Punta de Choros es una caleta de pescadores artesanales cercana a la Reserva Marina Islas Choros-Damas y a la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt, lugar donde la comunidad se organizó para rechazar la instalación de un proyecto minero a rajo o “cielo” abiertoy un megaproyecto minero portuario de la empresa chilena Andes Iron para extraer hierro con subproducto de cobre.
Fuente: Bolpress
En septiembre de 2013 el megaproyecto minero portuario Dominga de la empresa chilena Andes Iron, que contempla una inversión de 2.500 millones de dólares para extraer hierro con subproducto de cobre, ingresó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que evalúa ambientalmente los proyectos de inversión que se quieren desarrollar en Chile.
La iniciativa, que considera una mina con dos rajos abiertos, un depósito de relave y terminal de embarque, se ubica en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, en el norte del país, y es en la comunidad agrícola de Los Choros y en la caleta Punta de Choros, separados por unos 20 kilómetros y que están a unos 580 kilómetros de la capital chilena, Santiago, donde se concentran sus críticas.
Habitantes de estas localidades forman el Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente (Modema), que nació para oponerse a la instalación de termoeléctricas en la zona, presión social que logró en 2010 que el presidente Sebastián Piñera anunciara que Barrancones, la aprobada termoeléctrica al sur de Punta de Choros de Suez Energy, debería cambiar su ubicación.
“Como Presidente me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza”, dijo el mandatario. En la plaza de Los Choros el joven presidente de Modema, Andrés Álvarez, explica a SEMlac que lucharán por evitar el proyecto, incluso en tribunales: “Nosotros no decimos no porque no, sino porque deseamos algo distinto, que nuestra economía se desarrolle en base a la agricultura, pesca artesanal y turismo y no hay otra actividad económica que se deba potenciar acá”, dice con seguridad.
Según Modema, considerando la magnitud y duración del proyecto y sus impactos sobre suelo, agua y aire, la zona de influencia puede abarcar hasta áreas con protección oficial como Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos, la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt y la Reserva Marina Islas Choros-Damas, sitios que son hábitat de pingüinos de Humbolt, delfines y lobos marinos.
La Corporación Nacional Forestal, entidad que administra la política forestal de Chile, menciona en sus observaciones al EIA la necesidad de “incluir a las áreas protegidas dentro de la zona de influencia y otorgar a las magnitudes de los impactos en el ecosistema terrestre su correcta dimensión, planteando desde ahí los planes de seguimiento, mitigación, restauración y compensación”.
El puerto en Totoralillo Norte constituye un riesgo según Oscar Aviléz, presidente del sindicato de pescadores de Punta de Choros quien contó a SEMlac que lograron recuperar la costa y productos que estaban en extinción, por eso un megapuerto deja en incertidumbre la pesca a pequeña escala: “Nosotros nos diversificamos al turismo -con visitas guiadas a las islas-, pero todo se ve frustrado si no es una zona libre de contaminación”, indicó.
Dominga, en tanto, plantea que desarrollará una minería sustentable y que el depósito de relaves utilizará tecnología de punta, de relaves espesados, opinión que comparte Yerko Galleguillos, alcalde de La Higuera: “Hoy el desarrollo industrial es perfectamente compatible con el medio ambiente, con las actividades productivas, sean agrícola, pesquera o turística”, dijo.
En conversación con SEMlac, el edil manifestó su confianza en la institucionalidad ambiental: “Aquí hubo una minera de fierro grande, cuyos desechos mineros fueron dejados en la cuenca del río Los Choros y en sectores urbanos, pero ahora existe una institucionalidad que regula esto y dirá si el proyecto es viable”.
Añade que según la información que maneja en el caso de Dominga los desechos mineros estarán lejos de la costa, al interior, y serán transportados a través de tuberías sin el riesgo que implica hacerlo en camión, lo que es refutado por los ambientalistas para quienes la mina situada a 12 kilómetros de Los Choros, instalaría sus botaderos de lastre y tanques de relave sobre napas y ríos.
