En Chile entre 1990 y 2005 hubo 650 accidentes en el sector, con 742 mineros muertos, según el Servicio Nacional de Geología y Minería, (Sernageomin), responsable de supervisar la seguridad minera.
Fuente: Associated Press
12/11/2010. Hace un mes, Chile asombró al mundo al rescatar a 33 trabajadores atrapados 69 días en un profundo socavón, pero hace cinco días, dos hombres murieron en la misma región en una explosión en un yacimiento ilegal.
Ambos accidentes reflejan la inseguridad del trabajo en las medianas y pequeñas operaciones mineras.
Yacimientos ilegales en el Desierto de Atacama, polvorines improvisados, mercado negro de dinamita y reapertura improvisada de minas de cobre abandonadas.
Muchos mineros arriesgan la vida trabajando en minas conocidamente peligrosas pero que pagan sueldos algo más altos. Otros explotan faenas de cobre abandonadas, alentados por el alto precio del metal, que en noviembre alcanzó los 4 dólares la libra.
Entre 1990 y 2005 hubo 650 accidentes en el sector, con 742 mineros muertos, según el Servicio Nacional de Geología y Minería, (Sernageomin), responsable de supervisar la seguridad minera.
En la última década han muerto, en promedio, 35 mineros al año, pero la cifra alcanzó a 38 la primera semana de noviembre de 2010.
El derrumbe que sepultó a los 33, cuyo rescate fue seguido por millones de telespectadores en el mundo, dejó dos lecciones principales: el esfuerzo, sin limitaciones financieras, permite hazañas inéditas, y es urgente implementar o reforzar la seguridad laboral, en un sector en que el año pasado trabajaron 174 mil personas.
Néstor Jorquera, presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Chile, dijo a Associated Press que “es una realidad del porte de un buque que se prioriza la producción sobre la seguridad”.
“Estoy de acuerdo, pero el tema pasa por el autocuidado, porque muchos accidentes tienen directa responsabilidad del trabajador”, declaró Lorena Martínez, jefa de Prevención de Riesgos del Instituto de Seguridad Laboral de Atacama, 800 kilómetros al norte de Santiago.
Jorquera dijo que los culpables del derrumbe del 5 de agosto en la mina San José son los dueños, además de Sernageomin, por no fiscalizar, y los propios trabajadores.
“Cuando los compañeros nos dijeron que la mina se estaba cayendo…los trabajadores debimos haber solidarizado con ellos y no haber permitido que esa mina siguiera trabajando. Pero los dejamos solos con su sindicato y las consecuencias son éstas”, lamentó.
El jefe de Sernageomin en Atacama, Mariano Gajardo, atribuyó el accidente a una “explotación irracional de la mina”.
Miguel Fortt, ingeniero en minas a cargo del rescate durante los primeros días, dijo a la AP que antes del derrumbe “hubo un dejar hacer y un dejar pasar que fue trágico, que mancha la historia de la minería en Chile”.
El éxito del rescate “no significa que la gestión la estemos haciendo bien”, dijo.
Chile es el mayor productor mundial de cobre y sus grandes yacimientos, como los de la estatal Codelco o de las multinacionales Barrick, Anglo American o Xstrata, tienen tasas muy inferiores de accidentes a las de la pequeña minería.
En 2009, 54% de los 35 muertos en accidentes trabajaban en la pequeña minería y el 11% en las grandes compañías.
La producción chilena de cobre en 2009 llegó a 5,4 millones de toneladas métricas, de las cuales las grandes empresas entregaron el 93%, las medianas 5% y las pequeñas el 2%.
El mejor precio metal lleva a muchos mineros y a aficionados a internarse en el desierto, donde están la mayoría de los yacimientos, a buscar minas abandonadas que explotan con métodos artesanales y venden el cobre a empresas autorizadas por Sernageomin.
