Para ratificar lo que he venido expresando en torno a la política minera del gobierno Santos, traigo a colación dos hechos importantes de los últimos días; uno; el foro minero de la semana pasada realizado en Armenia por convocatoria de la Defensoría del Pueblo y, dos; el proyecto de ley reglamentario anunciado por el gobierno.

 

En el caso del foro; los asistentes en gran número, a cuales más, expresando su descontento y preocupación que en el Quindío se desarrollen la exploración y explotación del subsuelo para la extracción de minerales. Muchas fueron las denuncias que se hicieron, pero simplemente destaco tres, que son bien demostrativas de lo que sería ver caminar la locomotora de la minería Santos.

Una primera, la que hizo un experto, indicando que para la extracción de un solo gramo de oro se requiere la desintegración de una tonelada de piedra. Una segunda, que manifiesta cómo la explotación minera contradice todo el planeamiento para la conservación y fortalecimiento del paisaje natural quindiano. Y una tercera, alertando que la instalación de las mineras trae consigo los ejércitos ilegales «protectores» de los grandes mineros.

Nada más diciente del tremendo y tenebroso impacto de la política minera. Habría que destruir todo el departamento del Quindío para satisfacer mínimamente la voracidad de una sola multinacional. Todos los proyectos de turismo, de producción agropecuaria, de conservación geográfica y ambiental se irían al suelo y sin esperanzas de la conservación y el fortalecimiento del paisaje quindiano. La violencia entre guerrilla, bacrim, «protectores» y delincuencia común se ensañaría contra nuestras gentes y lugareños como las principales víctimas de la «legalidad» de la minería.

En el caso del proyecto reglamentario del tema minero; el proyecto del gobierno tiene como eje principal potenciar los requisitos para la obtención de los títulos y licencias, que a su vez tiene como fundamento exigir mayor capacidad económica de las empresas, lo que favorece a las grandes multinacionales, pero con muy bajo perfil en la defensa del medio ambiente, del paisaje, del agua, de la producción agropecuaria, de la vida de la gente y del desarrollo sostenible de los pueblos.

Unas concisas conclusiones de la locomotora de la minería se resumen en que a cambio de unos nuevos ingresos para aliviar el déficit fiscal, se están dando graves casos de corrupción con funcionarios del antiguo gobierno y que ahora están empotrados en las grandes multinacionales mineras, se están expidiendo títulos y licencias a manos rotas, se están destruyendo parques nacionales, pequeñas economías mineras artesanales y producciones locales tradicionales, se está volviendo nuestro territorio un gran cráter y, en general; arrasando con el bienestar de los pueblos que se están quedando sin agua y sin vida.