Todos los días estamos siendo testigos de la sinvergüencería histórica que está ocurriendo en nuestro país. Las empresas mineras están muy campantes retomando sus actividades, andando comprando conciencias con chucherías para los muertos de hambre que no faltan en ningún lugar que se venden por menos de un plato de lentejas, y todo esto sin que nadie haya respondido por la inconstitucional entrega de las concesiones y el descarado desacato al MANDATO MINERO.
Por Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama
26/11/2010. Si ese Mandato Minero hubiera sido aplicado ninguna de estas empresas debería estar con sus concesiones, sin embargo están a sus anchas ya que tienen el respaldo de un gobierno que está entregado en cuerpo y alma a los invasores extranjeros y a las mafias mineras nacionales, y que por eso no aplicaron el Mandato que claramente decía que quedaban extinguidas sin compensación económica alguna las concesiones de las empresas que no hayan cumplido con los procesos de consulta previa a las comunidades como lo establecía la Constitución anterior.
Pero bueno dice alguna gente “¿ya qué vamos hacer? El gobierno dice que la minería va porque va y mejor hay que ver cómo se saca algún provecho”. Este tipo de mentalidad es la que permite que nos sigan aplastando más y más cada día, y que los que violan nuestros derechos queden en la impunidad.
Parece que no nos damos cuenta de la gravedad de lo que sucede. Las mineras han violado y violentado una Constitución que está por encima de todas las leyes, se ha reído en la cara de una Asamblea Constituyente dicha de “plenos poderes”, es decir, se ha limpiado… los zapatos con lo más alto de nuestro sistema de leyes y de autoridades, entonces qué podemos esperar sino que sean las mineras las que impongan “su ley” por encima de ministerios y leyes ecuatorianas, de todo. Eso significa que estamos quedando a su merced, y eso es sumamente grave porque no hay quien haga justicia en este país.
Una institución que debería ser respetada como la Defensoría del Pueblo de Ecuador, ya que es garantía para los derechos de los ciudadanos de este país, para las mineras y los ministerios correspondientes está pintada en la pared. La Resolución Defensorial No. 79-CNDHIG-Exp-No.40821-2009, que se obtuvo gracias a la presión de las organizaciones y comunidades de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS), está quedando como un papel sin importancia, ya que desde hace un año que se emitió, no se ha hecho caso a ninguna de las recomendaciones hechas en la resolución. En cuanto el Mandato Minero dice:
“En función de precautelar los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, derecho a la vivienda, a vivir en un ambiente sano, y los derechos de la naturaleza; y en relación con los objetivos de mandato constituyente No. 6, denominado “mandato minero”, en especial lo previsto en el considerando 4 que prevé que la exploración y explotación minera estará condicionada “a la preservación de medio ambiente y el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y comunidades que vean involucradas directa o indirectamente por esta actividad…” recomienda: 1) Al Ministerio de Minas y Petróleos a que ejecute lo dispuesto en el Mandato Constituyente No. 6, de acuerdo a lo previsto en sus Arts. 11 y 12, y que ponga énfasis principalmente en lo dispuesto: a) En el Art. 1 en lo relativo a consulta previa ambiental y específica para comunidades indígenas; b) En el Art. 3 en lo relativo a bosques protectores y sus zonas y sus zonas de amortiguamiento… c) En el Art. 4 relativo al acaparamiento de hectáreas mineras por una misma persona natural,… persona jurídica o sus empresas vinculadas en número mayor de 3… Se recomienda también tomar especial atención a las concesiones otorgadas por las empresas que la CNDVS ha denunciado estarían incursas en los casos descritos en el mandato minero y que son: Corriente Resources Inc…., Kinross Gold Corporation…, International Mineral Corporation (IMC)…, IAMGOLD…”, entre otras.
De esto ni caso, es más, ahora en la Agencia Desconcentrada de Control y Regulación Minera de Cuenca están cobrando por dar la información sobre las concesiones cuando en la Resolución Defensorial mencionada, dice:
“Se recomienda también que el acceso a esta información no esté sometida al pago de tasas administrativas, si es que el costo impediría que las comunidades indígenas y campesinas afectadas por la actividad minera, y en general cualquier persona, puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública.”
Además continúa la persecución y criminalización de nuestra lucha, como en el caso del injusto proceso judicial que se le sigue a Lina Solano Ortiz y otras personas, acusadas de “invasión de edificios” por la minera Corriente Resources, proceso que se lleva desde el 2007 sin que existan los fundamentos para esta ridícula acusación, y sin embargo la Fiscalía de Méndez sigue dando curso al proceso.
Y el gobierno de la “revolución ciudadana” está tapando todo esto con las migajas que nos botan como a los perros hambrientos: bonos, raciones, y otros “espejitos”, que son sólo el hueso porque la carne se la tragan ellos, pero de las migajas que a su vez les botan las transnacionales que son las que se llevan la mejor tajada.
Es necesario que abramos los ojos y busquemos la manera de exigir por estos atropellos a nuestros derechos humanos, constitucionales y ambientales, antes de que sea demasiado tarde.
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