La fundación France Libertés, de origen galo, dio a conocer el caso de la comunidad ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto al atropello de las garantías que ha sufrido su población luego de la instalación del relave de la minera propiedad del Grupo Luksic, entre los que se cuenta la pérdida del 80 por ciento de las aguas que abastecían a Caimanes.

Fuente: Radio Universidad de Chile
Uno de los expositores chilenos del caso ante la ONU, Patricio Bustamante, investigador en arqueoastronomía, indicó que en la presentación se hizo énfasis en una serie de derechos que estarían siendo vulnerados con este proyecto, como «la contaminación, porque el derecho a al agua es un derecho fundamental y también la situación de los abogados y dirigentes de Caimanes, que están querellados por la minera por asociación ílicita».

En relación a este juicio France Libertes, indicó que la asociación ilícita no procede «cuando una comunidad aplastada por el poder de una empresa inicia acciones legales para defender su más sagrado derecho, el derecho a la vida».

«A través de la criminalización de los defensores del pueblo de Caimanes, la minera está buscando asegurar su impunidad, pero, además está asegurándose que nunca más un abogado se atreva a defender a un pueblo frente al abuso inhumano de una gran empresa», agregó la organización francesa.

De acuerdo a Bustamante, en la ocasión también se subrayó la influencia que ejerce el Grupo Luksic, uno de los conglomerados económicos más poderosos de Chile, sobre la legítima defensa que ha hecho Caimanes de su comunidad: «Es incuestionable que la familia Luksic es incontrarrestable en el país, es lo que único que explica que hayan pasado tantos ‘errores’ en el proyecto. En los documentos que hemos visto se evidencia una violación sistemática de las normativas ambientales y leyes nacionales. Entonces, cuando la ministra de Medio Ambiente alega porque no se están respetando las leyes, aquí no se respetaron y las instituciones encargadas tampoco hicieron que así fuera», sostuvo.

«El resultado de todo esto, es que las comunidades están siendo abandonadas por el Estado frente a poderes económicos enormes», denunció el investigador del caso.

De esta manera, se solicitó a los relatores de la ONU que «dirijan su atención sobre las violaciones y tratados suscritos por Chile efectuadas en el curso del proceso». Mientras, a nuestro país se le llamó a respetar los derechos humanos de la comunidad, la protección del medio ambiente y la independencia del sistema judicial, entre otras cosas.

Aunque los antecedentes que llegaron hasta la ONU también se entregaron nuevamente en Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado para que sean investigados, según María Vilches de Caimanes, la situación concita más interés fuera del país que, por ejemplo, en el mismo Gobierno, quienes no se han pronunciado por el tema más allá de las autoridades regionales. «Somos un pueblo tan pequeño, tan escondido entre los cerros, pero igual somos personas, igual somos chilenos y necesitamos que alguien se haga responsable por lo que está ocurriendo», declaró.

Ver el texto de la  presentación del caso Caimanes ante el Consejo de DD.HH de la ONU