Siete de cada diez personas de las provincias mineras se oponen a esa actividad. Una encuesta de la consultora Aresco evidencia una mayoritaria oposición a la megaminería. Se realizó en seis provincias mineras. Los encuestados también cuestionan las leyes que protegen la actividad. Más de la mitad cree que provoca un daño grave al ambiente.
Por Darío Aranda publicado en el diario Página/12
23/11/2010. Siete de cada diez personas rechazan la actividad minera a cielo abierto en las provincias con esa actividad. Es la cifra que se desprende del primer relevamiento sobre la actividad extractiva y que confirma la negativa que genera la minería a gran escala en el país. Realizado por la consultora Aresco, el estudio abarca seis provincias cordilleranas y señala que sólo el 17 por ciento se mostró a favor de la actividad. Con el marco de la aprobación de la ley de protección de glaciares y la movilización sostenida de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) –un centenar de organizaciones en todo el país–, la investigación afirma que existe un convencimiento alto sobre la contaminación que produce la actividad, revela que los encuestados priorizan mayoritariamente el cuidado del ambiente por sobre la posibilidad de empleo y se explicita un amplio rechazo a los beneficios impositivos que tiene la actividad. Argentina planifica la instalación de quince proyectos en el corto plazo y publicita la existencia de 400 proyectos en exploración.
El 23 de marzo de 2003 se produjo un quiebre en el avance de las empresas mineras y también en el accionar de las comunidades para decidir su forma de desarrollo. En la ciudad chubutense de Esquel se realizó un plebiscito donde el 81 por ciento votó por el “no a la mina”, que frenó la instalación de un emprendimiento de oro y plata. Ningún otro gobierno provincial permitió votaciones sobre la actividad minera. Y ninguna empresa aceptó someter su posible instalación a la opinión de la población. Nunca se conocieron datos estadísticos sobre el rechazo, o aceptación, de la actividad minera a gran escala.
“Estudio sobre minería a cielo abierto en provincias mineras”, es el nombre del relevamiento realizado en septiembre último por la consultora Aresco, bajo la dirección del sociólogo Julio Aurelio. Con una muestra de 802 casos abarcó las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. El trabajo de Aresco destaca que se cubrió todo el territorio de las provincias y no sólo las áreas directamente vinculadas con la explotación minera.
Consultados sobre el posible “acuerdo con la producción minera a cielo abierto a nivel nacional”, el 76,6 por ciento afirmó estar “poco/nada de acuerdo” y sólo el 17,4 por ciento se mostró a favor. Cuando la consulta se realiza sobre la actividad a nivel provincial, el 31,3 por ciento optó por el “nada de acuerdo” y el 30,1 por ciento “poco de acuerdo”. El rechazo provincial llega así al 61,5 por ciento. El 12,9 por ciento se mostró “muy de acuerdo” y el 14,8 “bastante de acuerdo”.
“Gran parte de la población de las seis provincias, dado el impacto sobre el ambiente, no muestra acuerdo con el desarrollo de la minería a cielo abierto y con los beneficios impositivos que se otorguen a las empresas”, es una de las conclusiones del trabajo. El 33,2 por ciento afirmó estar “nada de acuerdo” con las ventajas impositivas de la minería, y el 33,8 por ciento optó por el “poco de acuerdo”. De esta forma, siete de cada diez personas cuestionaron la actual legislación que impulsa la actividad.
Desde la década del ’90 en el país rige un paquete de leyes sobre la minería a gran escala, entre ellas las leyes 24.196 (de Inversiones Mineras) y 24.228 (Acuerdo Federal Minero). La legislación nacional prohíbe al propio Estado (nacional, provincial y municipal) explotar por sí solo cualquier yacimiento. En contraposición, las grandes empresas internacionales gozan de estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años, tiene un tope de sólo tres por ciento a las regalías en las provincias (se calcula en base al valor de boca de mina, bajo una simple declaración jurada de la propia empresa y sin control estatal), cuentan con exención del arancel de importación para equipos y maquinarias, devolución de IVA a la exploración y exención de impuestos a las ganancias.
