El recurso fue interpuesto por Minera Nevada Spa contra la sentencia del Tribunal Ambiental que ordenó a la SMA sancionar por separado cada una de las infracciones cometidas por Pascua Lama.

Fuente: La Tercera

El Tribunal Ambiental de Santiago resolvió el envío a la Corte Suprema del recurso de casación por el caso Pascua Lama, con la integración del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo.

El recurso fue interpuesto por Minera Nevada Spa, titular del proyecto minero y filial de la canadiense Barrick, contra la sentencia del Tribunal Ambiental, de 3 de marzo de 2014, que ordenó a la SMA sancionar por separado cada una de las infracciones cometidas por Pascua Lama a la Resolución de Calificación Ambiental y no agrupadas, como lo hizo el organismo fiscalizador, en su sentencia sancionatoria, de 24 de mayo de 2013.

El Ministro Muñoz fue designado como Ministro integrante del Tribunal Ambiental de Santiago por la Corte de Apelaciones de Santiago, cumpliendo así con lo establecido en materia de subrogación por el art. 10 de la ley 20.600, recientemente modificado por la Ley N°20.749, que permite que cuando el Tribunal Ambiental no cuente con ministros titulares o suplentes abogados para poder sesionar, la subrogación sea realizada por un ministro de la Corte de Apelaciones de la ciudad de asiento del Tribunal Ambiental.

El Tribunal Ambiental sesionó integrado por los Ministros Rafael Asenjo (Presidente), Sebastián Valdés y Juan Muñoz.

A inicios de marzo el Segundo Tribunal Ambiental resolvió anular la sanción con que la SMA había multado al proyecto minero, y le ordenó rehacer totalmente la resolución sancionatoria, resolviendo los vicios e ilegalidades contenidos en el primer documento.

El Tribunal decidió rechazar el criterio utilizado por la SMA, que agrupó las 22 infracciones cometidas y reconocidas por la minera para fijar las sanciones. A través de un concurso infraccional, la entidad fiscalizadora tomó 19 de ellas y conformó solo dos incumplimientos, los que sumados a las tres restantes dieron lugar a una multa total de unos $8.000 millones (US$14,2 millones).