Profesional analiza los diversos escenarios, entre ellos apelar de la venia ambiental ante el Comité de Ministros, interponer recursos ante los tribunales y/o esgrimir los derechos constitucionales.
Fuente: diario La Prensa Austral
18/02/2011. Apelar ante la máxima instancia que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental, interponer recursos de protección y de nulidad y/o alegar la vulneración de los derechos constitucionales son sólo algunos de los caminos que baraja el famoso abogado ambientalista, Fernando Dougnac, para detener la explotación carbonífera en isla Riew sco.
Así lo adelantó a este diario el presidente de la Fiscalía de Medio Ambiente, quien es conocido en Magallanes por haber logrado el fallo de la Corte Suprema que, en 1997, anuló la aprobación ambiental que se entregó para el desarrollo del proyecto maderero de la compañía Trillium Corp., ligada a capitales norteamericanos, y que había comenzado la explotación de bosques de lenga en Tierra del Fuego.
Enfrentarse a grandes intereses económicos es parte de la tónica de este abogado, a quien también se le reconoce por haber litigado en contra del grupo Luksic en representación de algunos agricultores de Coquimbo por el proyecto de tranque de relave El Mauro, vinculado a la mina Los Pelambres, entre 2005 y 2008.
Allí también tuvo éxito al lograr que los Luksic detuvieran las obras asociadas al tranque, pese a que éstas tenían un avance de un 98%.
Es la trayectoria de Dougnac la que tiene esperanzados a los detractores de Minera Isla Riesco, respecto de que, pese a que en la víspera la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó por unanimidad el proyecto de Mina Invierno, aún quedan instancias para revertir esta medida.
El abogado llegó ayer a Punta Arenas y tuvo por la tarde una reunión de coordinación con parte de los opositores a la iniciativa minera.
– ¿Cuáles son los argumentos que están barajando en contra de la aprobación del proyecto?
– “El problema está fundamentalmente en que se ha autorizado a desarrollar una actividad que es absolutamente incompatible con las otras actividades económicas que existen en el sector. Pensar que la minería es compatible con el turismo y con la ganadería es un error garrafal. En ninguna parte del mundo existe eso y, aunque me digan que en Nueva Zelanda se pasean las vacas al lado de las minas de carbón, eso no es verdad, no es así.
“Los establecimientos mineros son absolutamente fuera de toda posibilidad de compatibilizarse con el turismo y con la agricultura”.
– Sin embargo, la Comisión de Evaluación entregó la venia ambiental.
– “Sobre eso hay una cosa muy importante a tener presente: en las democracias, es muy raro que se dé la unanimidad y cada vez que se da una unanimidad suena a dictadura, como le pasó a Mubarak que lo elegían con el 99,9%, etc. Esta unanimidad de ahora nos está indicando que la reforma a la ley de bases de medioambiente que pretendió despolitizar las decisiones ambientales fracasó rotundamente porque aquí no cabe la menor duda que la autorización o la orden de que se autorizara esto vino de Santiago. De tal manera que, en definitiva, la ciudadanía de Magallanes tiene que pensar si está conforme y dispuesta a que los recursos que están ubicados en la región sean dispuestos de acuerdo con lo que decida Santiago o si quieren ser actores y no sujetos de las decisiones”.
– ¿Cuáles son las alternativas que tiene el grupo opositor al proyecto para tratar de revertir esta situación?
– “Bueno, este es un conflicto que recién empieza. Queda mucha agua todavía por correr. Por un lado, está recurrir al Consejo de Ministros. Esa es una alternativa y habría que evaluarla una vez que se conozca la resolución de calificación ambiental. Desde que se emita tal resolución, tenemos quince días para hacer tal presentación.
“Lo otro es interponer un recurso de protección en Punta Arenas y la otra posibilidad es una acción de nulidad de derecho público. Por último, también existe la posibilidad de ejercer algunas acciones constitucionales respecto de los afectados por la actividad económica-minera en perjuicio de las actividades ganaderas y turísticas”.
– ¿Cuáles serían los argumentos que usarían para recurrir al Consejo de Ministros?
– “Eso todavía no se lo puedo decir mientras no vea la resolución de calificación ambiental, pero, de partida, lo más importante es la incompatibilidad basal existente entre la minería y las otras actividades y, segundo, que esa actividad no es susceptible de remediación alguna para evitar el daño que le produce a las otras actividades”.
– ¿Qué viabilidad le ve a esta causa de acuerdo a su experiencia en otros casos en que se ha enfrentado a grandes poderes económicos?
– “Mire, soy siempre muy optimista porque sino no estaría acá. Ahora, hay causas que se ganan y causas que se pierden. Pero, estoy optimista y creo que, en defiwnitiva, tendría que primar la cordura.
“Además, piense lo siguiente: en el mundo entero el carbón está satanizado. La Unión Europea ha prohibido el uso del carbón dentro de la unión; los países desarrollados están exigiendo que los productos que ellos compran tengan la huella de carbono, es decir, qué cantidad de emisiones se han producido en su elaboración; por lo tanto, incentivar el uso de carbón en nuestro país en momentos en que, además el cambio climático es abismante -es aterrador lo que ha pasado en Estados Unidos congeladas las mitad de sus ciudades; otros países inundados; nosotros con seguía- y seguir dándole manija al calentamiento global…”
– Sin embargo, dentro de los planes del gobierno está el uso de termoeléctricas y se habla que se debe diversificar la matriz energética…
– “Sí, bueno, ahora si por diversificar la matriz pasa por aumentar las termoeléctricas, mejor que no la diversifiquen.
“Creo que, sin lugar a dudas la diversificación de la matriz tiene que ir hacia las energías renovables y no hacia las energías de fósiles, como es el carbón”.
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