El proyecto minero Las Crucitas supone para el país centroamericano un peligro ambiental, que muchos sectores sociales no están dispuestos a asumir.
Por Yeanny González Peña *
En Costa Rica, muy cerca de la frontera nicaragüense, se enfrentan hoy los intereses de una empresa minera multinacional, el gobierno y los defensores del medio ambiente.
La decisión de la Corte Constitucional (Sala IV), de avalar la explotación de yacimientos de oro a cielo abierto en esa región, despertó el rechazo de grupos ecologistas, que ven en la iniciativa más riesgos que beneficios.
Entre ellos la Unión Norte por la Vida, el Frente Norte contra la Minería de Oro a Cielo Abierto, Preserve Planet y la Federación Costarricense para la Conservación del Medio Ambiente.
La empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinitos Gold, recibió todos los permisos del Gobierno para extraer en 10 años 800 mil onzas de oro (19,8 toneladas), valoradas al precio actual en unos 800 millones de dólares.
De acuerdo con las organizaciones, la explotación de la mina, ubicada al norte de la nación centroamericana generará empleos para la exigua cifra de 250 personas en una década.
El país obtendría, además, un irrisorio 11 por ciento de las ganancias del proyecto, mientras la empresa trasnacional se llevaría el 89 por ciento de los 800 millones de dólares.
En cambio, datos oficiales indican que durante su vida útil la mina generará más de 20 millones de toneladas de material de desecho, incluidos los sulfatos, que devienen sustancias altamente tóxicas.
De igual modo, el país perderá definitivamente 264 hectáreas de bosque primario y secundario que sirven de hábitat para la gran biodiversidad que ostenta la nación.
Se contaminarían de por vida los suelos y los ríos con el cianuro utilizado para separar el oro de otros metales en grandes piscinas de lixiviación, lo cual afectará toda la reserva de la Biosfera de la zona norte y el limítrofe río San Juan, perteneciente a Nicaragua, explicaron.
La respuesta del Gobierno:
En medio de las protestas por el fallo de la Sala IV, la presidenta electa, Laura Chinchilla, prometió que durante su gobierno declarará una moratoria para impedir nuevos permisos de exploración y explotación de la minería a cielo abierto en el país.
La futura mandataria afirma que impulsará a Costa Rica como un país “verde” y promotor de energías limpias, y abogó por establecer un diálogo respetuoso sobre Crucitas con la vecina Nicaragua, cuyo río San Juan corre un grave riesgo de contaminación. Su postura se aleja de la adoptada por el presidente saliente, Oscar Arias, quien declaró de “conveniencia nacional” el proyecto y expresó su complacencia por la resolución del tribunal.
“Las sentencias se acatan y se respetan, y no se cuestionan”, dijo Arias.
Talamanca, futuro foco de conflicto
En ese contexto, el diario local La Nación, informó que la zona de Talamanca, al sur del territorio, donde se asientan las principales reservas indígenas y de biodiversidad de Costa Rica, contiene depósitos de cobre y oro cuyo valor superaría los 20 mil millones de dólares.
Las reservas de ambos minerales despertaron la codicia de varias empresas extranjeras, que hace muchos años realizan estudios y vanos intentos por impulsar proyectos de explotación en la zona.
Los indicios del “tesoro” mineral en Talamanca, zona donde algunas empresas intentaron sin éxito avanzar en proyectos de exploración y explotación, que no lograron superar el aval de la Asamblea Legislativa, están basados en varios estudios, incluido uno de la Organización de Estados Americanos y otro de Naciones Unidas.
En esa región con riqueza mineral se ubican asentamientos indígenas y áreas de parque nacional, donde están prohibidas actividades comerciales.
Aunque para algunos especialistas el hallazgo representa “la salvación del país”, grupos ecologistas continúan alertando que la minería a cielo abierto provocará graves daños al medio ambiente.
Esa práctica de explotación minera que ahora intentan realizar en Crucitas, consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, posteriormente procesado para extraer el mineral, una actividad altamente contaminante por el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otros tóxicos similares.
A ese riesgo se expone parte de la riqueza natural de esta nación centroamericana, que posee unas 160 mil especies y concentra un 4,5 por ciento de la biodiversidad de todo el planeta.
Para los analistas, que enfocan su mirada en la mina de la zona norte, Industrias Infinito debe utilizar parte de las ganancias en un sistema de gestión de residuos, que afronte con eficacia el problema de la contaminación, o detener el proyecto definitivamente.
La elección no resulta fácil para el gobierno de Costa Rica: la destrucción ambiental, la presión de grupos ecologistas y la posibilidad de un enfrentamiento diplomático con su vecino del norte por un lado, o renunciar a incrementar sus exiguas arcas.
(*) La autora es periodista de la Redacción Centroamérica de Prensa Latina.
