El gobierno de Santos no supo asimilar el golpe de la votación en Cajamarca y quiere reversar la decisión que tomó el pueblo. El temor del comité ambiental de la región es evidente y advierten que la lucha para que se respete su decisión, manifestada democráticamente, se mantendrá firme. Cajamarca, un pueblo colombiano de 20.000 habitantes y considerado la “despensa agrícola” nacional, solo hasta que sus pobladores se levantaron contra la explotación minera, el país volteó a mirar hacia ese territorio.

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Fuentes: El País y Alvaro Julian Diaz Charry publicado en Las 2 Orillas

Es la primera vez que Cajamarca, un pueblo colombiano de 20.000 habitantes, ocupa tantos titulares de prensa. A pesar de ser considerada la “despensa agrícola” nacional, solo hasta que sus habitantes se levantaron contra la explotación minera, el país volteó a mirar hacia ese territorio. El triunfo del ‘no’ (6.165 votos contra 76) en una consulta popular, en rechazo hacia un gigantesco y ambicioso proyecto para extraer 28 millones de onzas de oro, lo convirtió en un ejemplo. Por la vía participativa lograron lo que parecía imposible: hacer temblar varios trabajos que en ese sentido se desarrollan a lo largo y ancho del territorio colombiano. El resultado de la consulta afectaría, por ahora, los planes de la compañía sudafricana AngloGold Ashanti, dueña del proyecto La Colosa, uno de los más grandes yacimientos auríferos.

Por su parte, gobierno nacional ya empezó a condicionar y relativizar la determinación popular. El ministro de minas Germán Arce, con el débil argumento de que esto abrirá la puerta a la minería ilegal que terminaría apoderándose de los territorios que no sean intervenidos responsablemente por compañías extranjeras. Igualmente se arguye de manera falaz, que los resultados de la consulta no se pueden aplicar de manera retroactiva a títulos mineros que están ya aprobados. Cuando la realidad es que mientras se está en fase de exploración estos pueden ser revocados a discreción del gobierno, más aún si los resultados de la consulta se toman como un mandato legal.

Frente a la contraofesinva del secotr minero y del gobierno, para que la victoria de pobaladores, que contaron con el apoyo de académicos, juristas y estudiantes, pase de las urnas a la realidad, se necesita compromiso del Estado, asegura Helena Durán, investigadora del centro de estudios jurídicos y sociales DeJusticia. El temor del comité ambiental de la región es evidente y sus voceros advierten que la lucha para que se respete su decisión, manifestada democráticamente, se mantendrá firme.

PREGUNTA: ¿Qué alcance tiene la victoria de quienes se oponen a la explotación minera en Cajamarca?

RESPUESTA: Este es un hito para la política minera y la democracia de todo el país. El solo hecho de que haya sido posible hacer la consulta es importante porque finalmente se le da voz a la comunidad que recibe el impacto de ese tipo de proyectos. Este es un ejemplo porque se hizo de forma legítima. Debe ser un gran paso.

P. Según los resultados de la consulta ¿qué se supone que debe pasar ahora?

R. El Concejo municipal debe expedir un acuerdo en el que se diga que se prohíbe la minería y más adelante esto debe ser incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Lo ideal sería que renunciaran a los títulos mineros y que, en caso de que no lo hagan y soliciten la licencia, se le negara.

P. El gobierno y la compañía alegan que la decisión no es retroactiva y ellos llevan años haciendo las exploraciones…

R. Ellos (la compañía) no tienen un derecho adquirido porque siguen estando sujetos a la licencia ambiental. Hasta ahora lo que existe es una expectativa de explotación. El gobierno ha insinuado que se deben respetar los procesos que están en curso, pero para ello se basa en una sentencia del Consejo de Estado que es de primera instancia y que es resultado de una tutela; es decir, que se refiere a un caso particular (que no es este).

P. ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado?

R. Respetar la decisión y no desconocer que es vinculante, que pare de otorgar títulos mineros y en los que ya se concedieron que revisen y se analice cuál es su situación jurídica a futuro. Deben negar las licencias conforme a la obligatoriedad de la decisión de la consulta popular y además porque esto muestra que no hay licencia social, que ya se manifestó con un no.

P. Los promotores de la consulta dicen que seguirán luchando hasta que se respete su decisión, ¿qué caminos tienen para lograrlo?

R. Existen varias sentencias de la Corte Constitucional (máximo tribunal) que dicen que la protección del medio ambiente debe estar por encima de cualquier expectativa que se tenga sobre explotación minera. Hay muchos caminos legales que podrían aplicarse para que se cumpla, dependerá de cómo actúa el gobierno.

