Buenos Aires, Argentina – 14/03/07. Con este acuerdo el gobierno argentino afirma la función primordial del Estado en una sociedad de mercado: resguardar, promover y garantizar las inversiones privadas, lo que deriva también en aplicar las fuerzas de seguridad y represión legales cuando la seguridad empresaria está en peligro.
Las supuestas fiscalizaciones estatales en cuestiones ambientales se anuncian para balancear e intentar controlar la lucha vecinal en movilización y apuntan a que el pueblo ya no los haga. El Estado debería representar a todos los habitantes a diferencia del capital privado que solo representa a sus accionistas, para eso se deben establecer reglas de juego igualitarias y solidarias para toda la población, y no para el privilegio de algunos.
Sin embargo, con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que suman a la deuda externa y son útiles para que las empresas nos roben y envenenen, se intenta remediar una serie de minas sin actividad que están contaminando, en la puna jujeña especialmente. Esto es “privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas”. Lo mismo hizo la CNEA con créditos del Banco Mundial para remediar minas de uranio, entre ellos Los Adobes en Chubut.
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La renuncia de la actual Secretaria de Medio Ambiente de la Nación es una exigencia obligada
El “acuerdo” lo firmaron Mayoral y Picolotti (texto del comunicado oficial).
Fomenta la cooperación entre ambas áreas. Destaca la importancia de la minería para el desarrollo del país. Reconoce a las provincias como autoridad de aplicación de la normativa ambiental.
Las Secretarías de Minería y de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación celebraron un Acuerdo Marco de Cooperación en el que reconocen la importancia de la actividad minera para el desarrollo equilibrado del país.
Este acuerdo fue rubricado por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, en un acto en el que también participaron representantes del Consejo Federal Minero, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y la Asociación Obrera Minera Argentina, entre otros.
En el convenio, los organismos reconocen la “existencia de un Marco Normativo Ambiental Minero”, incluido al Código de Minería de la Nación que “otorga a las provincias la autoridad de aplicación -de la ley-, en razón del derecho originario que las mismas poseen sobre los recursos naturales”. A esto agregan que las partes “reconocen la importancia de la actividad minera en el desarrollo equilibrado del país”, según el documento.
Ante estos considerandos, las autoridades acordaron articular y potenciar las capacidades de las dos áreas mediante la asistencia técnica y la cooperación, compatibilizando así el desarrollo económico productivo y el resguardo del medio ambiente. El acuerdo también prevé el intercambio de información técnica generada por cada organismo en materia de protección ambiental.
Durante el acto de firma, Picolotti agradeció a los presentes y destacó que éste es el resultado que demuestra que se puede trabajar en conjunto entre las dos áreas de gobierno y es el primer paso hacia un camino de colaboración.
Por su parte, Mayoral señaló que “hoy materializamos muchas de las actividades que llevamos adelante juntos para consolidar el crecimiento productivo nacional, haciendo realidad el proyecto del Presidente de construir un país diferente, con más oportunidades para todos sus habitantes”. Al respecto, el funcionario aseguró que “promovemos el desarrollo minero ambientalmente sustentable y socialmente sostenible como verdadera alternativa de progreso, trabajo genuino y bienestar social para nuestras comunidades, principalmente para las más alejadas a los principales centros industriales del país”
En este marco, Mayoral recordó algunas de las acciones que ambos organismos llevan adelante, como visitas a yacimientos mineros en las provincias y la presentación de un programa ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tiene por finalidad financiar acciones para fomentar el uso de tecnologías limpias en el campo de la producción.
