La Corte Constitucional prohibió la minería en los páramos, ecosistemas que aportan el 70% del agua para el consumo humano en Colombia. El Banco Mundial sale del proyecto de Eco Oro ante sus impactos sociales y ambientales.
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Fuente: Colombia Plural y Semana Sostenible
En septiembre pasado se generó una gran controversia al conocerse que la Corporación Financiera Internacional, brazo del Banco Mundial que financia al sector privado, invirtió en la empresa Eco Oro sin tener en cuenta los estándares exigidos por esta organización multilateral. Esta situación causó mayor revuelo si se tiene en cuenta que esta empresa era la principal partidaria de la explotación de oro en el páramo de Santurbán. (Vea: Los reparos del Banco Mundial al proyecto minero en Santurbán)
Sin embargo, este martes trascendió que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) decidió vender su participación accionaria, que correspondía a un 10% de la empresa de origen canadiense.
Ante esta decisión el Comité de Defensa del Agua y Páramo de Santurbán se pronunció. Esta entidad, en conjunto con otras asociaciones, interpuso en el 2012 una queja ante el Banco Mundial que finalmente desembocó en la decisión tomada este martes. “Aplaudimos esta decisión del Banco, que le da la razón al Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán sobre la inviabilidad de la minería en el páramo”, declaró Alix Mancilla, representante del Comité. Y es que la inversión del Banco Mundial en el proyecto ascendió a 9,6 millones de dólares por lo que el anunció es considerado por los ambientalistas como una victoria para la protección de los páramos a nivel mundial.
Por su parte, Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) señaló que “el retiro de la inversión por parte de IFC es un duro golpe político y financiero para la minería en el páramo de Santurbán” y añadió que el gobierno colombiano debe reflexionar sobre su actitud permisiva hacia la minería a gran escala en páramos.
La decisión de IFC esta cimentada en la publicación de un informe de la Oficina del Asesora en Cumplimiento del Banco Mundial (CAO, por sus siglas en inglés), que concluyó que la inversión en el proyecto no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contrariando las políticas internas de la institución financiera.
IFC contactó a Semana Sostenible y señaló que la decisión de vender su participación en Eco Oro únicamente estuvo relacionada con el hecho de que la empresa suspendió definitivamente el proyecto. “IFC evalúa constantemente su cartera de inversiones en función de su mandato pro desarrollo y en consideración de las condiciones del mercado. Dada la decisión de Eco Oro de suspender definitivamente el proyecto Angostura, el 25 de noviembre IFC terminó su inversión en la Compañía”. De esta forma se clarifica que la decisión de la entidad tiene más motivaciones económicas que ambientales, esto a pesar de que organizaciones como AIDA tomaron el anuncio como una victoria para el medioambiente.
A pesar de que la licencia ambiental para la mina Angostura, ubicada en pleno páramo de Santurbán, fue negada por la Anla en 2011, la empresa Eco Oro, inició hace poco una demanda de arbitraje contra el gobierno de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial.
Ante esta situación Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), asegura que “el interés de Eco Oro Minerals en Colombia ya no es la mina, sino extorsionar a un Estado soberano por millones de dólares y presionar para debilitar las protecciones para el agua colombiana”.
Si bien la polémica en torno al tema está lejos de terminar, este anuncio, si bien tiene una clara motivación económica, es considerado por los ambientalistas como un espaldarazo a la protección de los páramos, entre ellos el páramo de Santurbán un ecosistema que abastece de agua a millones de personas en nuestro país.
