La decisión judicial favorece a los pobladores de la cuenca del río Yurumanguí y se convierte en la segunda sentencia de restitución étnica que repara a comunidades afrodescendientes del país. El Tribunal de Cali dictó medidas que blindan su territorio de la exploración y explotación minera.
Fuente: Verdad Abierta
Para el consejo comunitario del río Yurumanguí es urgente que la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social implementen pronto los proyectos productivos que requiere la comunidad. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Hace apenas unos días el consejo comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí recibió la noticia que esperaba hace tres años: el Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cali dictó una sentencia que les restituye los derechos territoriales sobre 54.776 hectáreas y, de paso, rechaza las pretensiones de la empresa Pacific Mines S.A.S., que alegaba títulos de propiedad sobre el territorio ancestral. (Lea la sentencia)
La decisión de los magistrados es la segunda que favorece a una comunidad negra y la octava étnica del país. Además de dictar medidas de reparación para una población de 2.918 personas en el azotado municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, el fallo también resuelve un pleito sobre decisiones tomadas por el antiguo Incora y que llevaron a Pacific Mines S.A.S. y a la familia Dussan a oponerse durante el juicio de restitución. Aunque ambos expusieron sus argumentos, los magistrados concluyeron que todas las pruebas favorecen al consejo comunitario. (Lea: Yurumanguí, el reto de volver a casa)
La sentencia se convierte en un espaldarazado a una comunidad que, en solitario, ha luchado porque su territorio esté libre de cultivo de hoja de coca para uso ilícito y prácticas de minería ilegal. Cansados de tocar a las puertas de diversas entidades estatales para buscar ayuda y de recibir el recurrente “no”, el año pasado sus líderes experimentaron con el crowdfunding, un sistema de recolección de dinero través de Internet. A principios de abril de 2017 lograron donaciones por 3 millones de pesos, de los 20 que se pusieron de meta, para desarrollar un proyecto productivo de arroz. Con la decisión de los magistrados, diversas agencias del Estado deben actuar con la debida diligencia. (Lea: En Yurumanguí buscan apoyo para sobrevivir sin coca y minería ilegal)
De entrada, el fallo ordena anular las escrituras que la familia Dussan y la compañía minera hicieron sobre el territorio étnico. El Ministerio del Interior deberá aplicar la consulta previa para que la Unidad Nacional de Víctimas concerte con la comunidad un Plan Integral de Reparación Colectiva. El Ministerio de Vivienda deberá darles prioridad en el acceso a sus programas de subsidio, y la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca tendrán que implementar un plan de retorno para los yurumangueños que continúan en condiciones de desplazamiento.
Entre las 23 órdenes, el Tribunal compulsa copias a la Fiscalía para que investigue los hechos y responsables de la violencia perpetrada contra el consejo comunitario, y pide a la Unidad Nacional de Protección [UNP] estudiar el riesgo y brindar las medidas de seguridad que requieran los miembros de la Junta del consejo comunitario y de la Asociación de la Asociación Pueblos Unidos por el Río Yurumanguí (Aponury).
La comunidad de Yurumanguí logró con la sentencia blindar su territorio de posibles concesiones mineras. Los magistrados ordenaron anular las escrituras realizadas por la familia Dussan y la minera Pacific Mines S.A.S., que reclamaban propiedad sobre el título colectivo. Foto suministrada Unidad de Restitución del Valle del Cauca.Por su parte, la Unidad de Restitución, la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento para la Prosperidad Social tienen tres meses para implementar los proyectos productivos; y el Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ofrecerles capacitación en producción agropecuaria.
Sobre la actividad minera, los magistrados solicitaron formalizar sólo la tradicional ancestral, reiterando que cualquier solicitud de concesión minera deberá surtir el trámite de consulta previa. Por su parte, las autoridades deberán impedir el ingreso de cualquier tipo de maquinaria o dragas que afecte el territorio.
“Esta es una satisfacción muy grande después de tantos años de afectaciones. La sentencia es un ‘muro de contención’ a la minería mecanizada; nosotros hemos decidido que nuestro territorio es para la producción de alimentos y el progreso del yurumangueño. Por eso esperamos que el gobierno nacional cumpla con las órdenes de la sentencia, porque hemos resistido muchos años al conflicto y porque el desplazamiento no sólo lo producen los actores armados sino la falta de oportunidades”, afirma Dalia Mina, líder del consejo comunitario.
