En Chile no hay transparencia sobre la relación entre la empresa que quiere hacer un proyecto de inversión, y la consultora que le hace el Estudio de Impacto Ambiental, que es requisito para concretar un proyecto.
Fuente: Radio Universidad de Chile
La historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que parte en 1.997, abunda en casos de proyectos con información ambiental “errónea, inexistente o derechamente falsa”. Este diagnóstico fue hecho el año 2007 por la entonces Comisión Nacional del Medio Ambiente. Pero después de eso, el tema desapareció de escena.
La información de línea de base (que consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto, en forma previa a su ejecución) es indispensable para dimensionar el impacto real de un proyecto, porque de ahí surgen medidas adecuadas de mitigación, compensación o reparación. De lo contrario el Gobierno y las comunidades opinan y deciden sobre la base de una ficción. Y en ninguna otra área del Estado la calidad de la información es tan importante, porque la institucionalidad ambiental es la única que incluye participación ciudadana. O sea, la gente tiene que hacer observaciones. ¿Y cómo hacerlo sin información de buena calidad?
Son incontables los proyectos que logran aprobación ambiental, y después se comprueba que la línea de base, presentada como “información técnica o científica”, ha sido incluso adulterada. Pero el permiso ya está entregado, así que nada que hacer. A lo sumo parchar. Y se sabe que el Estado no tiene la mejor capacidad para fiscalizar más de 1500 proyectos anuales.
En la práctica, la empresa titular contrata a la consultora para que haga un Estudio de Impacto Ambiental que simplemente consiga el permiso. La calidad del proyecto o la sustantabilidad no son prioridad. Entonces, por así decirlo, la consultora tiene que “portarse bien”. De lo contrario no la vuelven a contratar. He ahí el círculo vicioso.
Hay ejemplos emblemáticos:
-En 2006, la Contraloría detectó que Minera Los Pelambres (del grupo Luksic) y Gestión Ambiental Consultores cortaron las conclusiones de un catastro arqueológico, para lograr la aprobación del tranque de relaves el Mauro, en Los Vilos (Región de Coquimbo). Así se removieron centenares de sitios arqueológicos de origen diaguita, incaico y molles, de al menos 6 mil años de antigüedad. La Sociedad Chilena de Arqueología identificó esto como “la mayor intervención patrimonial en la historia actual de Chile”.
-En 2005, la empresa Celco (del grupo Angelini) construyó en Valdivia una planta de celulosa que produce 100 mil toneladas más que lo aprobado; instaló un ducto y pozos para extracción de agua no declarados en el Estudio de Impacto Ambiental; y -ante la Corte Suprema- presentó un informe de la propia empresa como si fuera de la Universidad de Concepción.
Aquí hablamos sólo de casos conocidos a nivel nacional y sancionados por instituciones del Estado, pero en realidad son innumerables.
La literatura especializada en medioambiente entrega múltiples alternativas para corregir esta falta de transparencia. Por ejemplo, que no sea el titular del proyecto el que escoja a la consultora ambiental que le hará el Estudio, sino que exista un mecanismo público, con control ciudadano. O que las consultoras ambientales tengan que certificarse y sobre todo ser evaluadas por la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.
Hay muchas soluciones posibles. Pero lo primero es reconocer que existe el problema.
