Fallo le da la razón a comunidades que tutelaron contra la multinacional Gran Colombia Gold. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba.
Foto: Jonh Jairo Bonilla
Fuente: El Tiempo
La segunda revisión de un fallo de tutela de 2015 le dio la razón este martes a las comunidades afrocolombianas e indígenas de Marmato, Caldas, que pidieron ser tenidos en cuenta frente a la decisión del Gobierno Nacional de entregar la parte alta del cerro El Burro a la explotación aurífera de Gran Colombia Gold.
Aunque la minera puede seguir en la parte baja de la montaña, la decisión judicial deja sin piso la orden de desalojar 68 minas artesanales y tradicionales que están arriba y que son explotadas por esas etnias.
“Eso es lo que se esperaba hace mucho rato y lo que ha debido hacer el Gobierno Nacional, primero la consulta previa”, dijo el alcalde Julio Vargas Chica, luego de enterarse de la noticia. El mandatario local se ha resistido a llevar a cabo órdenes de desalojo contra por lo menos 13 minas y es considerado opositor de la multinacional.
Para el expersonero marmateño Wilson Castro, quien acompañó la acción por la que se inició el proceso, son esta decisión “se hace justicia con los mineros tradicionales y artesanales”.
La acción de tutela para pedir la consulta previa con las comunidades afros e indígenas de instauró porque una resolución ordenaba que el cerro completo fuera explotado por la compañía Gran Colombia. El argumento en contra fue que un decreto de 1954, todavía vigente, le asignaba ese derecho sobre la parte alta de El Burro a las comunidades.
Los magistrados Jorge Pretelt y Luis Ernesto Silva acogieron esos argumentos y, tras una primera sentencia favorable que se anuló en 2015 por fallas de procedimiento, la sala séptima volvió a decidir que los reclamantes tienen razón.
Aunque en ese primer fallo se le daba al Estado un plazo de tres meses para la consulta y para hacer las acciones pertinentes que permitan mejorar las condiciones laborales y ambientales de la actividad de los mineros tradicionales, Castro aseguró que esos términos podrían cambiar en el nuevo documento, aunque el sentido sea el mismo.
Por esta razón, las partes quedan a la espera de la notificación oficial, que debe darse en días próximos.
Justamente fue Gran Colombia Gold la empresa que demandó al Estado por 700 millones de dólares, alegando la supuesta invasión de sus títulos mineros en este municipio caldense, conocido como el Pesebre de Oro, y Segovia, en Antioquia, además de las pérdidas sufridas por cuenta de atentados terroristas del Eln.
