“Estamos preocupados y apenados porque se confirman estas denuncias que hicimos”, dijo Ana Stipicic, vocera de la organización ambientalista Alerta Isla Riesco. Los cargos efectuados por la SMA responde a una serie de incumplimientos en las medidas incluidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto carbonífero.
Foto: marcha contra minería de carbón en Isla Riesco (2011)
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Fuente: El Dínamo
Ana Stipicic, vocera de la organización ambientalista Alerta Isla Riesco, señaló que pese a valorar los cargos efectuados este lunes por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en contra de la Minera Invierno, responsable del proyecto carbonífero, Mina Invierno de Isla Riesco, éstos no los sorprenden.
En diálogo con Cooperativa, la dirigente subrayó que los incumplimientos en las condiciones, normas y medidas establecidas en su resolución de calificación ambiental, detectados por la autoridad, vienen a confirmar denuncias efectuadas por ellos mismos de cara al proyecto liderado por los grupos Angelini (Copec) y Von Appen (Ultramar).
“Estos cargos son parte de las denuncias que nosotros hicimos en febrero de este año a muchas autoridades regionales, nacionales, a muchos políticos. Los argumentos, los cargos que genera la superintendencia no son sorpresa porque son parte de las denuncias que hicimos en ese momento”, dijo Stipicic.
En esta línea, la vocera subrayó que “la sorpresa es que (la resolución) haya salido después de ocho meses, una sorpresa de la cual nos alegramos, pero estamos preocupados y apenados porque se confirman estas denuncias que hicimos”.
“Esta cosa empezó mal desde un comienzo, el que después de un año, porque minera Isla Riesco empezó a trabajar el año pasado, hayamos recibidos denuncias anónimas, hayamos constatado que el río que lleva el agua minera hacia el mar estaba turbio, y empezamos a hacer denuncias y después de ocho meses la superintendencia genera estos cargos ratifica nuestras preocupaciones iniciales que este proyecto no debía ser aprobado tal como estaba”.
Asimismo, Ana Stipicic subrayó la falta de fiscalización de las autoridades para que la empresa cumpliera con sus compromisos, aunque agregó que el problema es que no hay capacidad para realizar estas revisiones.
“Sí hemos querido que la empresa haga las cosas bien, pero como podemos estar seguros que hace las cosas bien, si nuestros organismos fiscalizadores no están ahí constatándolo. Acá por mucho que la empresa haya prometido en la resolución de calificación ambiental que iba a asegurar el cumplimiento de los temas, necesitamos autoridades que realmente fiscalicen que esto sea así”,sentenció.
Cabe apuntar que los cargos contra el proyecto se clasificaron como leves y graves; los leves pueden derivar en una amonestación por escrito o multa hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos$486,33 millones; mientras los graves pueden ser objeto de la revocación de una RCA, clausura, o multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos $2.431,7 millones.
La gravedad de las infracciones será clasificada de manera definitiva en el dictamen final, en virtud de los antecedentes que se aporten en el proceso sancionatorio.
La firma cuenta con un plazo de 10 días para presentar un Programa de Cumplimiento o cuenta con 15 días de plazo para formular descargos ante esta Superintendencia, tras lo cual continúa el proceso sancionatorio.
