Cansada de las críticas sobre su gestión, la contralora Sandra Morelli decidió poner en el ojo del huracán a siete megaproyectos que se están realizando en estos momentos. El Emisario Submarino de Cartagena, el traslado del Río Ranchería, la zona minera del Cesar, la restricción de minería en páramos, la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, el saneamiento del Río Bogotá y la licencia ambiental de Cerro Matoso, se encuentran en observación por la Contraloría.
Fuente: La República
Problemas ambientales detectados en las auditorías, informes técnicos, seguimientos especiales, indagaciones preliminares, controles de advertencia y procesos de responsabilidad fiscal, ponen en duda el desarrollo de estas obras. Los impactos que tienen estas obras contribuyen con el detrimento de las aguas, del aire, entre otros más. “La Contraloría General de la República (CGR) hace el análisis responsable, objetivo sobre la realidad de la problemática en el país, por eso hacemos esta advertencia”, dijo el vicecontralor, Carlos Felipe Córdoba.
Lo cierto es que cada uno de estos proyectos no pueden ser sancionados o multados por la CGR. Pero las copias de cada uno de estos informes fueron enviadas a la autoridad ambiental para que tome cartas sobre el asunto. El Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales evalúan los problemas.
“Nosotros no podemos tomar alguna determinación, pero dentro de nuestra función ya pusimos en conocimiento de las autoridades esta problemática para que determinen y sancionen a los que fallen”, afirmó Córdoba.
Por ahora la CGR se encuentra realizando más investigaciones. “Hay otros casos con problemas ambientales en el Túnel de La Línea, en la explotación de oro, en contaminación de ríos por derrames de petróleo, por tala de árboles”, puntualizó la contralora.
Vertimientos ilegales en el Emisario Submarino de Cartagena
El desarrollo del proyecto del Emisario Submarino de Cartagena se vienen desarrollando, desde septiembre del año pasado, visitas para analizar la problemática que presenta esta obra. La CGR ha realizado dos visitas técnicas, en las que ha evaluado y verificado los contratos operacionales y de construcción sobre la firma constructora. Se detectaron sobrecostos adicionales en las obras ya que se tuvieron que construir 1.400 metros de tubería más. También se han presentado vertimientos de agua al mar que no están contemplados en la ley.
Inconveniencia social y ambiental al trasladar el Río Ranchería
La empresa minera Cerrejón lidera el proyecto que pretende trasladar 26 kilómetros y la parte de dos afluentes del Río Ranchería, con el fin de poder extraer más de 80 millones de toneladas de carbón de la zona. Las preocupaciones de la CGR sobre esta obra es que se ha presentado una falta de transparencia sobre los estudios técnicos y ambientales presentados. También se advierte sobre la inconveniencia de correr los ríos en zonas semidesérticas, como La Guajira, sobre las grandes cantidades de residuos mineros y sobre la afectación a la salud pública.
El Quimbo tendría efectos por más de $350.000 millones
La CGR anunció que luego de seis meses de indagación preliminar se detectó que habría un daño ambiental en el departamento del Huila, donde se adelanta el proyecto, que costaría más de 350.000 millones. Emgesa, que realiza las obras, ha sido indagada por la CGR por posibles costos en la afectación a la movilidad, así como también por la pérdida de la productividad de la tierra, por los vertimientos de material al río Magdalena, por incumplimientos en la realización de revegetalización y por retrasos en la restitución de empleos asociados a las zonas productivas.
Saneamiento del Río Bogotá
La CGR también advirtió sobre posibles irregularidades en el proyecto de saneamiento del Río Bogotá ya que habría dudas en las fuentes de financiamiento de la iniciativa, debido a que estas no cuentan con soportes financieros, presupuestales, técnicos y legales suficientes. La contralora, Sandra Morelli, también informó que habría una afectación a los recursos públicos por la afectación, operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo de Canoas por US$81,1 millones, sumado a los $32.799 millones de la construcción y a los $122.785 millones por la operación de estas durante 25 años.
Adicional a esa problemática, el órgano de control considera que los estudios contratados por la Eaab no cuentan con un análisis completo de la problemática del desarrollo del proyecto.
Cerro matoso deberá solicitar nueva licencia ambiental
Cerro Matoso, que explota la mina de níquel más grande del país, se encuentra operando con un permiso ambiental otorgado por la CAR de Córdoba. Según la Contraloría, ese contrato no se ajusta a las necesidades ambientales del país, por tal motivo es necesario que la compañía solicite una nueva licencia que le permita operar normalmente. Dentro de los problemas que detectó la CGR está la contaminación del aire, la incertidumbre por lo que pasará con el lugar cuando se acabe la explotación minera y problemas en las corrientes de agua.
Zona minera del Cesar afecta el ecosistema
El departamento del Cesar es uno de los principales productores de carbón en el país y el desarrollo de la industria minera a su alrededor ha sufrido fuertes críticas en los últimos años. Basada en esa premisa, la CGR considera que hay incertidumbre sobre los efectos que tiene la minería a cielo abierto en las aguas subterráneas, también dice que se presenta una contaminación de aguas superficiales, que hay daño en el aire y que esta problemática contribuye a aumentar los indicadores de cambio climático.
Con estos problemas, Morelli envió cartas al Ministerio de Ambiente y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, quienes son la autoridad en el tema, para que, basados en estos estudios, tomen una determinación y se preocupen por los impactos negativos que se están produciendo en el medio ambiente.
Restricción al desarrollo minero en páramos
El Páramo de Santurbán es una de las áreas protegidas por la autoridad ambiental para que en la zona no se puedan realizar operaciones mineras sin control La CGR ha advertido que la empresa Leyhat, que tiene un contrato de explotación en el lugar estaría operando en el área protegida. “Teniendo en cuenta la necesidad de proteger de manera especial las zonas geográficas que requieren atención por parte de los entes gubernamentales, se hace indispensable que la autoridad ambiental haga cumplir las normas nacionales”.
Las opiniones
Sandra Morelli Rico
Contralora General de la República
“Hay otros casos con problemas ambientales en el Túnel de La Línea, en la explotación de oro, en contaminación de ríos por derrames de petróleo, por tala de árboles, entre otros”.
Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Vicecontralor General de la República
“Queremos expresar es que la Contraloría General de la República no actúa con ligereza. Todos los funcionarios deben tener una experticia para llegar a estas conclusiones”.
