El Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción popular interpuesta por el concejal de Bucaramanga Pedro Nilson Amaya, que invocando el principio de precaución busca suspender la evaluación del proyecto de explotación minera Soto Norte de la empresa árabe Minesa y la no aprobación de la licencia ambiental que tramita la compañía.
Fuente: Portafolio
La acción popular, interpuesta en contra de la compañía minera y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el 7 de diciembre de 2017 y aceptada el 23 de enero de 2018 por el Tribunal, fue elaborada durante dos meses por un equipo de 15 personas.
El concejal Amaya explicó que, basado en derecho y estudios técnicos, decidió interponer esta acción popular para proteger el agua que es de interés general para todos los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.
“Estamos interesados en la protección el agua del páramo de Santurbán. Sustentamos que el agua es el derecho a la vida y nos hemos ganado ese derecho por estar ubicados en este sector y porque el 90 por ciento del agua del acueducto viene del páramo”, indicó el concejal.
Uno de los principales sustentos que presentó Amaya en la acción popular es que la empresa Minesa, que pretende explotar en cercanías al páramo durante 23 años para extraer más de 9 millones de onzas de oro, rellenará los túneles con una pasta que se conformará entre tierra y cemento y eso, según el funcionario, causaría un daño ambiental.
“Se busca que no se dé el licenciamiento para la explotación, porque los túneles serán rellenados con una pasta de cemento y queremos mostrar que no hay estudios científicos que digan con certeza que la materia prima con la que se llenarán no dejarán un pasivo ambiental”, sostuvo Amaya.
Tras la admisión de la acción popular, viene la notificación a las partes, se dará un aviso a la ciudadanía por si hay alguien interesado en participar, luego se fijará una fecha para un alegato entre las partes y luego viene la audiencia.
“Desde el 2009 hemos venido trabajando en la defensa del páramo, cuando llevamos argumentos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar la explotación de Greystar. Nuestro interés es la protección del agua”, finalizó el Concejal.
Entre tanto, la Anla y Minesa aún no se pronuncian frente a la acción popular admitida en el Tribunal de Santander.
Para Erwing Rodríguez-Salah, del Comité Conciencia Ciudadana, esta es una buena noticia en la defensa del páramo, por cuanto es una acción que se suma al mandato de la Corte Constitucional que tumbó la delimitación de este ecosistema de alta montaña que había sido fijada en el 2014 y dio un año para establecer una nueva línea.
Recientemente el Ministerio de Ambiente informó que el proceso para fijar las nuevas coordenadas se encuentra en marcha, y advirtió que estas deben quedar demarcadas antes del 16 de noviembre, pues para esa fecha el páramo quedaría desprotegido y en un limbo jurídico, esto en vista que para esa fecha se cumple el año que otorgó el alto tribunal.