Para el alcalde Galleguillos, uno de los aspectos positivos del proyecto minero portuario son los puestos laborales que generaría en una comuna donde muchos habitantes trabajan por turnos, fuera de sus ciudades. Rosa, de 52 años y vecina de La Higuera, concuerda: “La verdad creo que la empresa sí hará daño ambiental, pero lo único que queremos es trabajo, es mejor que los hombres estén acá porque muchos se van a otras ciudades a trabajar y nunca regresan”, cuenta mientras mira a dos amigas que asienten con la cabeza.
Visión opuesta es la de Andrés Álvarez, quien subraya que los puestos que la gente de la comuna conseguiría serían pocos y de baja importancia, pues las mineras trabajan con personas especializadas de otras regiones y del extranjero.
En las observaciones ciudadanas que presentó al proyecto, la fundación Sociedades Sustentables advierte que Andes Airon utilizará 9.800 trabajadores para la construcción y 1.450 para la operación pero no explicita los impactos totales de dicha población foránea sobre la población comunal de menos de 4.000 habitantes ni cómo enfrentará el impacto de población flotante.
Escasez hídrica
Rosa Rojas es una de las fundadoras de Modema y fue su presidenta durante dos períodos. Pertenece a la comunidad agrícola Los Choros, que reúne a 180 comuneros y se define como una “ciudadana consciente ambiental”.
Contó a SEMlac que fueron mujeres las primeras que se organizaron: “Cuando partimos, quienes íbamos a pararnos a la plaza con letreros éramos casi solo mujeres y algunos hombres; las mujeres lo hacemos porque protegemos la vida, tenemos un poder de resiliencia, una energía y fuerza muy grandes”, subraya.
La escasez de recursos hídricos es una de sus preocupaciones, la que es admitida por la empresa en su sitito web conocedominga.cl, donde expone que “Reconociendo la escasez hídrica de la zona, Dominga no usará agua de las napas subterráneas y utilizará solo agua de mar desalinizada en una planta ubicada en Totoralillo Norte”.
La dirigenta detalla que el Rajo Sur de la mina se ubicaría sobre un reservorio de aguas lluvias, el que vaciarán antes que se llene para reinyectar el agua más abajo, pero advierte que la empresa no puede garantizar mantener los niveles.
“Este es un ecosistema tan particular que nos permite pasar varios años con una cantidad de agua limitada pero sin que nos falte y ellos lo van a quebrar”, narra Rojas en su terraza frente a una extraordinaria vista de las playas e islas del lugar donde es dueña de cabañas para turistas, negocio que también tiene Silvia Gutiérrez, tesorera y otra de las socias fundadoras de Modema.
Gutiérrez recordó que la escasez hídrica es una realidad en la región donde años anteriores el gobierno decretó zonas de escasez hídrica y de catástrofe.
Divisiones
Una comunidad tocada por la explotación minera nunca vuelve a ser la misma, “sus tejidos culturales quedan rotos”, advierte Modema en una declaración pública que firmó junto a otras 11 organizaciones sociales de La Higuera.
Guillermo Ruz, ex buzo profesional que llegó con su familia a radicarse a Punta de Choros hace 26 años y hoy dirige una escuela de buceo, confirma diferencias en la comunidad agrícola: “Muchos están por mitigar este asunto más que prohibirlo, allí están las divisiones, el lobby de la empresa es muy grande”, asegura.
Para la dirigencia de la agrupación, es clave la cantidad de recursos que mueve la minería: “Ofrecen becas, fondos para mejorar el desarrollo turístico, pero eso es parte de la vulneración de la cohesión social de la gente”, asevera Andrés Álvarez.
Modema está a la espera que la empresa presente sus mejoras al proyecto mientras trabajan en una red nacional para generar conciencia que “el país que estamos construyendo para dejar a nuestros descendientes no es el más óptimo”, sentencia Álvarez.
El plazo de evaluación de Dominga cierra en marzo de 2014 y le corresponderá al gobierno de Michelle Bachelet aprobar o rechazar la iniciativa.
