Con un Ministerio de Minería y Metalurgia convertido en la única entidad con la misión de supervisar, definir y regular toda la actividad minera, incluso en el tema de las licencias y fichas ambientales, la nueva Ley minera deja sin opción alguna al ejercicio del control ambiental de parte de las instituciones privadas, instancias subnacionales (gobernaciones, municipios, universidades) y pueblos indígenas, según los expertos en el tema. La consulta previa admite el proceso en el lugar donde se desarrolla la actividad, pero no el contexto territorial afectado.

Fuente: El Día

«Con esta ley, el Ministerio de Minería es convertido en una especie de «juez y parte», por lo que el control ambiental será insignificante ante una seria amenaza para el país sobre todo en las zonas bajas donde se expandirá la explotación no tradicional y los recursos hídricos serán seriamente afectados», señaló Sara Crespo, de Probioma.

El gran problema. Según el analista Marco Gandarillas, con la norma aún pendiente de promulgación, al declarar área fiscal a todo el territorio nacional hace que cualquier intervención en el campo sea sujeto de concesión de parte del Estado. «La contaminación con mercurio (utilizado en la actividad aurífera) es alarmante para el que trabaja y los que viven alrededor», apuntó.

En el caso de Santa Cruz y el Precámbrico, el peligro es aún mayor para los recursos hídricos. «Con esta ley no hay restricción alguna con la explotación minera. Por ejemplo, una empresa aurífera de oro consume 20 mil litros de agua por hora, el mismo que consume en un año una familia de cinco miembros», señaló Crespo.

De acuerdo a la experta, la nueva norma autoriza el uso del agua no solo en el sitio de la concesión sino en todo el entorno y la comunidad.