sucede lo mismo. Muchas mujeres están al frente de sus luchas.
“A veces la gente dice que las mujeres no tenemos familia que atender, que para qué nos metemos en estas cosas, pero es porque no entienden que uno hace esto por la vida”, expresó Videlina Morales pobladora de Santa Marta en Cabañas, donde a pesar que pararon el proyecto de Pacific Rim, después de 8 años de resistencia la alerta aun no se levanta y la impunidad no hace olvidar.
Videlina recuerda cuando asesinaron a una de sus compañeras de lucha, Dora Sorto, quien tenía 8 meses de embarazo.
“Ese fue un mensaje para las mujeres, un mensaje de miedo, diciendo: si podemos hacer esto, no hay nada que nos detenga”, cuenta Morales que sigue presionando para que el gobierno apruebe esta ley y se defienda ante las posibles demandas que en el marco del TLC, esta minera pueda hacerle.
También de Costa Rica una mujer fue quien llevó las buenas nuevas de que en este país de la región ya está prohibida la explotación minera, por la presión y la resistencia del pueblo, que en su mayoría fueron mujeres que llevaban el barco. Heidy Murillo aseguró que hay que estar alerta ya que más del 30% de C.A. está concesionada y las mujeres juegan un papel vital para esa lucha pacífica que suma a las voluntades de los pueblos.
De Panamá, Omaira Silveira, indígena Nnäbe Bugle, contó las atrocidades que han tenido que pasar miles de mujeres de su tribu que se oponen a la extracción minera en sus territorios. Represiones, golpes, insultos, señalamientos, pero todo por obtener un triunfo.
“El gobierno de Martinelli ha sido el más racista y represor que hemos tenido” dijo Omaira pero asegurando que eso no los detiene y especialmente no detiene a las mujeres que siempre van adelante en esta lucha.
Compromisos
Ante el creciente interés no solo por el oro bajo la tierra sino todo aquel mineral que le sirva a la gran industria, las obras jesuitas y las organizaciones presentes firmaron una declaración en la que se comprometían a articularse regionalmente para comenzar a dar pasos para que el guión, ni los actores, ni las víctimas se repitan.
DECLARACION
Minería: mitos y realidades
Las instituciones, organizaciones y representantes de pueblos en resistencia participantes en el Seminario Centroamericano de Análisis sobre “Industria minera, mitos y realidades” hemos decidido concluir nuestros testimonios, reflexiones, debates y deliberaciones con la siguiente declaración.
1. Declaramos que nos inspira el amor por la vida, la solidaridad y el compromiso con las víctimas y la entrega de los mártires del sistema depredador y productor de violencia y miseria; que nos anima el convencimiento de sentirnos corresponsables de nuestro planeta como un regalo del Dios de la Vida para que dignamente lo compartamos como nuestra única casa común.
2. Declaramos que nos situamos en resistencia permanente contra la industria minera y sus compañías transnacionales explotadoras, generadoras de desastres sociales y ambientales, y que constituyen una amenaza creciente para la vida de las comunidades. Aunque la minería es riqueza, esta funciona en la lógica de multinacionales que, en contubernio con socios dentro de cada país, la explotan para llevarla al extranjero.
3. Declaramos que la industria minera y las concesiones para la explotación industrial de otros recursos naturales son reflejo de un modelo extractivo, consumista y de contaminación. Es una explotación basada en la lógica de consumo infinito en un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en las comunidades ubicadas en las áreas de explotación, en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras.
4. Declaramos que la industria minera ha alcanzado tan alto nivel tecnológico que requiere cada vez de menos mano de obra y de menos tiempo para extraer la riqueza mineral, dejando como secuelas un acelerado desastre ambiental y la destrucción de las tradicionales formas comunitarias de vida. Una comunidad tocada por la explotación minera nunca vuelve a ser la misma; sus tejidos culturales quedan rotos. La explotación minera conlleva, promueve e incentiva la división y la corrupción.
5. Declaramos que en esta resistencia se confrontan dos cosmovisiones. La primera mira a la naturaleza y la Tierra como una madre, como fuente de vida y don sagrado para pueblos y comunidades. Las comunidades indígenas testimonian que “la Tierra es nuestra madre y las mineras la tienen destrozada, le han partido el corazón y eso es un atentado contra Dios”. La segunda es la de las compañías mineras. Para estas, las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocio, dinero, crecimiento, desarrollo, bienestar económico, en el que todo debe ser convertido en ganancias y capital.
6. Declaramos que la industria minera con todas sus secuelas es criminal y por eso está provocando un fenómeno creciente de resistencia de comunidades, articuladas con organizaciones ambientalistas y populares. Como contrapartida, las mineras, en alianza con empresarios nacionales y autoridades públicas, amenazan, persiguen, secuestran y asesinan a dirigentes y líderes comunitarios a través de la Policía, el Ejército y guardias de seguridad privada.
