Una recopilación del Ministerio de Minas y Energía indica que a diciembre 15 se habían tramitado 70 consultas populares, de las cuales 9 fueron votadas por los ciudadanos y 7, suspendidas, por lo cual finalmente no se llevaron a cabo. Sin embargo, hay 54 propuestas que aún no se han decidido en las urnas, lo que equivale al 77 por ciento. De las 54 consultas pendientes, solo 9 son de iniciativa popular; 5 son de los alcaldes; 3, de concejales y 4, de un solo ciudadano. Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por políticos, ambientalistas y abogados, que se organizan en movimientos.
La financiación ha sido uno de los escollos, pues en octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil le respondió al municipio de Granada, Meta, que no serán apoyadas más con recursos del Gobierno y, para llevarse a cabo, tendrán que hacerse con dinero del municipio o el departamento que decida ejecutarlas.
El caso más sonado de estas consultas lo ganaron el pasado 26 de marzo, entre otros, los ambientalistas y políticos de Cajamarca, Tolima, en el que se impuso el no a la explotación de oro, con 6.165 votos ciudadanos frente a 76.
Por ello, casi un mes después, la multinacional Anglogold Ashanti suspendió un proyecto en el municipio y unos 400 trabajadores perdieron su empleo.
Dos victorias del no en Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, también les cerraron las puertas a los proyectos mineros y las regalías en sus municipios.
De las 54 consultas pendientes, solo 9 son de iniciativa popular; 5 son de los alcaldes; 3, de concejales y 4, de un solo ciudadano. Las restantes 33 las promueven colectivos encabezados, entre otros, por políticos, ambientalistas y abogados, que se organizan en movimientos.
En Tauramena y Cumaral se han votado consultas populares en contra de la industria petrolera, pero la primera está demandada por Ecopetrol ante las instancias administrativas seccionales y de no prosperar recurriría al Consejo de Estado.
Igualmente, en Yopal, Aguazul y Monterrey, también en el departamento de Casanare, se están cocinando consultas populares para plantarse frente a la explotación en las jurisdicciones, según indicaron fuentes del sector a EL TIEMPO.
Entre tanto, según añade el documento de Minminas, en 18 municipios, entre los que se cuentan La Concordia (Antioquia), Paipa (Boyacá), Vista Hermosa (Meta), San Vicente de Chucurí (Santander) y Líbano (Tolima), ya tienen la pregunta, pero aún no han fijado la fecha de la consulta. En total, según agrega el documento de Minminas, 20 concejos se han opuesto a proyectos de minería, energía e hidrocarburos en sus municipios. No obstante, 11 de ellos están pendientes de la solicitud de objeción, que debe estudiar el gobernador, y 9 fueron anulados después de ser aprobados. Mientras que los acuerdos anulados se hallan en Caicedo, Cañasgordas, Jardín, Jericó y Urrao, en el departamento de Antioquia. Igual pasó en Ibagué (1) y en Íquira, Oporapa y El Pital, en Huila.
