Quienes se oponen a la minería a cielo abierto en Costa Rica presionan de diversas formas a su gobierno a fin de que elimine la concesión ambiental al proyecto Crucitas, el cual pretende extraer oro con uso de cianuro en Cutris de San Carlos, una zona fronteriza con Nicaragua.
Fuente: diario La Prensa
04/08/2010. En campos pagados y correos electrónicos masivos, organizaciones sociales y ambientales, centros de investigación, especialistas de las principales universidades, dirigentes de diversos partidos políticos, así como representantes de las comunidades afectadas por la actividad minera insistieron en que el Gobierno que preside Laura Chinchilla sí puede eliminar el proyecto sin que ello conlleve indemnizar a Industrias Infinito con 1,700 millones de dólares.
También el grupo ambientalista Ni Una Sola Mina convocó a opositores al proyecto a una marcha frente a Casa Presidencial para protestar contra la obra, el próximo 16 de agosto.
Nueva Caminata
El Frente Zona Norte también anunció que hará una caminata desde la mina hacia San José, un recorrido de 170 kilómetros que pretenden realizar varios ambientalistas entre el 23 y 29 de agosto.
El recorrido es a la inversa al realizado por ecologistas el pasado mes de julio, quienes partieron desde Casa Presidencial hasta las instalaciones de la mina en Cutris de San Carlos.
El grupo Ni Una Sola Mina reitera algo que no ha tenido mucho eco en Nicaragua: “Que no han sido valoradas las dimensiones de una demanda de Nicaragua contra Costa Rica, en caso de que se contamine el complejo hidrográfico Lago de Nicaragua
Río San Juan.
Variados Argumentos
Entre los comunicados de prensa y correos electrónicos masivos que ayer circularon, los opositores aseguran que la concesión otorgada por el Gobierno de Óscar Arias a la empresa Industrias Infinito mediante resolución No. 217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008, es absolutamente nula, por cuanto la moratoria minera decretada por la Administración Abel Pacheco se mantuvo vigente hasta el 4 de junio del 2008, es decir casi un mes después de haberse dado la concesión.
Este acto es considerado ilegal por los ambientalistas, por lo tanto dicen que Industrias Infinito no tiene derechos adquiridos y todas las inversiones que ha realizado en Crucitas “han sido bajo su propio riesgo porque a la fecha nunca ha existido una resolución en firme que le autorice iniciar operaciones”.
“Por lo tanto el Estado costarricense no tendría que indemnizar a la compañía minera con 1,700 millones de dólares como lo afirmara la Casa Presidencial en los medios de comunicación. En el peor de los escenarios, el monto de una eventual indemnización tendría que ser establecido por las instancias judiciales y arbitrales correspondientes. Pero nunca prefijado de manera precipitada por el Poder Ejecutivo, cuyo deber en primera instancia es proteger los intereses nacionales”, señalan.
Pendiente proceso judicial
La semana pasada la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció que su gobierno no anulará unilateralmente el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas.
Dejó en manos del Tribunal Contencioso Administrativo el futuro de este proyecto ubicado en Cutris de San Carlos, cerca del río San Juan, pues allí se ventila un proceso en contra de la mina.
El primer vicepresidente, Alfio Piva, también aseguró que por anular esta minería el Gobierno se expone a pagar una indemnización cercana a los 1,700 millones de dólares, lo cual fue criticado por ambientalistas.
“El Vicepresidente Piva ha reconocido que el proyecto minero de Crucitas conllevará serios impactos ambientales para nuestro país, y doña Laura Chinchilla ha manifestado que su gobierno no promoverá la minería metálica a cielo abierto. Por lo tanto no hay razones jurídicas, ni técnicas ni de oportunidad política para mantener el decreto que declara este proyecto de ‘interés público y conveniencia nacional’ emitido por el gobierno anterior y que sustenta la concesión otorgada”, se quejan los ambientalistas.
