Hay innumerables estrategias de engaño, cooptación y coerción social; son estrategias acumuladas por una larga historia de explotación. A pesar de existir recomendaciones durante los últimos años pidiendo que se reconozca el consentimiento de las comunidades para resolver tales conflictos, no hay prácticas ni reglamentos establecidos. Cuando las comunidades intentan realizar sus propias consultas populares, enfrentan mucha presión. Además, existen estándares internacionales sobre la reubicación forzada, que muchas veces dejan sin alternativa a las comunidades.
Mitos y realidades de la minería transnacional
Por Jennifer Moore *
Derechos Colectivos
Mito #6: Ningún proyecto minero se hace sin consentimiento previo de las comunidades.
Hay innumerables estrategias de engaño, cooptación y coerción social; son estrategias acumuladas por una larga historia de explotación. A pesar de existir recomendaciones durante los últimos años pidiendo que se reconozca el consentimiento de las comunidades para resolver tales conflictos, no hay prácticas ni reglamentos establecidos. Cuando las comunidades intentan realizar sus propias consultas populares, enfrentan mucha presión. Además, existen estándares internacionales sobre la reubicación forzada, que muchas veces dejan sin alternativa a las comunidades.
Ejemplo: En tres municipalidades de la parte alto andina de Piura, Perú, a través de una consulta popular en septiembre de 2007, el 94% de los pobladores dijeron “no” a la actividad minera. Antes del evento, el gobierno central hizo todo lo posible para evitar la consulta y el ejercicio democrático. Dos semanas después, el gobierno declaró 20 proyectos mineros como prioridad nacional, dentro de los cuales estaba el proyecto minero de Río Blanco Copper (antes Minera Majaz, de la inglesa Monterrico Metals, hoy en manos de un consorcio chino), al que refería la consulta. Ahora hay más de 300 moradores de la zona que han participado en el frente contra la minería y quienes están enjuiciados. El gobierno peruano ha decretado una nueva legislación para implementar el Tratado de Libre Comercio con EEUU, legislación que puede negar el derecho a consultar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas en particular.
Ejemplo: En la ciudad patagónica de Esquel, en Argentina, más del 80 por ciento de la población rechazó el proyecto de explotación de oro Cordón Esquel, que proponía la empresa canadiense Meridian Gold (absorbida este año por Yamana Gold), en una consulta popular realizada el 23 de marzo de 2003. Luego de esto, la empresa declaró el proyecto “en pausa” y aseguró públicamente que no avanzaría hasta “responder a todas las dudas de la comunidad”. Meses después la Asamblea Local de Vecinos local difundió las grabaciones de una reunión secreta, realizada en un lujoso hotel de Buenos Aires, donde la empresa –con el apoyo de una consultora en comunicación y la organización Business For Social Responsability (BSR) de Estados Unidos– desarrollaba estrategias para “dar vuelta a la comunidad” y desarticular la oposición social al proyecto. Seis vecinos de Esquel y dos periodistas fueron llevados a juicio por la empresa después de la difusión de esas grabaciones.
* Periodista canadiense de prensa y radio radicada en Ecuador. Sus documentales radiales se han difundido por la radio pública de Canadá, la CBC y The Green Planet Monitor, además de varias producciones de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Universitarias de Canadá. Sus artículos se han publicado en upsidedownworld.org, dominionpaper.ca, rabble.ca y otros.
Nota de la redacción: Finalmente la justicia sobreseyó a los vecinos y a los periodistas de Esquel que fueron denunciados por la minera.
> Pulsar para ir al artículo completo Mitos y realidades de la minería transnacional
