A la hora de las restricciones y de los llamados a racionalizar el consumo de agua, el foco, como siempre, está puesto en la agricultura, usuario que ocupa el 85% del escaso recurso. Pero hay una industria que si bien usa menos agua, la consume vorazmente allí donde es escasa. Se trata de una industria a la que nadie apunta y que guarda silencio, amparada por su indesmentible contribución a las arcas del país: la minería.
Fuente: El Dínamo
08/02/2012. Bombardeo de nubes, inyección de acuíferos y sondas submarinas que transportan agua de sur a norte. Estas son algunas de las medidas que el gobierno ha propuesto como plan de contingencia para enfrentar el actual escenario de sequía que enfrenta Chile.
A la hora de las restricciones y de los llamados a racionalizar el consumo, el foco, como siempre, está puesto en la agricultura, usuario que ocupa el 85% del escaso recurso. Pero hay una industria que si bien usa menos agua, la consume vorazmente allí donde es escasa. Se trata de una industria a la que nadie apunta y que guarda silencio, amparada por su indesmentible contribución a las arcas del país: la minería.
“Se asume tácitamente que la minería se sobrepone a todo por ser una actividad estratégica para el país. Esa idea está resguardada desde la constitución hacia abajo. Los proyectos mineros no se tocan”, observa Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.
Algunas cifras oficiales aclaran el punto. En julio del año pasado la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), a través de su Dirección de Estudios y Políticas Públicas, actualizó la cartera de proyectos mineros de aquí al 2020 y llegó a un auspicioso resultado: en la presente década las empresas mineras invertirán US$ 67 mil millones, de los cuales US$ 44 mil millones se gastarán en el período 2011-2015. Un record histórico para el país.
De acuerdo con el mismo informe, el resultado tangible de estas inversiones se reflejará en algunos años, cuando en Chile se produzcan 7,75 millones de toneladas anuales de cobre fino, 110 toneladas de oro, 60 mil de molibdeno fino y 15 millones de toneladas de hierro. A esta cruzada se están incorporando nuevos actores. Entre ellos, la japonesa Pan Pacific Copper, la australiana PanAust, y las canadienses Quadra FNX Mining, Far West Mining y Goldcorp.
Todas esas inversiones y niveles de poducción serán posibles con agua, mucha agua (según calculos de la misma industria, por una tonelada procesada de cobre, se requiere entre 0,5 y un metro cúbico del elemento). “Y no hay ninguna política hídrica que acompañe esta explosión de proyectos”, advierte la diputada PS Adriana Muñoz.
El agua asegura la sustentabilidad de la industria minera en el largo plazo. Las expansiones de los proyectos y el alargamiento útil de sus yacimientos, junto con el desarrollo de otros nuevos, depende de que esté asegurado su abastecimiento. ¿Cómo lo harán? Nadie lo sabe con certeza.
Hasta ahora, la mayoría de las operaciones mineras sigue utilizando agua dulce extraída de napas subterráneas o acuíferos finitos y vulnerables.
Se cuentan con una mano las empresas que están apostando por incorporar a sus procesos productivos la desalación de agua de mar y hay un caso aislado, en la mediana minería, de una empresa (Pucobre) que pretende sustentar parte importante de su proceso productivo con agua salada bombeada desde Puerto Oscuro, en la Cuarta Región. Tampoco está estudiado el alcance de estos nuevos procedimientos.
El agua dulce sigue siendo la mejor y más concreta opción para las compañías mineras. El Código de Aguas chileno es reconocido como uno de los más liberales del mundo y se sabe que los derechos concedidos superan la capacidad hídrica existente. “El Código de Aguas define el recurso como “bien nacional de uso público” y “bien económico” al mismo tiempo, y autoriza la privatización del agua a través de la concesión de derechos gratuitos y perpetuos”, dice María José Riquelme, experta en desarrollo sustentable, y representante en Chile de Niagara Conservation, proveedor de servicios para la conservación del agua y la energía.
La agonía de la cuenca del Choapa
La semana pasada, sin ir más lejos, Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, solicitó a la Dirección General de Aguas permiso para perforar 7 nuevos pozos (ya tiene 10) en el el río Cuncumel, afluente del Choapa, en la Cuarta Región, una de las zonas más afectadas por el actual escenario de sequía.
Esa cuenca fue declarada “área de restricción” en julio de 2009 por la DGA, lo que significa en términos simples que está agotada. Sin embargo, una nueva resolución de ese servicio, de agosto de 2011, establece que en un “área de restricción”, la DGA está facultada para otorgar derechos de aprovechamiento de aguas, en calidad de provisionales, los que podrán transformarse en definitivos después de 5 años.
Si la reciente solicitud de Los Pelambres se enmarca en esa resolución, no fue posible confirmarlo en la DGA, repartición que se limitó a indicar a este medio dónde ubicar las resoluciones mencionadas en su sitio web, sin aportar ninguna explicación adicional.
Pero la sospecha de que Los Pelambres se pueda estar amparando en esa resolución para extraer el agua adicional que necesita para sustentar su crecimiento, alertó a dirigentes de la zona y a la diputada Adriana Muñoz, quien el 31 de enero envió un oficio a la dirección para que aclare el panorama. “No se conoce ningún estudio de esa hoya hidrográfica, que establezca que la cuenca está recuperada”, dice Antonio Cofré, vocero de la Organización Medioambiental de Salamanca.
