En un informe anual, un comité de las Naciones Unidas advirtió al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y violencia contra los indígenas.
Por Darío Aranda. Desmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Son parte de las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU.
“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos indígenas a dejar sus territorios (…). El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible.”
El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.
“El comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, denuncia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. Es muy contundente la clara vinculación que establece entre industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir la vulneración de derechos”, subrayó.
El Comité de la ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley.”
Por fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.
“El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas mineras.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra vida”.
Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de acumulación y concentración”.
El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La Cámpora). El lunes pasado emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”.