Los trabajadores muertos el lunes en la mina Los Reyes, cercana a la San José, fueron golpeados por la explosión de dinamita que ellos mismos instalaron. Tenían tres mechas y encendieron primero la más corta, dijo Martínez. Carecían de un polvorín autorizado y guardaban la dinamita en un cajón, junto a sus camastros.
Es imposible saber cuántos yacimientos ilegales existen, especialmente en el norte, o cuántas personas laboran en ellos. Martínez cree que pueden ser entre 1.000 y 3.000 trabajadores.
“En la mediana minería hay algunos cumplimientos y avances relacionados con prevención de riesgos, pero en la pequeña minería y entre los mineros artesanales o ‘pirquineros’, son casi nulos”, afirmó Martínez, ingeniera especializada en minas.
Fort dijo que se necesita “un rediseño orgánico rápido, urgente y tener profesionales y gente capacitada que salga de la universidad certificada. No sacamos nada con tener más inspectores si no tienen la dinámica para poder ver y enfrentar esta cantidad de minas”, unas 2.500 solo en el norte.
“Espero que esto nunca más vuelva a ocurrir”, fue lo primero que dijo Luis Urzúa, jefe de turno de los 33, al emerger del túnel por el que fueron rescatados desde 700 metros de profundidad.
Nunca más se permitirán “condiciones tan inseguras e inhumanas como las de la mina San José”, le prometió el presidente Sebastián Piñera, que esperó a los mineros en la boca del túnel.
Piñera autorizó todos los recursos para el rescate, más de 20 millones de dólares. También hubo aportes de la empresa privada.
El infierno que vivieron los 33, el dolor de sus familias y el enorme gasto pudieron haberse evitado, al igual que la muerte el lunes de los dos mineros en su primer día de trabajo en un socavón clandestino.
“Hay que trabajar con un reglamento interno de prevención de riesgos. La pequeña minería ni sabe que existen” reglamentos, afirmó Martínez.
San José fue cerrada en 2007 por el Sernageomin, el mismo que autorizó su reapertura en 2008, sin verificar que su orden de escalerar la chimenea o toma de aire fuera cumplida, lo que habría permitido un rápido rescate.
Tras el derrumbe, llovieron promesas de mejoras en la seguridad laboral del sector minero, y hubo avances teóricos, como las propuestas de una comisión creada por Piñera. Pero algunos cambios requieren leyes, y el congreso no se caracteriza por legislar rápido.
Piñera le pidió a su ministra del trabajo, Camila Merino, que acorte sus vacaciones de verano para que los proyectos de ley estén listos en marzo.
También, en los próximos días se pedirá al congreso ratificar el Convenio 187 de la OIT, de 1998, que obliga a elaborar una Política Nacional de Seguridad Laboral y mantener un Sistema Nacional de Seguridad y
Salud en el trabajo. Jorquera abogó porque también se apruebe el Convenio 176, que permite al minero negarse a ingresar al pique por razones de seguridad sin ser despedido, y que ese día se le pague.
Jimmy Sánchez, uno de los 33, contó que “la mina estaba sonando y nos dejaron adentro”.
Piñera descabezó el Sernageomin de Atacama, donde está la mina, y ordenó aumentar sus fiscalizadores, pero el servicio sigue con cuatro inspectores, dijo Martínez.
En las primeras semanas tras el derrumbe se cerraron un par de decenas de minas inseguras, pero la cifra oficial es de sólo cinco yacimientos cerrados, de 2.500, dijo Gajardo a la AP.
Jorquera plantea que no hay que cerrar las pequeñas minas, sino que “hay que empadronar a los trabajadores, darles los implementos de seguridad para que sigan trabajando. El Estado debería subsidiar, ayudar, así como lo hace con las grandes minas”.
El objetivo del gobierno es reducir la tasa de accidentes del 5,3% actual a 4,0% en 2015, y la de muertes de 6,5 a 5 cada 100.000 trabajadores.
Martínez dijo que “en cuanto a legislación, estamos bastante más avanzados que otros países de Latinoamérica, pero el problema está en la fiscalización, en el cumplimiento”.