P. El gobierno dice que la consulta no tiene la capacidad de cambiar la ley…

R. Y se trata de lo contrario, de respetar lo que dice la ley. Desde la Constitución de 1991 el propietario del subsuelo es el Estado, la Nación, el gobierno, las autoridades municipales, los municipios. También existe una ley de 1994 que dice que cuando haya proyectos mineros se deberá realizar una consulta.

P. ¿Qué podría pasar con otros proyectos mineros que se adelantan en el país?

R. Este precedente indica que se están haciendo las cosas de forma incorrecta. No se trata de estar en contra de la minería, pero sí se aboga por una en la que participe la comunidad. Desde antes de que se llegue a explorar se debería preguntar cuál es su opinión. Eso daría más seguridad jurídica a las empresas, al Estado. La participación de la comunidad es necesaria.

La vergonzosa actitud del gobierno de Santos

El gobierno de Santos no supo asimilar el golpe de la votación en Cajamarca y quiere reversar a la brava la decisión que tomó el pueblo

El pasado fin de semana se dio en el municipio de Cajamarca Tolima la votación de la consulta popular minera en donde la población que acudió a las urnas decidió con una apabullante mayoría del 97% no permitir la explotación de oro en su territorio por parte de la multinacional Anglogold Ashanti.

El hecho de que la población, por su propia iniciativa, sin necesidad de la intervención de colectivos ambientalistas o de otros órdenes. Se allá dado la pela de lanzarse en la defensa del territorio y de su derecho a un ambiente sano para ellos y sus hijos, constituye una acción de carácter histórico, digno de respeto y admiración. Toda vez que la explotación de oro es de las que más perjudica el medio ambiente y la salud humana, debido no solo a las grandes excavaciones que exterminan la biomasa, sino a las ingentes cantidades de químicos tóxicos como cianuro y mercurio que son vertidos en las fuentes de agua y son (por más que se hable de minería responsable) totalmente incompatibles con la vida.

Es por estas razones que ha sido totalmente vergonzosa e indignante (aunque no inesperada) la actitud de los actores de poder en el país después de conocerse los resultados de la consulta. Comenzando por los medios de comunicación privados. Donde la noticia ha sido la incertidumbre jurídica que de ahora en adelante tendrán que afrontar las nobles empresas que vienen a invertir en Colombia y sus recursos no renovables.

Los grandes medios en Colombia, dedican amplios espacios a las declaraciones del gerente de comunicaciones de la Anglogold, hablando de los perjuicios que traerá a la inversión extranjera, el hecho de que sea la gente la que toma este tipo de decisiones. Porque eso de la democracia es mejor que se quede en la gente eligiendo candidatos cuyas campañas son financiadas por empresas como esta, en lugar de los peligros que se ciernen sobre los negocios, cuando el pueblo la ejerce directamente. Así palabras más palabras menos, los medos Invisibilizaron de un plumazo las voces de las personas que valientemente se levantaron contra esta multinacional.

Por otra parte, el ministro de minas Germán Arce en representación del gobierno no se ha quedado atrás, fungiendo de abogado de empresas como la Anglogold con el débil argumento de que esto abrirá la puerta a la minería ilegal que terminaría apoderándose de los territorios que no sean intervenidos responsablemente por compañías extranjeras. Ante este argumento lo que tendríamos que decirle al ministro es, que lo que debe hacer en este caso es su trabajo, coordinando con las diferentes autoridades y ejerciendo controles para que esto no ocurra.

Igualmente se arguye de manera falaz, que los resultados de la consulta no se pueden aplicar de manera retroactiva a títulos mineros que están ya aprobados. Cuando la realidad es que mientras se está en fase de exploración estos pueden ser revocados a discreción del gobierno, más aún si los resultados de la consulta se toman como un mandato legal.

Todas las argumentaciones de estos actores, Gobierno, medios, Mega-mineras, giran en torno a la idea de lo nefasto que sería para el país que estas empresas no nos complazcan viniendo a dejarnos sus riquezas para el desarrollo y bien del país. Cuando la realidad es que no vienen a dejar riquezas, vienen a llevárselas. Y lo que dejan en impuestos y regalías no compensa los daños ambientales y sociales que causan. Y a aquellos que por sus intereses directos en el tema les parece terrible el antecedente que sienta hoy el pueblo de Cajamarca, habría que preguntarles ¿qué pensarían de tener un boquete infecto de cianuro y mercurio en su patio trasero? Por lo que, si la voluntad popular en este caso es ignorada, no solo Cajamarca sino todo el pueblo colombiano debería hacerse sentir.

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