Una comunidad destruida por una gran corporación minera en Chile mantiene su lucha política y judicial por una salida a la crisis que los dejó sin agua potable. Se trata de la comunidad de Caimanes, 270 kilómetros al norte de Santiago, capital de Chile. Se sienten estafados por todos. Demandan penalmente nada menos que a sus antiguos abogados por prevaricación. O sea, por propiciar un desenlace injusto al diferendo entre la comunidad y el grupo económico más potente de Chile, de la familia Luksic.
Fuente: Hispan TV
El bufete actualmente demandado consiguió en 2014 un histórico fallo de la Corte Suprema que obligaba a la minera de cobre Los Pelambres a devolver el curso de agua arrebatado por la mina, o de lo contrario destruir el tranque.
Los mismos abogados propiciaron más tarde un avenimiento, más favorable a la empresa. La comunidad se dividió.
Los demandantes rechazan la existencia misma de un acuerdo. Lo que suceda en Caimanes repercutirá en casos similares en todo Chile.
