El máximo dirigente de los empresarios mineros y el Ministro de Economía dijeron el viernes que la resolución judicial que paralizó la construcción de una termoeléctrica afectará el desarrollo chileno. Las compañías minera suelen confudir o provocar confusión entre el verdadero desarrollo social y ecómico y el desarrollo para las empresas.
Fuente: Associated Press
Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, precisó que en una de las regiones donde se concentra la actividad minera chilena, están demorados o en revisión el 63% de las inversiones proyectadas, entre otros motivos, por decisiones judiciales que han paralizado proyectos energéticos.
La Sonami representa a la gran, mediana y pequeña minería. Las declaraciones de su presidente aparecen en la página en línea de la sociedad.
En la víspera la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló por unanimidad la aprobación otorgada por un comité ministerial a la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde, que produciría 740 megavatios, porque la consideró contaminante y calificó de ilegal la medida de mitigación sugerida. La empresa generadora dueña del proyecto de 1.400 millones de dólares, la europea Endesa, puede apelar a la medida.
El presidente de Sonami declaró que “respetamos la resolución judicial, sin embargo, no podemos dejar de puntualizar que el fallo impactará negativamente el futuro desarrollo del país, en particular de la minería”.
El ministro de Economía, Félix de Vicente, en declaraciones al periódico El Mercurio, coincidió con Salas al indicar que “es una mala noticia, mirado desde el punto de vista del desarrollo económico y la competitividad de nuestro país”.
El líder de la Sonami agregó que “si queremos alcanzar el umbral del desarrollo en los próximos diez años, Chile requiere duplicar su capacidad de generación eléctrica y la noticia conocida, por cierto, no contribuye a este objetivo.
Precisó que los proyectos de inversiones para Tarapacá, en el norte, en la próxima década superan los 35.000 millones de dólares.
“Por diversas razones, entre ellas la judicialización de algunos proyectos energéticos, 22.000 millones de dólares, es decir, el 63% de la inversión proyectada, se encuentra en proceso de revisión o postergada”, añadió.
La Corte Suprema prohibió el año pasado la construcción de la termoeléctrica Castilla, de capitales brasileños y alemanes, que produciría unos 2.100 megavatios cerca del 2020, con una inversión en torno a los 4.500 millones de dólares.
Tanto en el caso de Punta Alcalde como de Castilla, los proyectos fueron resistidos por las comunidades locales y por organismos medioambientales mediante recursos judiciales. La Corte, en un dictamen inapelable, resolvió que la termoeléctrica era contaminante y que se ubicaría cerca de un área marina donde hay ejemplares de pingüinos en peligro de extinción.
Otro proyecto que está a la espera de una decisión del comité de ministros de carteras relacionadas con el medio ambiente es el de Hidroaysén, que contempla la construcción de cinco centrales hidroeléctricas que generarían 2.750 megawatts, también cerca del año 2020. Su propietario es también Endesa en copropiedad con la generadora chilena Colbún.
Los ambientalistas que rechazan las termoeléctricas y las hidroeléctricas alegan que se deben usar energías alternativas y renovables, pero especialistas han dicho que éstas últimas no producirían la energía que Chile necesitaría en los próximos años, tema que es también motivo de preocupación entre la Sociedad de Fomento Fabril, que agrupa a los grandes industriales.
