Medellín, Colombia – 12/11/06. En el marco del desarrollo del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión sobre “Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, 2006-2008”, se realizó en la ciudad de Medellín el pasado 10 y 11 de noviembre, la Segunda Audiencia de este Tribunal, en la cual se deliberó sobre la participación de las empresas transnacionales dedicadas a la extracción de minerales, en la violación de los Derechos Humanos (DDHH) en el vecino país del sur.
Por Pastor E. Durán E.
Fuente: www.ecoportal.net
Es importante señalar como antecedente, que la primera audiencia de este tribunal se llevó a cabo los días 1 y 2 de abril de 2006, en la ciudad de Bogotá, en donde se enjuició a empresas transnacionales vinculadas al sistema agroalimentario, acusadas de cometer violaciones a los DDHH. Tal fue el caso de la Nestlé, la Coca-Cola y Chiquita Brands, quedando demostrado en aquella ocasión la vinculación de estas empresas a un sinnúmero de violaciones de estos derechos que van desde la persecución a la organización sindical, hasta el asesinato de militantes y dirigentes sindicales.
Esta segunda audiencia, que estuvo basada en el tema de la minería, contó con los destacados juristas Franco Ippolito (actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Italia) y Miren Etxezarreta (catedrática de la Universidad de Barcelona) como jueces. Actuaron además, como cojueces: Abadio Green (ex presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC) y Francisco Lafont (profesor de las Universidades Libres y de Externado de Colombia).
Las empresas denunciadas fueron: CEMEX, Ladrillera Santa Fe, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Aglo American, BHP Billington, Anglo Gol Frontino Gold Mines. Las denuncias contra estas transnacionales estuvieron fundamentadas entre otros hechos, por el sometimiento en que mantienen al Estado, quien les garantiza sus intereses privados, el asesinato de dirigentes sindicales, la política de exterminio contra todo vestigio de organización sindical, la promoción del paramilitarismo, el financiamiento de la Fuerza Pública y paramilitares convirtiéndolos en su cuerpo privado de protección, el desplazamiento forzado y acaparamiento de tierras, afectando a miles de pobladores campesinos e indígenas, forzados estos últimos a abandonar sus territorios ancestrales; los efectos devastadores en el medio ambiente y la salud, la complicidad y connivencia con las IFIs, (BM-FMI), la explotación irracional de los recursos naturales contando para esto con la complicidad del Estado, el incremento de las desigualdades, pobreza y marginación de la población.
Todas estas acusaciones fueron sustentadas con hechos irrefutables y desgarradores que no hicieron más que corroborar la acción genocida de las empresas transnacionales y la actitud complaciente y cómplice del Estado colombiano, quien so pretexto de una política de apertura económica y un concepto fundamentalista de la seguridad, no ha hecho otra cosa que permitir el atropello a sus connacionales y el saqueo de sus riquezas naturales.
Una vez finalizada la fase plenaria de la sesión, el jurado de esta audiencia consideró necesario: a) recomendar al Tribunal que es plenamente justificado verificar la responsabilidad de las transnacionales acusadas y del Estado colombiano como responsables de crímenes de lesa humanidad y, b) examinar la complicidad en esos mismos crímenes, de los Estados a los cuales pertenecen las casas matrices de dichas empresas.
Concluimos estas líneas haciendo un llamado de reflexión a nuestros coterráneos en el sentido que nos veamos reflejados en la difícil realidad que padecen nuestros hermanos colombianos, dada la acción irracional y genocida tanto de las empresas transnacionales, llámense mineras, agroalimentarias o de servicios, como del Estado y sus instituciones en esta situación, al permitir que estas industrias de muerte prosperen en nuestros países. Panamá no es la excepción, la actividad minera ya ha comenzado.
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