Cajamarca y Lima, Perú – 29/08/07. El próximo 16 de septiembre, apoyemos la consulta ciudadana sobre actividades mineras en Huancabamba y Ayabaca. Minera Majaz está de manera ilegal en el territorio de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas. La empresa se hizo de las concesiones y de los permisos de exploración sin la aprobación de éstas y los más altos funcionarios del gobierno la apoyan. Son los campesinos los que desprotegidos por el Estado deben luchar contra la minera, aún a costa de su seguridad física y las denuncias. Los comuneros y sus alcaldes han optado por hacer una consulta ciudadana. Ellos quieren respeto, que la democracia funcione y que no sea una declaración demagógica. Por su parte –entre otras acaloradas situaciones- Minera Majaz, ahora bajo control de inversionistas chinos, le ha puesto precio a las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas donde la población decidirá si aprueba o no su proyecto minero; la oferta es de US$ 40 millones para cada una de las comunidades, que serán repartidos en un plazo de aproximadamente 25 años.
Fuente: La República
Apoyemos la consulta ciudadana sobre actividades mineras en Huancabamba y Ayabaca
Por P. Marco Arana
En el país estamos aún lejos de haber construir una democracia que funcione. Muchas veces, la pobreza empuja a sacrificar ecología por trabajo, salud por ingresos, sostenibilidad ambiental por divisas. Como si el único destino del Perú fuera el de la pobreza y la contaminación.
Como nos resistimos a construir un país para todos, no prestamos interés al hecho que centenares de empresas mineras están obteniendo miles de hectáreas de concesiones en casi todo el Perú. Solo en el departamento de Cajamarca diez distritos han sido concesionados al 100% de su territorio. La concesión minera otorga prevalencia a su titular para poder realizar sus actividades por sobre el derecho del propietario del suelo superficial.
La Constitución señala que los recursos naturales son del Estado para que su utilización beneficie a todos los peruanos. Sin embargo, esta norma se aplica de manera perversa: Los recursos son de todos los peruanos pero a la hora de otorgar derechos sobre los mismos, son los burócratas del MEM lo que disponen de ellos para beneficiar a las empresas mineras. Las concesiones se otorgan sin consultar a las autoridades regionales y locales. En una oficina de Lima, se otorgan miles de hectáreas de tierras sin que tampoco sea requisito consultar previamente a los dueños del suelo superficial. La manera como la actual legislación regula la entrega de concesiones constituye, en la práctica, el mecanismo por el cual las mineras pueden invadir los territorios de las comunidades e iniciar el despojo y la expoliación de la propiedad.
Los promotores de la minería a ultranza, sostienen que esto no es así, pues las normas también prevén que los titulares de las concesiones deben ponerse de acuerdo con los propietarios del suelo superficial. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que el titular de la concesión llega a las comunidades dispuesto a ejercer su derecho sí o sí. En mayo de 1993, Yanacocha consiguió la expropiación de 609 has. a la comunidad de San Andrés de Negritos pagando 60 mil nuevos soles, en noviembre de ese mismo año la empresa hipotecó esas mismas tierras a dos bancos extranjeros obteniendo 60 millones de dólares. Negocio redondo para la empresa, despojo para los campesinos.
En el caso de Majaz en Piura, la minera está de manera ilegal en el territorio de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas. La empresa se hizo de las concesiones y de los permisos de exploración sin contar con la aprobación y permiso de éstas. Lo increíble es que los más altos funcionarios del gobierno apoyan a la minera. Las comunidades están en su derecho de expulsar de su territorio a quienes han violado su derecho de propiedad y la ley de comunidades campesinas, y para ello debieran contar con el apoyo de la policía y las autoridades. Pero el mundo está al revés. Son los campesinos los que desprotegidos por el Estado deben luchar contra la minera, aún a costa de exponer su seguridad física y sufrir denuncias. Los comuneros y sus alcaldes han optado por hacer una consulta ciudadana. Ellos quieren respeto, quieren que la democracia funcione y que no sea una declaración demagógica. El próximo 16 de setiembre, apoyemos la consulta ciudadana sobre actividades mineras en Huancabamba y Ayabaca.
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¿Todo tiene precio?
Por: José De Echave
Minera Majaz, ahora bajo control de inversionistas chinos, ha decidido abrir un nuevo capítulo en la accidentada historia de su proyecto Río Blanco en la sierra de Piura. Le han puesto precio a las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas; la oferta es de US$ 40 millones para cada una de las comunidades, que serán repartidos en un plazo de aproximadamente 25 años.
Por supuesto la entrega del dinero será a cambio de una serie de condiciones que pretenden imponer a las comunidades y hasta al Estado peruano. Un millón de dólares si las comunidades aceptan participar en el fondo; dos millones si cada comunidad “ratifica” el uso de las tierras de las comunidades; un millón cuando el Ministerio de Energía y Minas apruebe el estudio de impacto ambiental; quinientos mil durante la construcción; un millón y medio cada año de producción y así se fijan algunas otras condiciones más.
Llama la atención el pedido de “ratificación” del permiso de las comunidades. En realidad no hay nada que ratificar ya que la empresa nunca tuvo la autorización de ambas comunidades, tal como lo manda el artículo 11 de la ley que promueve la inversión privada en las tierras de las comunidades campesinas: se necesita el acuerdo de la asamblea general y con el voto conforme de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad. La supuesta “ratificación” pretende evitar que la denuncia penal en contra de Minera Majaz, por el delito de usurpación, prospere; asimismo buscan arreglar las observaciones que los propios Registros Públicos han hecho sobre un derecho de servidumbre que solamente existe en la fantasía de sus asesores legales.
Al parecer, la empresa entiende que en el Perú todo tiene un precio y no le interesa que los peruanos discutamos la conveniencia de que la sierra de Piura se convierta en un nuevo distrito minero. Frente a la consulta ciudadana del próximo 16 de septiembre ha decidido jugar todas sus cartas y pretende crear incertidumbre en ambas comunidades con este tipo de ofrecimiento. Sin embargo, uno de los problemas que tiene Minera Majaz es su absoluta falta de credibilidad. ¿Por qué uno empresa que le ha mentido reiteradamente a ambas comunidades y a las autoridades peruanas se le debe creer ahora; más aun cuando se trata de un ofrecimiento que se proyecta para los próximos 25 años.
Minera Majaz ha decidido salir de compras; las comunidades se encargarán de darle la respuesta.
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