Luego de cinco meses de haber sido autorizado por el Concejo de Ibagué la realización de la consulta popular minera, el Tribunal Administrativo del Tolima le habría dado el jueves el visto bueno de legalidad a la pregunta, para que así los ibaguereños acudan a las urnas y puedan sentar una posición. La pregunta que los ibaguereños deberán responder es: ¿Está de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística en el municipio?
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Fuente: El Colombiano
A tres años de haberse desarrollado la consulta popular minera en Piedras (el 28 de julio de 2013), fuentes extraoficiales afirmaron que el Tribunal dio vía libre a la realización de la Consulta durante sala plena, donde cuatro magistrados votaron a favor: Nelly Acosta, Carlos Mendieta, Leonel Buitrago y Belisario Beltrán; por su parte José Alet Ruiz y Patricia Valencia habrían hecho salvamento de voto al estar en desacuerdo.
La Administración municipal está a la espera de ser notificada de manera formal, para iniciar el trámite ante la Registraduría General de la Nación y convocar al proceso democrático.
Se ha conocido que para la validez de la consulta, se requieren más de 120 mil ibaguereños en las urnas, y la respuesta que tenga mínimo la mitad más uno, será la posición oficial del municipio.
Los 10 de los 19 concejales que aprobaron la Consulta Popular celebraron la noticia, considerándola como un hecho histórico para Colombia, por el impacto en la jurisprudencia y la política nacional, ya que Ibagué sería la primera capital de departamento que llevaría a cabo una Consulta de estas características, por lo tanto varios aseguraron que van a acompañar la campaña pedagógica por el no, teniendo en cuenta los altos índices de abstencionismo de la ciudad.
El presidente del cabildo Camilo Delgado argumentó: “recibimos con beneplácito la noticia. Un veedor nacional vino y dijo que estábamos prevaricando y teníamos un concierto para delinquir por promover una consulta popular, y vemos que la Ley nos ha amparado ante la decisión de la Corte Constitucional y ahora el Tribunal.
Esperamos continuar sin tropiezos ni intimidaciones que seguramente vendrán de la Procuraduría, pero estamos con la tranquilidad de haber actuado constitucionalmente”.
Ante posibles impedimentos para invitar a votar dijo: “La Corte Constitucional se pronunció sobre la posibilidad de que los servidores públicos participen y promuevan el plebiscito por la paz; y aquí también estamos hablando de un interés colectivo, de garantías en los mecanismos de participación ciudadana y la protección del ambiente, por lo tanto no creo que exista impedimentos ni jurídicos, ni morales para que las entidades públicas inicien el proceso de promoción a la participación ciudadana”.
El director de Cortolima Jorge Enrique Cardoso explicó: “Nuestra actividad misional es entregar la información básica de los principales ecosistemas y estructuras ecológicas del municipio, para que la comunidad pueda valorar y tomar una decisión por el sí o por el no; por eso Cortolima prestará todo el apoyo para informar adecuadamente y en forma veraz”.
Por su parte, el representante del comité proconsulta, Alejandro García, expresó: “vamos a ir puerta a puerta por los barrios, veredas, instituciones educativas y empresas, informándole a toda la gente por qué estamos en este proceso, también que se debe votar a conciencia con los argumentos técnicos y científicos, para lo cual haremos pedagogía para que así no se dejen engañar por la gran minería contaminante”.