7. Declaramos que las compañías mineras se confabulan con diputados de nuestros Congresos o asambleas legislativas para aprobar figuras jurídicas con el doble propósito de minimizar costos legales y criminalizar las luchas de resistencia. Las compañías mineras han hecho alianzas con medios informativos y comunicadores nacionales hasta conformar cercos mediáticos para controlar la información, desfigurar las luchas y presentar a la industria extractiva y contaminante como “bondadosa” para las comunidades, el Estado y la sociedad.
8. Declaramos que nuestras luchas de resistencia se han de apoyar en alianzas con los diversos sectores nacionales e internacionales con los que compartimos el compromiso de defender nuestros bienes comunes y territorios; en estrategias de comunicación alternativa que logren romper el cerco mediático. Si las corporaciones mineras son las mismas que están en nuestros países, ¿cómo emprender luchas que fortalezcan nuestras identidades para hacer frente al peligro de dejarnos deslumbrar por el oro y las regalías de las compañías mineras? ¿Cómo fortalecer nuestros compromisos éticos para saber vencer las tentaciones de los sobornos, las atractivas ofertas de las mineras de mejorar los servicios públicos en nuestras comunidades o los miedos ante las amenazas y chantajes? ¿Cómo conformar plataformas/bloques que articulen nuestras luchas nacionales con luchas centroamericanas y latinoamericanas?
9. Declaramos que como comunidades; organizaciones ecologistas, ambientales, populares; universidades jesuitas; pueblos originarios; y sectores de iglesias que buscamos ser fieles al Evangelio, optamos por la articulación de los diversos esfuerzos en una lucha común por la paz, la salud y la vida, a partir de la defensa y protección de nuestros bienes naturales. Nuestra lucha será más creíble y sólida si la sostenemos sobre compromisos éticos y una práctica testimonial de austeridad, reciclaje, ahorro y protección de la naturaleza que comience en nuestros ambientes familiares e institucionales más cercanos.
10. Declaramos que la vida es el don más preciado que hemos recibido de Dios y que lo debemos seguir defendiendo desde todos los medios pacíficos, no violentos. En pie de testimonio, elevamos nuestra plegaria al Dios de Jesucristo para que, con su Espíritu, tengamos las fuerzas para seguir las huellas de nuestros mártires latinoamericanos en este camino de entregas y generosidades hasta alcanzar la paz que nos arrope como un solo pueblo en libertad.
Audiovisuales UCA (El Salvador); Cafod-Centroamérica; Cáritas (El Salvador); Centro Cultural Universitario de la UCA (El Salvador); Centro de Investigación Nitlapán de la UCA (Nicaragua); Ceprodec, Honduras; Cidea, UCA Nicaragua; Comisión de Medios de Comunicación de Centroamérica de la Compañía de Jesús (C-CAM); Comisión Provincial de Apostolado Social de la Compañía de Jesús (CPAS); Comité Ambientalista del Valle de Siria (Honduras); Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua; Coordinadora Gnäbe-Bugle (Panamá); Catolic Relief Service (El Salvador); ERIC/Radio Progreso de Honduras; Fe y Alegría (El Salvador); Fondo de Desarrollo Local (FDL) (Nicaragua); Grupo de Solidaridad (Grudesa), El Arenal (Nicaragua); IARNA-Universidad Rafael Landívar (Guatemala); ICE-CEFAS (Guatemala); IIS-UCR (Costa Rica); INGEP-Universidad Rafael Landívar (Guatemala); Institute for Policy Studies (Estados Unidos); Idhuca (El Salvador); Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica; La Brújula, Universidad Rafael Landívar (Guatemala); Liceo Javier (Guatemala); Mesa Frente a la Minería (El Salvador); Misioneros Claretianos de Honduras; Movimiento de Resistencia Pacífica (Guatemala); Oxfam América; Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Arizona, Atlántida (Honduras); Parroquia San Bartolomé de Arcatao (El Salvador); Parroquia Santa María Chiquimula (Guatemala); Pastoral Social de Ixcán (Guatemala); Plaza Pública, Universidad Rafael Landívar (Guatemala); Proyecto Educativo y Laboral Puente Belice (Guatemala); Puente de Paz (Guatemala); Radio YSUCA (El Salvador); Red Jesuita para las Migraciones (RJM) de Centroamérica; Semanario Universidad, San José (Costa Rica); Seprojoven (Costa Rica); Servicio Jesuita para Migrantes (Costa Rica y Panamá); Servicio Jesuita para Refugiados (Panamá); Vicerrectoría de Proyección Social UCA (El Salvador). Y otras organizaciones participantes.
San Salvador, 20 de septiembre de 2013
