San Andrés Minas, Copán, Honduras – 15/10/07. Un grupo de pobladores, ambientalistas y periodistas que se oponen a las acciones que realiza la empresa Minerales de Occidente MINOSA, subsidiaria de la transnacional Yamana Gold, están siendo víctimas de amenazas e intimidaciones. Un equipo de COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) que se desplazo esta semana al occidente del país, para conocer de cerca la situación que vive un grupo de pobladores de la aldea San Andrés Minas, en el municipio de la Unión, Copán; constató las denuncias.
Fuente COAFDEH
Unas 50 personas integran el grupo opositor a la actividad de la empresa Minerales de Occidente MINOSA, subsidiaria de la transnacional Yamana Gold, que opera desde 1998 en la zona donde se ubican las aldeas de San Andrés Minas, Azacualpa, La Unión Copán, San Miguel y Platanares.
Los pobladores denunciaron al COFADEH que están siendo objeto de intimidaciones por parte de la empresa minera y hasta de discriminación de sus propios vecinos en la aldea San Andrés Minas.
Recientemente el grupo opositor realizó en los meses de agosto y septiembre, protestas durante 23 días para exigir que MINOSA apoye proyectos de desarrollo comunitario, que indemnice a los pobladores y que les proporcione tierras para su subsistencia y refugio, ya que las casas que habitan actualmente se encuentran a 500 metros de la zona de explotación, al pie de los cerros Twin Hill.
Con la intermediación del Obispo de la Diócesis de Copán Luis Alfonso Santos, autoridades municipales, policiales, militares, de la Secretaría de Gobernación y de la empresa minera se lograron algunos acuerdos.
Sin embargo estos acuerdos, no satisfacen las propuestas del Grupo opositor en la comunidad de San Andrés Minas, que cuenta con una población de mil 400 habitantes.
Al respecto el ex presidente del patronato de San Andrés Minas, Quintín Miranda expresó “que a los acuerdos no les miramos frutos, porque vemos que el actual presidente trabaja para la mina y que la mina la tiene agarrada el pueblo que está de acuerdo con ellos”.
Miranda sostuvo que San Andrés Minas ha visto muy poco beneficio en proyectos desarrollo que años atrás la compañía se comprometió a ejecutar.
Por su parte Suyapa Carvajal dijo que “ahí me encontraba por 23 días a donde fuímos muy mal vistos, porque vecinos de nuestro lugar formaron un odio muy grande con nosotros.”
Agregó que “estamos protestando porque nos quieren botar el bosque en primer lugar, segundo de que está a pocos pasos de nuestras casas en nuestra comunidad y vamos a ser afectados en gran manera, imagínese que a nomás trabajar en ese cerro, las casas van a ser dañadas y rajadas todo va a ser un atropello para uno; por eso no vamos a desmayar siempre continuaremos adelante porque peleamos por la justicia y las causas justas Dios las defiende”.
Con las anteriores protestas, se generaron una serie de amenazas y hostigamientos por parte de MINOSA, subsidiaria de la transnacional Yamana Gold.
Para el caso, la joven de 24 años, madre de dos hijos y comerciante de la aldea, Karla Jackeline Hernández fue denunciada por provocar supuestas lesiones físicas a uno de los empleados de la empresa minera, mientras se desarrollaron las protestas que duraron 23 días.
Sin embargo el COFADEH indagó ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) de Santa Rosa de Copán y constató que en efecto existió la denuncia pero que no tendría mayores efectos sobre la acusada.
Asimismo el COFADEH a través de su equipo de abogadas se apersonó ante la Coordinadora de Fiscales de Santa Rosa de Copán, Francis Artola para conocer sobre los alcances de la denuncia.
La Fiscal Artola comunicó al COFADEH que no habría requerimiento fiscal, por cuanto existía un acta de compromiso firmada entre el grupo opositor de San Andrés Minas y representantes de la empresa MINOSA y autoridades municipales y policiales, y que por tanto la denuncias por lesiones ya no tendrían efecto.
Artola explicó que la Fiscalía conoció del caso y verificó incluso, que empleados de la empresa minera provocaron a los manifestantes. En la fiscalía se levantó un acta para hacer constar que la denunciada se presentó voluntariamente a este órgano de justicia.
Karla Jackline Hernández narró que “me tienen acusada, por eso varias veces me han dicho que venda mi carro, que me aleje de ahí porque cualquier cosa me llegue a pasar a mí, mis hijos , mi esposo o mi madre, quedará a cargo de la empresa”.
Los denunciantes sostienen que MINOSA, se ha encargado de dividir a la comunidad y ha utilizado sus influencias para infiltrarse y controlar el patronato.
Por otra parte la periodista Xiomara Orellana de Diario La Prensa, Juan Ramón Rodríguez corresponsal de Abriendo Brecha y Purificación Hernández ejecutivo de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales ASONOG y miembro de la Alianza Cívica por la Democracia (ACD) fueron amenazados recientemente con ser demandados ante los tribunales de justicia por parte del apoderado legal de MINOSA, el abogado Rodrigo Girón.
Al ser consultado, Purificación Hernández de ASONOG dijo que “el abogado Rodrigo Girón manifestó que 3 personas íbamos a ser procesados porque estábamos en contra de la compañía minera y porque andábamos diciendo mentiras en contra de la compañía”
Hernández agregó que el abogado Rodrigo Girón “se refirió a Xiomara Orellana de Diario la Prensa, al periodista de Abriendo Brecha , Juan Ramón Rodríguez y a su servidor Purificador Hernández, .también manifestó que íbamos a ser procesados por la compañía minera y que todo lo que decíamos era totalmente falso”.
En otras ocasiones el Obispo de Copa´n, Monseñor Luis Alfonso Santos ha sido sujeto de amenazas e intimidaciones por luchar para que el Congreso Nacional apruebe una nueva Ley de Minería que represente auténticos beneficios para la población.
Las comunidades San Andrés Minas, Azacualpa, San Miguel y Platanares han estado siendo afectadas por la explotación de oro que realiza la empresa Minerales de Occidente S. A. MINOSA, subsidiaria de la transnacional Yamana Gold.
La Comunidad de San Andrés Minas es quizá, la más afectada y cuenta con una población de mil 400 personas, de las cuales unas 50se oponen a la actividad que desarrolla la empresa minera en la zona, porque consideran que los beneficios adquiridos son muy pocos en relación con todo lo que se extrae en concepto de oro.