Desde 2007 la actividad minera tiene retenciones a las exportaciones. Cinco por ciento para minerales procesados y diez por ciento para los concentrados. “Las compañías mineras suelen publicitar las enormes cifras sobre exportaciones, pero en verdad esas cifras significan poco para la macroeconomía de Argentina porque las empresas no tienen obligación de liquidar divisas en el país”, resumió Horacio Machado Aráoz, investigador del Grupo de Ecología Política de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales).
La encuesta de Aresco plantea un apartado sobre minería y ambiente: el 52,7 por ciento afirmó que la actividad de las empresas “provoca un impacto importante en el medio ambiente”, mientras que el 13,3 sostiene que “no provoca ningún impacto”. La consultora introdujo una disyuntiva entre puestos de trabajo y ambiente y pregunta qué debe tener prevalencia. El 72,5 por ciento afirmó que debe tener prioridad el cuidado del ambiente.
Datos oficiales de la Secretaría de Minería de Nación señalan que el número de proyectos mineros creció un 900 por ciento entre 2003 y 2010. En ese período se pusieron en marcha ocho grandes proyectos y comenzó la instalación del megaemprendimiento Pascua Lama, operada por la empresa Barrick Gold. La Secretaría afirma que en los próximos años se construirán otros quince “proyectos mineros de envergadura internacional”.
En la última Feria de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), el mayor encuentro de negocios de la minería mundial, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, anunció que Argentina “será uno de los principales productores mineros del mundo” y precisó que el país pasó de tener doce proyectos mineros “a más de 400” en exploración.
“Venimos por noveno año consecutivo a comentarle a la comunidad inversora del mundo que Argentina es la nueva frontera minera que tiene el mundo para poder expandirse y para poder desarrollarse. Estamos felices de poder llevarlo adelante”, afirmó Mayoral ante un auditorio de empresarios extranjeros y auguró que, para el 2020, el país pretende ser “el gran jugador minero del mundo” en materia de cobre, oro, plata y litio entre otros minerales.
Consultado por la ausencia de encuestas sobre aceptación o rechazo respecto de la minería, Federico Aurelio, director de consultora Aresco, aportó hipótesis: “Es muy extraño que, dada la polémica que genera la minería y la importancia económica del sector, no se realicen estudios periódicos sobre la opinión de la población, incluso debieran ser obligatorios. Estimo que también es posible que existan esos estudios, pero contengan información que no convenga ser divulgada”.
Aurelio explicó que su consultora realizó el estudio por una solicitud del programa televisivo Bajada de línea (de Víctor Hugo Morales), destacó que un relevamiento posterior debiera ampliar la muestra en cada provincia para poder hacer lecturas detalladas de cada ciudad y afirmó que el estudio “es indicativo de un piso en cuanto al rechazo que genera la minería”.
Las compañías mineras usan, a nivel internacional y local, dos palabras como sinónimos de buenas prácticas empresarias: “licencia social”. Así llaman las mineras al apoyo que las comunidades otorgan a las compañías en su etapa de exploración de minerales. En ese período es cuando comunican sus promesas hacia la comunidad y practican estrategias de seducción hacia las poblaciones aledañas, muchas veces mediante donaciones a escuelas y hospitales.
Es regla del sector minero internacional y local prometer que avanzarán en construcción y extracción si obtienen la licencia social de la comunidad. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Manuel Benítez, participó en abril último de Expomin 2010, la feria del sector que se realiza en Chile y a la que concurren todas las grandes compañías. En su discurso celebró el impulso de la minería en Argentina, el avance de empresas en busca de litio y uranio y recordó que la licencia social es “imprescindible para el desarrollo minero”.
