La semana pasada la Corte Constitucional finalmente resolvió un complejo caso que llevaba 4 años en su despacho. Su fallo es un duro golpe para la empresa minera Cosigo Frontier Mining Corporation que intentaba tumbar el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, el segundo mayor del país, para explotar un título minero dentro de una de las regiones más importantes de la Amazonía.
Fuente: La Silla Vacía
El futuro de este parque nacional estaba en entredicho desde que -como contó La Silla- una de las dos asociaciones indígenas que viven dentro del parque en la esquina sur del Vaupés demandara su creación con el argumento de que ellos no habían sido consultados por el Gobierno.
El caso era tan complejo que hace un año y medio la Corte Constitucional hizo una audiencia pública en plena selva amazónica, en el que -para sorpresa de los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio- el líder de la comunidad indígena que había interpuesto la demanda hizo una confesión que ninguno anticipaba.
Benigno Perilla, el líder de la Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava) que se había declarado en disidencia de la organización que lideró la creación del parque nacional (el primero creado a iniciativa de las comunidades locales en el país), admitió públicamente que su estrategia legal había sido organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources.
Ahora, el fallo tumba la denuncia y deja claro que hubo una “injerencia indebida” por parte de Cosigo y termina dejando en firme el parque nacional. De hecho, le pide al Gobierno que “evalúe la actuación de la empresa Cosigo Frontier Mining Corporation dentro del proceso de consulta previa revisado en esta sentencia y, de encontrarlo pertinente, inicien las acciones legales correspondientes”.
El problema es que Ingeominas le otorgó un título minero de 2 mil hectáreas en medio del parque a Andrés Rendle (presidente para América Latina de Cosigo) tan sólo dos días después de que el Yaigojé-Apaporis fuera creado. Ese era uno de los 38 concedidos dentro de parques nacionales durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando la institucionalidad minera poco consultaba a la ambiental antes de tomar decisiones.
La Constitución le prohíbe a Cosigo explotar este título mientras el área permanezca protegida, por lo que el temor en el sector ambiental era que se pudiera caer el parque nacional y que el título (que la Agencia Nacional de Minería demandó) se volviera válido legalmente. Incluso, suponiendo que el parque se caía y volvía a crear, el título de Cosigo ya lo precedería en el tiempo. Por eso el caso era visto como la prueba ácida de la política minera en la Amazonía.
Y aunque el rumbo de la audiencia en febrero de 2014 hacía presagiar que el caso sería contrario a los intereses de la minera, la demora de año y medio para que saliera la sentencia -que curiosamente salió con fecha del 2014- tenía angustiados a muchos en el sector ambiental.
