No hay vuelta de hoja, el país será primordialmente minero, coinciden expertos en economía y ambiente. El problema es que en Colombia el marco regulatorio es débil para minimizar los impactos ambientales. Por ejemplo, la ley da cabida a la exploración incluso en áreas de reserva natural.
Por Carlos Andrey Patiño Guzmán, Unimedios
02/11/2010. En Vaupés (departamento de la Amazonia colombiana), durante años la población estuvo en la encrucijada de apostar por la minería intensiva o convertir una gran parte del territorio en el Parque Nacional Yaigojé Apaporis. Ganó la segunda opción, por lo menos en el papel.
Mateo Estrada, líder del Consejo Regional Indígena de Vaupés, es consciente de que vive en una zona de inmenso potencial minero, pero asimismo en una tierra rica en biodiversidad. Allí las comunidades tienen opiniones divididas sobre el camino que se eligió.
Con la decisión que tomó el Ministerio de Ambiente en octubre del 2009 se cerró la posibilidad de hacer minería a gran escala en Vaupés. Sin embargo, advierte José Javier Toro Calderón, investigador del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, el Decreto 2820, con el que se modificó la Ley 99 de Licencias Ambientales, dejó la puerta abierta a la minería en todas las reservas naturales del país.
“Teníamos la esperanza de que, con la modificación de dicha norma en agosto pasado, se prohibiera contundentemente ese tipo de proyectos en parques nacionales y en páramos, pero no fue así. En Costa Rica y Estados Unidos, entre otros países, la legislación es clara al rechazar actividades de explotación en los territorios protegidos”, señala el profesor Toro.
La ley dice: “Se otorgará o negará de forma privativa la entrega de licencias ambientales para diversos proyectos”. En ninguna parte excluye, explícitamente, las reservas naturales. En opinión de Nohra León, directora del IDEA y quien sigue de cerca el caso de la minería en páramos, “es un peligro latente para muchos ecosistemas del país”.
Camino sin retorno
Si bien en Vaupés se cerró el camino a la minería masiva, la tentación es grande. Esto se debe a que el actual modelo de desarrollo económico del país no deja otra alternativa, asegura Jairo Sánchez, experto en economía ambiental de la UN.
“Colombia dependerá de esta actividad en los próximos años porque, ni a mediano ni a corto plazo, se ve el desarrollo de una mejor capacidad industrial o el fortalecimiento serio de la agricultura. Además, está en entredicho el supuesto boom petrolero. Como no hay ningún otro sector importante que genere ingresos, este será la única opción”, explica Sánchez.
De hecho, en los últimos 15 años Colombia reafirmó su perfil de exportador minero y de hidrocarburos. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), hacia 1995 el sector representaba apenas el 24,71% de las exportaciones, mientras en el 2009 aumentó al 41,96%.
En lo estrictamente minero, hacia el 2002 el sector constituía solo el 12,72% del total de las exportaciones (US$ 11.975 millones), mientras que para el 2009 significó el 24,82% (US$ 31.853 millones).
El Gobierno estima que al final de esta década se doblará la producción de carbón, pasando de 72 millones de toneladas al año a 145 millones. El oro, de 40 toneladas anuales, pasará a 80. Según el profesor Sánchez, “esto representará muchas más regalías, pero asimismo, más dolores de cabeza”.
“Al país le tocó meterse en el tren de la minería intensiva a pesar de ser agresiva con el medio-ambiente (reduce las reservas de agua natural, contamina los ríos y afecta la biodiversidad) y desencadenar problemas sociales (llegada de grupos armados ilegales, desplazamiento forzado, abandono de la agricultura, etc.). La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que no existen instrumentos mínimos para disminuir los efectos negativos, y esto se debe a que el sistema regulatorio es demasiado débil”, afirma.
Solicitudes al por mayor
La fragilidad del Estado para proteger humedades, parques naturales nacionales y regionales, reservas forestales y páramos se evidencia con la información recopilada por el Ministerio de Ambiente, la Oficina de Parques Naturales y el Instituto Alexander von Humboldt.
En la actualidad, en los Parques Nacionales Naturales (PNN) hay 44 títulos legales para ejercer minería, que utilizan 45.175 hectáreas de tierra. De los cerca de 10 millones 400 mil hectáreas protegidas, el 0,4% están afectadas. Ese porcentaje podría crecer al 3,3% si se tiene en cuenta que cursan 490 solicitudes para hacer minería, que perjudicarían 348 mil hectáreas.
La situación se agudiza al analizar otras cifras: en las zonas de reserva forestal protegidas (ZRFP) –que corresponde a unas 469 mil hectáreas creadas para cuidar las cuencas de los ríos y la diversidad de fauna y flora– hay otorgados 57 títulos mineros que intervienen 22.103 hectáreas, es decir, el 4,7% del territorio.
En esas ZRFP hay 327 solicitudes para minería que pretenden utilizar 264.140 hectáreas, esto es, el 56,4% de la tierra protegida. Para completar, en los páramos, que surten de agua a millones de personas en el país y son uno de los ecosistemas más vulnerables y de difícil restauración, hay otorgados 391 títulos mineros, que afectan 108.972 hectáreas.
Como si fuera poco, para hacer minería en estos santuarios están en curso 1.181 solicitudes que pretenden utilizar unas 555 mil hectáreas, o sea el 46,8% de los páramos del país que no están protegidos por Parques Nacionales, pero que son ecosistemas estratégicos, o sea que no deberían ser intervenidos de ninguna forma.
El mismo tipo de conflicto entre minería y ambiente se evidencia en cifras que muestran cómo la actividad de explotación quiere ganar terreno también en las reservas forestales nacionales y en los humedales protegidos.
Ganancia y pérdida
La profesora Nohra León dice que hay casos críticos, como el del páramo de Guerrero, donde la extracción de carbón y materiales para construcción está destruyendo una de las principales reservas hídricas del norte de la Sabana de Bogotá.
“Una economía extractiva sacrifica espacios para la producción agropecuaria, afecta la seguridad y soberanía alimentaria, el patrimonio natural y no deja más que pasivos ambientales. Más grave aún es que ni siquiera se piensa en generar valor agregado a partir de la minería. Sin duda el sector dejará ingresos muy altos para el país, pero ¿qué tanto se verán reflejados en una mejor calidad de vida para la población?”, cuestiona la investigadora del IDEA.
El hecho de que en Colombia se haya eliminado la licencia para la exploración minera, se carezca de metodologías confiables de verificación y valoración de los impactos ambientales, no estén reglamentadas las tasas de seguro ecológico (no se cobran desde 1994 y se refieren más a daños a terceros que al daño ecológico en sí) es, en opinión del profesor José Javier Toro, lo que no permite asumir con tranquilidad el futuro minero que se avecina.