“La actividad minera no puede mantener la supremasía que tiene. Una mirada estratégica significa ponerle límites. De otra manera estas actvidades productivas terminan transformándose en poderes fácticos”, dice Lucio Cuenca.
Para nadie es un misterio que la industria minera es una de las responsables de la sobre explotación del agua en el país. Lo confirman el nuevo aspecto que lucen los glaciares y los valles transversales en el norte chico, y la desaparción de salares en el norte grande.
Una lista no menor de compañías mineras ha sido investigada por las autoridades medioambientales por los efectos ecológicos que han causado sus procesos de extracción de agua. Pero en general esas investigaciones quedan sepultadas en un archivo de resoluciones incomprensibles para cualquier mortal o son inhibidas por los reclamos del Consejo Minero y la Sonami a las autoridades de turno. La advertencia del gremio es conocida: los cambios en las reglas del juego frenan el desarrollo de nuevos negocios.
“En Chile reina la política del crecimiento y el enriquecimiento inmediato para unos pocos. La mirada del desarrollo, de un país que crece a ritmos y maneras sostenibles y equitativas no existe. Además, todos sabemos que las evaluaciones de impacto social y ambiental y los compromisos que adquieren las empresas no se cumplen en la realidad, lo cual juega en contra de la credibilidad de las instituciones. Las empresas no cumplen y el sistema no regula”, dice María José Riquelme. “La actividad minera aporta alrededor del 18% del PIB y un tercio de la recaudación tributaria. Y eso lo convierte en un sector muy poderoso”, sentencia.
Mientras tanto, siguen ocurriendo situaciones curiosas. Como la polémica venta, por parte de la empresa sanitaria Aguas Antofagasta, del grupo Luksic, de 550 litros de agua por segundo, provenientes del río Loa, a la minera Doña Inés de Collahuasi, con el fin de que esta última sustente sus operaciones al interior del oasis de Pica, en la región de Tarapacá.
La forma en que se hizo la venta es un misterio para la ciudadanía y las autoridades locales. Lo que no fue un misterio fue la férrea oposición de los alcaldes de Calama y Antofagasta, quienes consiguieron, la semana pasada, que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendiera la evaluación del proyecto.
“El problema de fondo es que no hay política pública. Y para hacerla se deben eliminar legislaciones obsoletas y tremendamente dañinas, como los derechos para el uso gratuito e indefinido de recursos vitales como el agua”, dice Riquelme.
Para esta especialista, medidas como el bombardeo de nubes son soluciones de parche , que de ninguna manera forman parte de una estrategia a largo plazo.
Con regularidad, la minera Cerro Colorado, propiedad del gigante minero BHP, riega los bofedales (humedales de altura) al interior de Iquique, para mantener artificialmente humectada la zona.
Y lo hace monitoreada de cerca por la autoridad, desde que se concluyó que su operación había causado un severo impacto en los frágiles ecosistemas del lugar, que en poco tiempo se secaron y después se pudrieron producto de la intervención errática de la minera.
Esos ecosistemas están ubicados en Pampa Lagunillas, a unos 50 kilómetros de la mina. En ese lugar Cerro Colorado tiene los pozos que la abastecen.
El conflictivo rol que ha tenido Cerro Colorado en los drásticos cambios que ha experimentado esa zona, tiene una larga data.
El proyecto se ubica en la Primera Región, aproximadamente a 5 kilómetros de la localidad de Mamiña, y se encuentra en operación desde 1992. A poco andar, la minera sometió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental su proyecto de expansión, que entre otras cosas planteaba la necesidad de más agua. La aprobación fue concedida.
Con el tiempo, sin embargo, y ante una serie de denuncias, Cerro Colorado fue acusada por la autoridad de no comunicar la ocurrencia de impactos ambientales no previstos y de no implementar oportunamente las medidas de mitigación asociadas a los permisos de funcionamiento.
Las conclusiones de la Dirección General de Aguas, en su momento, fueron elocuentes: “La resiliencia del ecosistema es más sensible que lo pronosticado. Este servicio cree que existe un impacto ambiental no previsto. Los niveles del agua subterránea del acuífero han descendido en magnitudes significativamente mayores a los determinados en las evaluaciones ambientales originales”.
Hoy, desde los pozos que Cerro Colorado tiene en Pampa Lagunillas salen también unas tuberías que se acercan a los bofedales en un trayecto de aproximadamente 3,5 kilómetros, al cabo del cual, ya ramificadas, reparten el agua para mantener verde la zona.
Supuestamente, cuando concluyan las operaciones y la empresa deje de bombear agua de los pozos, en el año 2031, los niveles de las napas subterráneas volverán a la normalidad y en el largo plazo se logrará la recuperación de la zona.
El compromiso es que durante todo ese tiempo continúe el monitoreo y la evaluación del restablecimiento del ecosistema por parte de la minera. La meta para el 2012 es la recuperación de un 60% de la cobertura vegetacional del bofedal, y para el año 2016, entre el 70% y el 100%.
“Por sus carecterísticas, este fue un caso ejemplificador para todos, y la prueba de que un buen seguimiento ambiental es fundamental”, comenta Ximena Cancino, directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental. “Lo que falló ahí fue el modelo hidrológico, que no consideró variables importantes y predijo situaciones que finalmente no ocurrieron”, admite.
