Durante las próximas semanas el gobierno daría a conocer algunos cambios legislativos para entregar mayor certeza a los proyectos de inversión, especialmente en las áreas de minería y energía. De los 20 a 25 puntos que incluiría, unos cinco debería encararlos el Ministerio de Minería. Pero antes, hay que consensuar varios aspectos con el Congreso, de manera que se asegure una rápida tramitación.

Fuente: Área Minera

Dentro de los próximos días ingresaría al Congreso Nacional un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Economía, que busca dar mayor certeza jurídica a los titulares de proyectos de inversión, especialmente en minería y energía. Las propuestas se trabajaron a través de minutas con distintos gremios, luego que se realizara el Encuentro Pro Inversión y Competitividad, el 29 de septiembre pasado, en el que participaron los máximos representantes de ambas industrias.

La idea de detectar y solucionar lomos de toro no era nueva. El Consejo Minero había comenzado a trabajar en propuestas para el Ejecutivo a principios de 2012, definiendo cerca de 50 ideas, divididas en 14 temáticas. Tras eso, en un desayuno en que participaron titulares de grandes compañías mineras y el ministro de Economía, Pablo Longueira -convocados por Cristián Leay, del Centro de Estudios Nueva Minería, el 4 de septiembre-, manifestaron su preocupación por el momento de la industria. Jean Paul Luksic, presidente de Antofagasta Minerals, fue enérgico en describir la preocupación del sector, y el ministro propuso hacer el encuentro, desde donde surgieron las propuestas definitivas a fines de ese mes.

De las tres líneas de acción que se definieron, el viernes 7 de diciembre se dio a conocer la primera de ellas: un paquete de 20 medidas administrativas para dar certeza jurídica a las inversiones. Aunque en términos generales el sector valora las iniciativas, hay cierta desazón al interior de algunas empresas, pues sólo cuatro medidas apuntan directamente hacia este sector y, por el contrario, el protagonismo lo adquirieron las referidas a energía.

Distintos expertos valoran los anuncios, aunque muchos de éstos corresponden a propuestas que ya se habían realizado. El gran mérito, afirman, es poner una fecha conocida para su concreción: junio de 2013.

«Nos parece muy positivo el impulso que ha dado el gobierno a la Agenda Pro Inversión y Competitividad, principalmente en cuanto a la sistematización y agilización de soluciones que no pasan por proyectos de ley, sino por medidas administrativas y modificaciones reglamentarias», dice el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

El académico de la Universidad Católica Gustavo Lagos plantea que las medidas son positivas, «aunque hay algunas que no parecen aplicables en el corto plazo». Ejemplo de esto, sostiene, es la que establece la creación de guías técnicas para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El abogado de Philippi, Eduardo Escalona, explica que los aspectos de esta agenda «son positivos para destrabar la aplicación práctica de regulaciones importantes en industrias claves de nuestra economía». Agrega que traerán «claridad regulatoria» para que entren nuevos competidores al sector energía, especialmente en el segmento de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

La abogada del estudio Eelaw, Paulina Riquelme, también valora los cambios propuestos, en especial lo referido a establecer criterios claros para el emplazamiento de industrias, ya que es una institucionalidad que no se justifica en la actualidad.

El 29 de septiembre se reunieron gremios energéticos y mineros con un grupo de ministros.

Pack misceláneo

La segunda línea de trabajo que surgió tras el 29 de septiembre es un proyecto de ley misceláneo a través del cual se reformen varias leyes. Éste tendría entre 20 y 25 medidas, dependiendo del número que se logre consensuar al interior del gobierno y, después, con parlamentarios. Se espera que unas cinco medidas sean directamente enfocadas en minería, aunque algunas del resto de las propuestas les afectarán porque son de carácter general.

Ya hay cierta claridad en que se incluirían dos temas específicos, aunque hasta el cierre de esta edición no comenzaba el proceso de diálogo con parlamentarios en la búsqueda de consensos.

Uno de ellos es la posible modificación a la Ley de Cierre de Faenas para favorecer a la mediana minería. Esta ley entró en vigencia recién en noviembre pasado, pero se hace necesario modificar un artículo, porque la vida útil de los yacimientos, para efectos de constituir la garantía financiera que establece la ley, se hace a través de las «reservas». Sin embargo, las medianas y pequeñas mineras o hacen a través de los «recursos existentes» en su yacimiento. Introducir este cambio sería un alivio para las mineras medianas, pues de lo contrario es posible que deban constituir una garantía en un plazo muy reducido.

Otro cambio legal que se está estudiando es evitar la superposición de funciones entre la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Estos organismos -dependientes de los ministerios de Obras Públicas y Minería, respectivamente- se topaban en la aprobación de los permisos de tranques de relaves. Se propondrá que esa función la asuma íntegramente el Sernageomin.

Desde el Ejecutivo explican que medidas en esta línea ayudarán a reducir trámites y dar certezas.