Más del 73% de los electores de los siete cantones, donde están los proyectos mineros Río Blanco, Loma Larga, San Carlos-Panantza, Mirador y Fruta del Norte, votaron a favor de prohibir las actividades extractivistas, en la consulta popular. En todo el país fue del 68,62%. Con esa votación quieren que se impida la minería metálica -en todas sus etapas- en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Los cinco proyectos están cerca de zonas de páramo, bosques y cuencas hídricas de Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Fuente: El Comercio
En el Gobierno anterior las actividades mineras generaron enfrentamientos. La Ecuarunari tiene un registro de tres líderes indígenas fallecidos y más de 80 criminalizados o detenidos en las tres provincias.
Esa razón, dijo Danny Marín, vocal de Junta Parroquial de Panantza (San Juan Bosco), pesó en la decisión favorable de la pregunta cinco. “Ninguna organización política hizo campaña por una u otra tendencia. El Gobierno anterior nos persiguió y encarceló”.
El presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, comentó que, pese a los resultados en las urnas, “existe incertidumbre porque no sabemos si tendrá un efecto retroactivo”. Es decir, si la minería que posee títulos de concesiones puede seguir o no su trabajo de exploración o explotación.
Tras la consulta, el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam ha mantenido asambleas para ratificar “que las comunidades asentadas en la Cordillera del Cóndor no aceptarán la minería metálica en territorios ancestrales”.
Además, elaboran solicitudes para pedir la revisión de las leyes de Agua y Minería, y que se revisen las concesiones otorgadas en Morona Santiago, dijo Abilio Shacay, representante de Relaciones Externas de Arutam.
“No tenemos ninguna garantía de que la minería no afectará la naturaleza y que habrá inversiones para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, señaló Shacay; sin embargo, no descartó un diálogo con los funcionarios de Gobierno.
En el caso de Zamora Chinchipe, el prefecto Salvador Quishpe también es partidario de conversar junto con los gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales.
En Azuay, agregó Pérez, “el Gobernador (Xavier Enderica) ofreció pedir a las empresas que detengan las actividades hasta que se conozca los cambios que establezca el referéndum”. De acuerdo con el Ministerio de Minería, los cinco proyectos cumplen sus actividades normales.
Según el Ministerio, no existen concesiones otorgadas en zonas sensibles, pero sí hay explotación en zonas urbanas, por ello trabaja con los gobiernos locales para delimitar esos sectores y aplicar lo aprobado en la consulta.
En la parroquia cuencana de Victoria del Portete hay expectativa. En las casas se colocaron pancartas con frases como “No queremos minería”, “Agua sí, oro no”. El azuayo Vicente Panjón votó por sí “para precautelar el agua”.
En los pequeños caseríos cercanos al proyecto Río Blanco Larga hay pocos letreros a favor de la minería, pero sí familias como la de Vicente Chacha que aprueba esta actividad porque generó empleo.
En la actualidad, las organizaciones sociales buscan frenar la minería. Pidieron a la Contraloría del Estado que investigue sobre la presencia de ojos de agua en la concesión de Loma Larga.
El contralor Pablo Celi visitó este territorio el 17 de febrero y ofreció un informe (cumplimiento de normas e impacto ambiental) en 180 días. Dijo que verificará los documentos de la entrega de concesiones.
En contexto
Las organizaciones opuestas a la minería esperan que el Gobierno los incluya en los diálogos para aportar sus propuestas de ajustes a la Ley Minera. La Ecuarunari se reunirá este mes para definir las medidas de presión.
