La historia de nuestra Latinoamérica nos ha permitido conocer y confirmar cómo la economía extractivista viola los principios fundamentales consignados en el sistema internacional de derechos humanos. Los pactos internacionales de derechos humanos consagran el derecho a la libre determinación de los pueblos, la libertad para conducir su política, desarrollo económico, social y cultural; la determinación soberana sobre sus recursos naturales y riquezas (PIDCP Y PIDESC).
Fuente: diario Uchile
Nuestras más grandes riquezas son nuestros recursos naturales: el agua, los árboles, los minerales. Hoy son objeto de explotación y generan el enriquecimiento de unos pocos. Respecto de la minería, tenemos tres cuerpos fundamentales que regulan el tema de la minería en nuestro país: la Constitución Política, de 1980; la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, de 1983, y el Código de Minería y Reglamento, del mismo año. A grandes rasgos, esta legislación establece un sistema de concesiones que se constituye vía resoluciones judiciales, divididas en concesiones de exploración, limitadas a dos años y prorrogables, y de explotación, de carácter indefinido. Este dominio de los titulares queda protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad (Estudio de minería CEPAL).
Se reconoce al titular de la concesión minera derecho de propiedad, protegido por la garantía que la Constitución establece para este derecho y se expresa que la privación de las facultades de iniciar o continuar la exploración, extracción y apropiación de las sustancias que son objeto de la concesión constituye privación de los atributos o facultades esenciales del dominio de ella. Se remarca el derecho del concesionario minero de defender su concesión por todos los medios que franquea la ley, tanto respecto del Estado como de particulares (art. 9° LOC). Y, claro, se establece que la concesión de explotación tiene duración indefinida (art. 17 LOC) y que su caducidad se produce por la ocurrencia de hechos completamente ajenos a la Administración del Estado (art. 18 LOC).
La explotación de la minería se asienta en una economía extractivista. Eduardo Gudynas, uruguayo analista en temas de ambiente y desarrollo e integrante del Centro Latino Americano de Ecología Social, define el extractivismo como la extracción de grandes volúmenes y/o alta intensidad de recursos naturales, luego destinados principalmente a la exportación como materias primas, sin procesamiento o con procesamiento limitado. Por alta intensidad entendemos que, como en el caso del oro, se obtiene poco volumen mediante procesos de extracción de alto impacto ambiental. Señala este analista que difícilmente podemos hablar de industria extractiva, ya que no existen procesos de industrialización asociada, sino de remoción de recursos naturales. Tampoco la economía extractivista es sinónimo de desarrollo. Aunque nos hayan dicho esto, “lo cierto es que conducen a precarizar el concepto mismo de desarrollo, vaciándolo de las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, etc., que debieran venir con él” (Memoria Seminario Internacional “Extractivismo en América Latina… Agua que no has de beber”, publicación de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales -OLCA y del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina-OCMAL).
Hemos conocido varias generaciones de extractivismo en nuestra historia, iniciadas en la colonia, y luego masificadas, incorporando tecnología y maquinarias. Gudynas señala que nos encontramos en una tercera fase del régimen extractivista, “que supone el uso intensivo de maquinaria, como ocurre con la megaminería a cielo abierto, la extracción petrolera a alta profundidad o los monocultivos, donde las escalas de remoción de recursos están en el orden de los millones de toneladas (o de barriles de petróleo), ocupando superficies de miles a millones de hectáreas. Para lograr estos volúmenes se recurre al uso intensivo de insumos químicos (como cianuro o mercurio en la minería, aditivos en los pozos petroleros, o agrotóxicos en la agricultura). Este extractivismo lleva aparejado un enorme consumo de energía, que amplifica los impactos de la actividad”. Estos impactos son tan locales como globales; afectan a comunidades y territorios específicos, pero también generan consecuencias importantes a nivel regional y mundial (Memoria Seminario Internacional “Extractivismo en América Latina… Agua que no has de beber”). Inciden, paralelamente, en lo social, económico y ambiental.
Según datos de CEPAL, hoy en Chile, de cada 100 dólares que exportamos, 90 son materias primas prácticamente sin ninguna transformación (Memoria Seminario Internacional “Extractivismo en América Latina… Agua que no has de beber”).
En el caso de la explotación de la minería, afirman estudios económicos que Chile está regalando a la gran minería una fortuna, lo que debiera llevar a replantearse el royalty minero y, de manera más general, los impuestos que el Estado cobra a las empresas que explotan nuestros recursos naturales. Los economistas Sturla, Accorsi, López y Figueroa hablan sin rodeos de un “regalo” que el Estado hace y que “no tiene justificación económica alguna”. En el estudio “Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2015”, se analizó la renta económica que obtienen las 10 empresas mineras más grandes en Chile. Se estimó que “estas mineras obtuvieron una renta económica de US$120 mil millones”. Cabe señalar que la renta económica refiere a las ganancias obtenidas “por sobre todo lo necesario para mantener intactos los incentivos y los niveles de inversión y producción en el largo plazo. Es decir, corresponde a ingresos extra que las empresas obtienen por encima del retorno normal del capital requerido para la actividad productiva” (Fuente CIPER Chile).
La gran minería privada del cobre, señalan los economistas López y Sturla, ha obtenido durante los últimos diez años una rentabilidad del 85% sobre el capital invertido, cifras que sólo consiguen los negocios ilícitos (para tener una referencia, las AFP han obtenido una rentabilidad del 26%). ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro sistema político lo permite, señalan los economistas. Proponen, a su vez, dos reformas que incrementan considerablemente los recursos que recibe el Estado, manteniendo niveles de rentabilidad para las empresas mineras por sobre el 20% (Fuente CIPER Como captar la riqueza regalada del cobre).
La historia de nuestra Latinoamérica nos ha permitido conocer y confirmar cómo la economía extractivista viola estos principios fundamentales consignados en el sistema internacional de derechos humanos. Experiencias de estrujamiento de los recursos minerales y posterior abandono, como sucedió con el auge y caída del salitre en Chile o el caso de Chañaral; gran puerto nortino que devino luego de la extracción de sus minerales en una costa inutilizable, de arenas verdosas por efecto del depósito de los relaves mineros. Y cómo no consignar los esplendores de Potosí a los que remite Galeano en Las venas abiertas de América Latina: “Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí”, “En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y la fiesta, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura”.
El Cerro Rico de Potosí, nos cuenta Galeano, fue el centro de la vida colonial americana, “Aquella sociedad, enferma de ostentación y despilfarro, sólo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios y ocho millones de cadáveres de indios”. Ahora Potosí explota los desechos de la colonia, minerales de baja ley, como “el estaño que los españoles arrojaron a un lado como basura”, narra Galeano.
Quizá, como inaugura el epígrafe de Las venas abiertas de América Latina, cita a la Proclama Insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz (1809), “Hemos guardado un silencia bastante parecido a la estupidez”. Pero las comunidades van gestando sus propios procesos de emancipación. Ello se refleja en las luchas contra la privatización del agua, o contra la instalación de proyectos mineros y de explotación de otros recursos naturales, de gran impacto ambiental. Procesos que hoy queremos relevar, como el de Pascua Lama y Minera Dominga en nuestro país.
