Un grupo de ambientalistas cumplió hoy un día en huelga de hambre frente a la Casa Presidencial en Costa Rica como protesta contra una polémica mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país, cuyo futuro se definirá en un juicio que está en curso.
Fuente: EFE
11/10/2010. Con pancartas y camisetas, el grupo de ambientalistas del movimiento “Ni una sola mina”, están afincados en una pequeña zona verde en las cercanías de la Casa Presidencial y afirman que estarán allí “hasta que el organismo aguante”, pese a la lluvia, a una estricta vigilancia policial y a la falta de condiciones higiénicas adecuadas.
Su intención es que la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, derogue un decreto firmado en 2008 por el anterior mandatario, Óscar Arias, que declaró de “conveniencia nacional” el proyecto minero Las Crucitas, de la empresa Industrias Infinito, de la casa matriz canadiense Vanessa Ventures.
El ambientalista Víctor Rojas declaró hoy a Efe que la iniciativa se llama “Ayuno por la vida” y busca “sensibilizar a la Presidencia para que derogue el decreto que no tiene fundamento legal y mucho menos moral”.
“Es inaceptable que nos impongan la minería de oro a cielo abierto por decreto”, afirmó Rojas, quien aseguró que el principal riesgo ambiental es que en la mina “se usará cianuro en una zona de riquísima biodiversidad y acuíferos”.
La empresa se ha defendido en los últimos meses aduciendo que ofrecerá empleo en una zona pobre del país, que reforestará cientos de hectáreas de terrenos y que utilizará las prácticas más modernas de una “minería verde”.
La mina ha recibido todos los permisos del Gobierno para su funcionamiento y pretende extraer 700.000 onzas de oro (19,8 toneladas) en 10 años, valoradas en unos 800 millones de dólares.
Sin embargo, la construcción de los tajos de extracción está paralizada, pues el Tribunal Contencioso Administrativo realiza en la actualidad un juicio en el que se analiza la legalidad de varios permisos otorgados.
Chinchilla, quien firmó en su primer día de Gobierno un decreto de moratoria a nuevos proyectos de minería metálica a cielo abierto, que no incluyó a Las Crucitas, ha dicho en varias ocasiones que prefiere dejar este asunto en manos de los tribunales.
El Gobierno de Nicaragua también se ha quejado oficialmente porque la mina se ubicaría a unos tres kilómetros del fronterizo río San Juan.
