Managua, Nicaragua – 03/04/08. Precisamente tres días después de que los presidentes de Nicaragua y Costa Rica, Daniel Ortega y Oscar Arias, respectivamente, suscribieran una declaración conjunta producto de la VI Reunión Binacional efectuada en Granada, “por la preservación del medio ambiente y el desarrollo del turismo binacional”, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) de Costa Rica otorgó la viabilidad ambiental para la explotación minera en Las Crucitas para explotar más de un millón de onzas de oro en roca dura, con lo cual la empresa aprovechará un tajo a cielo abierto de 80 hectáreas de diámetro y 85 metros de profundidad, a tres kilómetros del río San Juan, que comparte Costa Rica y Nicaragua.
Fuente: El Nuevo Diario
La noticia ha generado sorpresa y preocupación entre los líderes de los movimientos ambientalistas de ambos países. En Nicaragua, el director de Fundación del Río, Antonio Ruiz, dijo que “vemos de buena manera los acuerdos logrados en la reciente reunión binacional; si son coherentes con la voluntad de paz y armonía deberían estar refrendados por la voluntad que tenía Costa Rica mediante el decreto de moratoria minera firmado en junio de 2002, por el doctor Abel Pacheco” (ex presidente), apuntó.
A juicio del ambientalista, el decreto ejecutivo rubricado por Pacheco había calmado cualquier angustia y preocupación de traer a una zona tan frágil, tan importante para Nicaragua y Costa rica, una actividad de alto impacto ambiental.
La declaración conjunta de la Comisión Binacional fue suscrita el pasado 14 de marzo, y el 17 la Setena otorgó a la empresa canadiense Vanessa Ventures la viabilidad ambiental para explotar más de un millón de onzas de oro en roca dura, con lo cual la empresa aprovechará un tajo a cielo abierto de 80 hectáreas de diámetro y 85 metros de profundidad, a tan sólo tres kilómetros del río San Juan, denunció el directivo de Fundación del Río.
Concesión en San Pedro del Norte
Además de anunciar los planes sostenibles de la mina Las Crucitas en su página web, la empresa Infinito, subsidiaria de Vanessa Ventures, dio a conocer el pasado 19 de marzo su intención de desarrollar un extensivo plan de perforación en el área de concesión minera Carol, localizada en San Pedro del Norte, Nicaragua.
Según John Morgan, Presidente de Vanessa Ventures Ltd., la perforación se realizará en un área de 5,356 hectáreas, y la concesión fue adquirida con un 50% de los derechos, con el pago de tres millones de dólares. La aprobación está registrada ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) de Nicaragua, bajo el nombre de Minesa S.A., que junto a Vanessa Ventures es subsidiaria de la empresa Industrias Infinito S.A.
De acuerdo con Morgan, las condiciones geológicas halladas en la concesión de San Pedro del Norte son similares a las encontradas en Las Crucitas.
Vanessa Ventures Limited es una empresa minera canadiense con sede en Vancouver, con amplia experiencia en la exploración y extracción de oro y diamantes en América Latina. Actualmente es propietaria de diez proyectos en países como Venezuela, Brasil, Guyana y Costa Rica.
Para Antonio Ruiz, la viabilidad ambiental otorgada por Setena en Las Crucitas ya no se corresponde con la solicitud inicial, que era de remoción de suelo, “ahora estamos hablando de roca dura, de saprolitas”. La roca ácida que no contiene oro será depositada en 135 hectáreas que tiene el área de colas, quedando convertida en otro inmenso lago con 45 metros de profundidad, y al producirse un deslizamiento o rebalse, el drenaje ácido contaminaría las aguas del San Juan.
Frente binacional contra minería
“Nosotros hemos mantenido una lucha constante contra la minería con Unión Norte por la Vida, el Frente Norte de Oposición a la Minería de Oro a Cielo Abierto, el Centro Humboldt y la Red Centroamericana de Oposición a la Minería a Cielo Abierto, para que no destroce el ecosistema ya afectado que tiene el río San Juan; y desde los gobiernos neoliberales que han pasado, nosotros hemos alzado la voz y evidenciado nuestra preocupación para que las autoridades nicaragüenses se pronuncien en oposición a cualquier proyecto de minería”, afirmó Ruiz.
Para el director de Fundación del Río, los gobiernos de ambos países deberían desarrollar una política que distensione y no agregue nuevos elementos de contaminación a la cuenca del río San Juan. “Ambos países tienen esa responsabilidad, y nosotros, los nicaragüenses, de luchar por un ambiente sano, y lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
Freddy Vargas, del Frente Norte de Oposición a la Minería a Cielo Abierto, de Costa Rica, alertó a las organizaciones sociales por haber otorgado el Setena la viabilidad ambiental en un plazo inusual, a pesar de que existen recursos de apelación pendientes de resoluciones por parte del despacho del ministro.
Vargas dijo que a pesar de que la empresa está batallando a lo interno del Registro Minero del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), para que aprueben la concesión sobre la base de un instituto del derecho administrativo que se llama saneamiento del acto administrativo, la Sala Constitucional anuló la concesión para explotar oro.
Siete años batallando por el tajo
La concesión minera fue otorgada a la empresa Industrias Infinito S.A., filial de la transnacional canadiense Vanessa Ventures Limited, por el ex presidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez, y por la ex titular del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) Elizabeth Odio, el 17 de diciembre de 2001.
El permiso extendido por un período de diez años, a partir del 16 de enero de 2002, consiste en la explotación de minerales (oro, plata, cobre y minerales asociados) en Las Crucitas de Cutris, en San Carlos, Costa Rica.
En noviembre de 2004, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, anuló el permiso de explotación luego de un recurso de amparo introducido por el profesor Carlos Murillo.
En abril de 2005, la empresa solicitó a esa Sala que reconsiderara dicha sentencia, pero ésta ratificó la anulación del permiso de explotación del yacimiento.
En la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, dictada el seis de diciembre de 2006, se declara no ha lugar la gestión de adición y aclaración formulada a la empresa Infinito S.A., y en una de sus partes señala: “Resulta completamente contraria a los principios que informan el derecho ambiental, en particular, al in dubio pro natura y al principio precautorio, así como al interés público ambiental, la interpretación del gestionante de que está excluida la obligación del estudio de impacto ambiental, previo al otorgamiento de la concesión de explotación minera”.