La sentencia de Yurumanguí es relevante porque es el resultado de un proceso complejo de documentar este tipo de reclamaciones étnicas, dada la extensión de los territorios, la presencia de actores armados ilegales en varias regiones y los intereses económicos que se superponen en ellos. La tarea está bajo la responsabilidad de la Unidad de Restitución de Tierras [URT]. Paradójicamente, el anuncio del fallo hecho ayer por esta entidad no detalló el fondo de la decisión de los magistrados frente a las concesiones mineras. (Lea la nota de prensa acá)
A enero de 2018, la URT registra el logro de 3.664 sentencias de restitución con 234.206 hectáreas protegidas (ver datos); de ellas, la restitución étnica a través de siete sentencias ha protegido el 53 por ciento de todas las tierras restituidas en el país. Con Yurumanguí, esta última cifra asciende a por lo menos el 77 por ciento.
Tres décadas de resistencia
Los yurumangueños han sobrevivido a un conflicto armado de treinta años. El río Yurumanguí, en Buenaventura, atrajo desde finales de los años ochenta a la guerrilla de las Farc y luego a paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). El interés de unos y otros era controlar las rutas del narcotráfico que conducen al océano Pacífico para su posterior comercialización en el centro y norte del continente.
Como quedó documentado en la sentencia, el primer desplazamiento masivo tuvo origen tras la masacre del Naya, perpetrada por paramilitares del Bloque Calima en la Semana Santa de 2001. Varios desmovilizados confesaron ante jueces y fiscales de los tribunales de Justicia y Paz que para para salir del boscoso territorio cometieron una segunda masacre, haciéndose pasar por guerrilleros de las Farc. La idea, según contaron los procesados, fue de un coronel de la Armada Nacional. (Lea: La masacre con la que los ‘paras’ escaparon de El Naya)
En menos de tres años, veredas como El Firme quedaron vacías. Su líder, Jorge Isaac Aramburo, conocido como Naka Mandinga, intentó dialogar entonces con los actores armados para que respetaran el territorio, pero tal defensa se tradujo en más amenazas y en el asesinato de seis de sus sobrinos y de un amigo. La comunidad, devastada, se resistió a abandonar el río y tras la desmovilización de las Auc, pensaron que los problemas habían terminado.
Desde 2004, la comunidad del Río Yurumanguí firmó un mandato sobre al defensa de tu territorio, señalando que estará libre de la minería ilegal, de cultivos ilícitos, así como de proyectos agroindustriales o minero-energéticos. Foto suministrada María José La Rota.Pero no fue así. Cuando solicitaron la restitución de su territorio en aplicación del Decreto Ley 4635 de 2001, que permite la restitución para comunidades negras, supieron que Yurumanguí estaba “empapelado”: sobre el territorio que cubre su título colectivo se habían celebrado escrituras a favor de la empresa Pacific Mines S.AS. y que esta a su vez, había solicitado desde el año 2013 dos permisos de concesión minera ante la Agencia Nacional de Minería.
Los yurumangueños no entendían nada. Desde 1992, en medio del conflicto, se habían organizado como comunidad étnico-territorial en la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí (Aponury) y en 1998 lograron que la Alcaldía de Buenaventura reconociera las 13 veredas que componen su territorio. Dos años después, el 23 de mayo de 2000, el antiguo Incora les entregó un título colectivo por 54.776 hectáreas.
Pero la propiedad sobre ese título colectivo fue el punto de discusión en el juicio de restitución. En 1969 el antiguo Incora realizó un proceso de extinción de dominio, por inexplotación económica sobre los predios Yurumanguí, Naja y Calambre, y San Juan de Micay, que suman más de 120 mil hectáreas. De esas tierras, es que salieron las 54 mil hectáreas que integran el título del consejo comunitario.
Durante el juicio, la familia Dussan presentó su oposición, señalando ser “víctima del Estado”: primero porque no fueron notificados del proceso de extinción sobre tierras que heredaron desde el año 1745; y segundo, porque la violencia impidió que Agrominas de Yurumanguí, Naya y Cajamabre S.AS., la empresa familiar, realizara actividades de minería en la zona. A la oposición se sumó Pacific Mines S.A.S. que alegó ante los magistrados haber comprado a los Dussan en 2011 porque estos acreditaron títulos de propiedad.
“Para nosotros fue una sorpresa saber que había solicitudes de concesiones mineras sobre nuestro territorio. Estamos contentos de que la sentencia nos haya respaldado en la defensa del Yurumanguí, sobre todo después de resistir a tantos años de conflicto. Lo mínimo era que el Estado nos apoyara”, reitera la líder Dalia Mina.
A su voz se suma la de otra líder, María Elena Arroyo Caicedo, quien explica que ahora tienen expectativa en el cumplimiento de cada una de las órdenes de los magistrados: “Estas medidas son una forma de reparar los atropellos que sufrimos durante tantos años. Es importante que el Estado cumpla con los derechos de vivienda digna y empleo. Porque el yurumangueño quiere cultivar alimentos, tener garantías para progresar en su territorio”.
