La suba inyectaría divisas y diluiría los cuestionamientos ambientales. Las mineras creen que habrá mayor presión fiscal. Por Nicolás Fiorentino y Pablo Waisberg. La posibilidad de que el Gobierno finalmente eleve las regalías mineras que reciben las provincias, que es el 3% de lo extraído en el punto más bajo de la cadena de valor de los metales, mantiene alterado el ánimo de las grandes empresas mineras. Es que en medio del debate alentado por al conflicto en Famatina, el Ejecutivo podría avanzar en modificar una de las políticas oficiales que más tensiones genera aún dentro del kirchnerismo y sintetizar la casi docena de proyectos legislativos que proponen elevar las regalías hasta el 12 por ciento.
En la Gobernación de Catamarca, donde avanzaron en la idea del Ejecutivo de crear una minera provincial, no descartaron la posibilidad de que se eleven las regalías. “Son una parte importante del presupuesto provincial, pero son monedas en comparación con lo que se llevan las mineras. Queremos agrandar nuestra participación en el reparto de la torta”, definió ante BAE una fuente cercana a la gobernadora Lucía Corpacci.
Desde hace varios meses, el Ejecutivo analiza la posibilidad de modificar la legislación minera, que se conformó durante los ’90 y logró atraer inversiones de la mano de una normativa favorable al sector. Pero cualquier mención sobre cambios en el entramado legal genera una reacción inmediata del sector sobre la falta de garantías legales y la retracción de inversiones, todas de ellas millonarias y con impacto directo en las provincias.
En septiembre pasado, las mineras comenzaron a olfatear posibles cambios: crear empresas provinciales para asociarse con las privadas para poder controlar las declaraciones juradas hechas en laboratorios extranjeros, que son la base de su tributación, o elevar la carga impositiva, que tiene una estabilidad que dura tres décadas. En aquel momento, las empresas mineras reconocieron que –aunque la ley las protegía– estaban dispuestas a ceder algunos puntos de su ganancia para ganar tranquilidad en la continuidad del negocio. Desde ese momento, la posición no se modificó ni un milímetro.
Muestra de esa decisión de no agitar las aguas fue el silencio que siguió al decreto que restableció la obligatoriedad de liquidar en la Argentina la “la totalidad de las divisas” provenientes de sus exportaciones –entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones anuales–. El texto se publicó en el Boletín Oficial tres días después de ganar las elecciones con el 53,96% de los votos. La medida alcanzó también a las productoras de hidrocarburos.
Todo ocurrió mientras las mineras seguían cosechando los beneficios de los precios internacionales: la onza de oro pasó de los u$s640,50 en el 2007 hasta los u$s1.923,20 a principios de septiembre del 2011 y se ubicó en los u$s1.650 la semana pasada. Algo similar ocurrió con otros metales como el cobre, que en el último año pasó de u$s7.594,5, llegó a los u$s8.709 y se ubicó en los u$s8.225 la tonelada.
Según la Encuesta Nacional de Grandes Empresas que elabora el INDEC, las grandes mineras –35 multinacionales sobre un total de 39– obtuvieron utilidades
anuales por $25.035 millones sobre los $101.401 millones que en el 2010 –último dato disponible– generaron las 500 mayores empresas que operan en la Argentina.
Pero la decisión de evitar peleas no sólo está ligada al nivel de ganancias y al resultado que tuvieron algunas empresas que cuestionaron al Gobierno, como le ocurrió a Minera La Alumbrera, que quedó relegada de la relación con el Ejecutivo; sino que tiene también un fuerte anclaje con lo que ocurre por estas horas en La Rioja, donde la población que rodea al cerro Famatina rechaza abiertamente la instalación de una mina a cielo abierto, como ya ocurrió en el 2006 cuando la canadiense Barrick Gold decidió abandonar el proyecto.
En este contexto, las mineras –casi todas de capitales extranjeros y con desarrollo en otros países de la región– temen un avance en términos de política fiscal que posibilite una salida elegante al conflicto que se desarrolla en Famatina: cambiar la ecuación tributaria podría diluir la discusión sobre el impacto ambiental de la mano de una inyección de divisas en las provincias donde operan estas firmas.
Mussi dijo que la explotación debe ser sustentable
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, desmintió “rotundamente los supuestos cuestionamientos” a la movilización y protesta del pueblo de Famatina contra la explotación minera que impulsa la canadiense Osisko Mining Corporation.
“Como funcionario público y como Secretario de Medio Ambiente es impensable que cuestione la legítima expresión y preocupación de la ciudadanía sobre cuestiones ambientales”, subrayó.
Además, Mussi remarcó que tanto la minería como el resto de las actividades productivas que se desarrollan en el país “deben desenvolverse en el marco de regulaciones y planes de sustentabilidad que garanticen el cuidado del ambiente y la provisión de recursos para las generaciones futuras sin que esto signifique demonizarlas”.
Más de diez propuestas presentadas en el Congreso para elevar los tributos del sector
En la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados se desentendieron de algún impulso oficial para avanzar en una modificación de la ley 24.196, que regula la actividad minera, pero reconocieron la presencia en ambas Cámaras de diversos proyectos para cambiar el régimen vigente.
Según el artículo 22 de la ley, las provincias que adhieran a ella recibirán regalías no superiores “al 3% sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”. Pero en la Cámara baja hay más de una decena de proyectos presentados –que no tienen siquiera dictamen de comisión– para modificar este artículo.
Lo apuntan desde dos aspectos: uno, el porcentaje fijado como tope; otro, el concepto de “boca mina”.
La ex diputada salteña Beatriz Daher, del Peronismo Federal, proponía elevar las regalías al 7%; los catamarqueños Raúl Paroli (terminó su mandato) y Mariana Veaute, ambos radicales, al 12%; su comprovinciano y legislador del Frente Cívico y Social de Catamarca, Pedro Molas, quiere que las provincias puedan fijarlas entre un 3 y un 10 por ciento. El chubutense Juan Pais y el rionegrino Jorge Rojas (finalizó mandato), ambos del Frente para la Victoria (FPV), proyectan una elevación al 10%, aunque con variaciones de acuerdo con el precio de comercialización en el mercado nacional e internacional.
Entre los que piden cambiar que las regalías se calculen según el total facturado y no por el valor “boca mina” están el ex legislador riojano Alberto Paredes Urquiza (FPV) y el bloque de diputados de San Juan. De ese modo, el cálculo sobre las regalías se haría luego de descontar todos los costos de producción de las minas.
En San Juan ya rige un sistema similar, que negoció el gobierno de José Luis Gioja. Eso permite que en caso de que la onza de oro supere los u$s1.000 en el mercado (hoy por encima de los u$s1.600) el 3% que fija como tope la ley nacional se regula por el total facturado y no sobre el valor “boca mina”. Desde el gobierno de esa provincia explicaron a BAE que con eso saldaron uno de los problemas históricos con las empresas. “La discusión histórica fue siempre qué se contabilizaba como costo de producción y qué no. Ahora ése es un problema saldado, porque ya no tenemos que revisar todos los libros contables”, indicó.
Otras fuentes legislativas dieron cuenta de un proyecto del senador César Gioja –hermano del gobernador– que tramita en el Senado, que apunta a un incremento paulatino del porcentaje que se paga por regalías, el que iría in crescendo en la medida en que la cotización crezca, y una independencia total de los gobiernos provinciales para fijar los porcentajes a deducir. Crea un artículo 22º bis redactado así: “Cada provincia podrá establecer el porcentaje máximo a deducir para cada uno de los costos detallados en el presente artículo”.
