Unos 12 diputados de diferentes bancadas persiguen que el presidente Arias derogue el decreto en que declara de interés público y de conveniencia nacional el proyecto Crucitas. Advierten que con el proyecto minero a escasos 3 kilómetros del Río San Juan, Costa Rica estaría violando el derecho ambiental internacional. Y, por supuesto, la minería a cielo abierto en Las Crucitas constituye una amenaza para la vida de los habitantes de las comunidades fronterizas y también para el ecosistema en la cuenca.
Fuente: El Nuevo Diario
09/09/09. Una resolución legislativa sobre las concesiones mineras en la cuenca del Río San Juan y el proyecto minero a cielo abierto Las Crucitas, que ocasionaría efectos catastróficos que en el ecosistema, biodiversidad y torrente acuático, pretenden un grupo de diputados que sea aprobado por los legisladores nicaragüenses en la Asamblea Nacional.
La iniciativa promovida por movimientos ambientalistas, entre ellos Fundación del Río, del departamento riosanjuaneño, fue introducida ante la Comisión Ambiental de la Asamblea Nacional, y según Antonio Ruiz, director de esa Fundación, ha obtenido el aval de los diputados de la comisión, por lo que esperan sea sometida a plenario y aprobada antes de finalizar este mes.
La resolución persigue exhortar al Gobierno de Nicaragua a revisar las políticas de promoción y otorgamiento de concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, adecuando la legislación vigente en esta materia para evitar la instalación y operación de empresas que puedan contaminar el ambiente y causar daños irreversibles en estos ecosistemas. Asimismo solicitar al Ejecutivo la cancelación inmediata de los trámites de solicitudes de permisos ambientales y concesiones mineras en la cuenca del Río San Juan.
Valorando las posibilidades de una moratoria indefinida para la minería química a cielo abierto. Derogar decreto costarricense Además de solicitar a los homólogos costarricenses, a través de las instancias correspondientes, la revisión y derogación del Decreto en el que se declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Las Crucitas, en virtud que contraviene la legislación ambiental nacional e internacional.
También se proponen garantizar la implementación del marco legal e institucional que proveen las leyes 620 y 628, que permitirá la promulgación y aplicación de políticas públicas para el aprovechamiento racional y protección de los grandes lagos y el Río San Juan.
La resolución plantea solicitar a otras instancias regionales, como la Asociación Mundial del Agua (GWP), Comisión Interparlamentaria Centroamericana del Ambiente y Desarrollo (Cicad), la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el Parlamento Centroamericano (Parlacén) incluir el tema de la minería a cielo abierto en sus agendas de trabajo, con el objetivo de incidir en los gobiernos, en los políticos y demás instancias regionales vinculadas al tema ambiental y a continuar con los procesos de educación y capacitación ambiental de la población.
En su séptima resolución buscan impulsar desde la Asamblea Nacional, la elaboración y aprobación de un instrumento legal que de manera particular defina y regule la participación y el desarrollo integral de la Cuenca 69, de los Grandes Lagos y el Río San Juan, cuyo comportamiento hídrico es transfronterizo.
En sus considerandos se señala que la protección y conservación de un medioambiente sano ha sido la base fundamental para que los gobiernos del área centroamericana hayan suscrito importantes convenios regionales en maestría de biodiversidad, bosques, áreas protegidas, tránsito de sustancias peligrosas, entre otros que tienen vigencia y asegurar la convivencia y el espíritu de integración regional.
Que Nicaragua y Costa Rica comparten la Cuenca del Río San Juan, conocida como Cuenca 69, la que ha sido definida en sus usos y soberanía por la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, el 13 de julio de 2009, lo que obliga al Estado a legislar y trasladar recursos hacia la zona, con el fin de impulsar y desarrollar de manera integral proyectos sostenibles amigables con el ambiente. Indican que dentro de la lógica de expansión de la actividad minera, el Gobierno de Costa Rica, mediante concesión minera de oro a cielo abierto, del 17 de diciembre del 2001, autorizó el proyecto minero Crucitas, en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua escasos 3 kilómetros del Río San Juan, la que amenaza con la contaminación ambiental en la zona causando impactos irreversibles, además de violar el derecho ambiental internacional.
En la exposición de motivos, los diputados de la comisión ambiental sostienen que el departamento de Río San Juan es una de las zonas en donde la actividad minera ha pretendido desarrollarse y de acuerdo con el mapa sobre derechos mineros de abril de 2009 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), existe un área solicitada de 386, 570 hectáreas en la zona de Morrito, El Almendro, San Miguelito, San Carlos, río Sábalos, El Castillo y San Juan de Nicaragua, las que de llegar a concretarse pondrían en riesgo el ecosistema de la cuenca del Río San Juan.
Impactos negativos
En su fundamentación, los diputados consideran que el proyecto Las Crucitas en el Río San Juan ocasionará impactos negativos a su rica biodiversidad de bosque lluvioso, al igual que los sitios históricos en las comunidades aledañas y la riqueza cultural de sus comunidades indígenas.
Siendo comprensibles los esfuerzos de las diferentes organizaciones de la sociedad civil de ambos países, cundo temen que la calidad de vida de 321 comunidades aledañas al San Juan podría ser impactada económicamente por la reducción y destrucción del potencial pesquero y la alteración paisajística, cuando la pesca y el turismo son las dos fuentes primordiales de ingreso de los habitantes “Las Crucitas tiene especial importancia por su ubicación geográfica ya que se encuentra en el marco del corredor interfronterizo y el corredor biológico San Juan-La Selva”, precisan los legisladores.
Entre los diputados que presentarán la iniciativa figuran: Odell Incer Barquero, Mónica Baltodano, Carlos Fernando Olivas, Carlos García, Filiberto Rodríguez, Juan González, Ramiro Silva, Francisco Jarquín, Indalecio Rodríguez, entre otros. Por la protección ambiental y el desarrollo de la comunidad.
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