Las Asambleas Ciudadanas (UAC) rechazan la megaminería por las consecuencias sociales, económicas y ambientales. Entre las mayores críticas sobresale el enorme consumo de agua, siempre en zonas semidesérticas, que se contamina y se vuelve irrecuperable. Las UAC coinciden, en forma unánime, en no otorgar la licencia social a las empresas mineras. El relevamiento de la consultora Aresco cuestiona también la supuesta licencia social de las compañías mineras y, por primera vez, aporta elementos cuantitativos a una de las consignas históricas de las Asambleas: “El agua vale más que el oro. No a la mina”.
Una movilización continental
Los pueblos indígenas de doce países convocaron a una movilización continental el 21 de junio del 2011 en defensa de la vida y el ejercicio pleno de sus derechos ante el impacto de la minería. Alrededor de un centenar de líderes indígenas de Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Sudáfrica acordaron además constituir una plataforma continental de lucha frente a las políticas extractivas, a las cuales se oponen por causar contaminación en el territorio que ocupan. La declaración final del Foro de los Pueblos Indígenas “Minería, Cambio Climático y Buen Vivir”, celebrado del 18 al 20 de noviembre en Lima, reiteró su negativa tajante contra la minería transnacional y exigió la inmediata derogación de los títulos y concesiones mineros “inconsultos”. Los pueblos indígenas exigen a los organismos de las Naciones Unidas que los bienes naturales sean declarados patrimonio de los pueblos indígenas que los albergan.
EL CASO DE ANDALGALA
Ni votación ni encuestas
El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y casos de contaminación. Ante la aprobación de un nuevo proyecto, y la masiva movilización de la población, encuestadores privados recorrieron la ciudad, pero nunca se difundieron los resultados. En junio último, el diario El Ancasti filtró el resultado de la encuesta: siete de cada diez habitantes rechaza la minería. El intendente, José Perea, en sintonía con el gobierno provincial y las empresas, logró suspender un plebiscito vinculante donde la población expresaría su opinión sobre la minería a gran escala.
Por Darío Aranda publicado en el diario Página/12
El gobierno de Catamarca aprobó en 2009 el inicio del proyecto Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro. Es publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población. En diciembre pasado los vecinos cortaron el camino comunero que llega hasta el lugar donde se construye Agua Rica. Allí nació la Asamblea El Algarrobo, que fue duramente reprimida el 15 de febrero por la policía provincial.
A la represión le siguió una masiva movilización sobre el centro de Andalgalá y la suspensión temporaria del proyecto. El 11 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la realización de un referéndum vinculante para que la población decida si acepta la instalación de Agua Rica. El gobierno municipal recurrió al Poder Judicial porque consideró “inconstitucional” que la población se exprese democráticamente. El plebiscito fue suspendido en tribunales. Yamana Gold es la empresa canadiense a cargo de Agua Rica. Había rechazado ante este diario la posibilidad de una votación en Andalgalá, la consideró “inconstitucional”.
La Asamblea Vecinos por la Vida retrucó: “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”.
Semanas antes de que se suspendiera el plebiscito, los vecinos de Andalgalá se sorprendieron con encuestadores que llegaron hasta las viviendas rurales y también en la plaza principal del pueblo. Cuando preguntaban para quién era el estudio, obtuvieron siempre la misma respuesta: “Una consultora”. Nunca se hicieron públicos los datos finales, hasta que el 17 de junio el diario El Ancasti, de reconocido apoyo a la actividad minera, publicó un editorial donde filtró las cifras negativas a la minería: “Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, siete de cada diez ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras (…) La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura (…) está claro que no es posible desarrollar la minería sin consenso social”. La estadística no fue desmentida por el gobierno ni por las empresas. El editorial, firmada por el dueño del periódico (Silvestre Zitelli), instaba al gobernador Eduardo Brizuela del Moral a tomar medidas urgentes para revertir la situación.
