En el más estricto secreto, los gobernadores de provincias con explotaciones megamineras a cielo abierto acordaron ayer con el ministro de Planificación, Julio De Vido, la estrategia que seguirán para defender la actividad de la creciente ola de críticas que desató en las últimas semanas la represión de los piquetes ambientalistas en Catamarca, Tucumán y La Rioja. Los mandatarios y el gobierno nacional presentarán hoy un “pacto minero” que apunta a desactivar los conflictos.
Fuente: BAE
15/12/2012. Tal como anticipó en exclusiva BAE, la idea oficial es lograr que las multinacionales del sector se asocien con los estados provinciales y contribuyan por esa vía al erario público lo que no pagan en impuestos gracias al marco privilegiado que les garantiza el entramado legal vigente desde los años ’90.
La cumbre de ayer, en el piso 11 del Palacio de Hacienda, reunió a De Vido con los gobernadores José Luis Gioja (San Juan), Luis Beder Herrera (La Rioja), Martín Buzzi (Chubut), Eduardo Fellner (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Juan Manuel Urtubey (Salta). También estuvieron los ministros de Producción de Mendoza, Catamarca, Neuquén y Santa Cruz, según revelaron anoche dos de los participantes.
Tras unas tres horas de debate y un repaso por los proyectos extractivos que cada distrito aspira a ver concretarse en los próximos meses, los mandatarios redactaron los borradores del “pacto” que se anunciará hoy, que busca emular a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y que el Gobierno aspira a convertir en punta de lanza contra las protestas.
La idea del Gobierno –que comparten las empresas del sector– es cederles a las provincias más peso en el manejo de las explotaciones y en el usufructo de sus beneficios, que hoy acaparan casi en su totalidad las compañías, gracias a la Ley de Inversiones Mineras y las demás normas que las eximen del pago de impuestos y limitan las regalías que dejan en sus distritos. Los empresarios no participaron directamente de las conversaciones, pero fueron consultados por gobernadores como Daniel Peralta (Santa Cruz) y el propio Gioja, uno de los más entusiastas defensores de la actividad.
El pacto podría incluir a la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), a la Asociación de Obreros Mineros (AOMA) y a los proveedores de las multinacionales del rubro, en su mayoría de capitales suizos, canadienses, chinos y sudafricanos. Por temor a que haya protestas, el Gobierno no informó dónde se anunciará, pero empresarios del rubro recibieron la instrucción oficial de “mantenerse a tiro de la Casa Rosada” para acudir a una eventual convocatoria urgente.
El esquema de asociación mixto público-privado, según revelaron las fuentes, será definido en cada provincia. Pero la idea es emular el ejemplo santacruceño de Cerro Vanguardia, el primer establecimiento metalífero del país que usó cianuro para separar el oro de la roca. Allí son socias la sudafricana Anglogold Ashanti y la estatal Fomicruz, que posee un 7,5%.
El plan permitiría a las compañías evitar que se revise su privilegiado marco impositivo y a la vez mostrar que “derraman” recursos en los territorios donde se asientan, algo que muchos pobladores y la mayoría de los datos oficiales hasta ahora desmienten. “El tema tributario no se toca. Esto es mejor todavía, porque asociarse no solo garantiza ingresos sino también participación en el manejo de las explotaciones”, dijo una de las fuentes entusiasmadas con el mecanismo.
