Por estar profundamente perjudicados, en todo sentido, por la actividad megaminera en la Republica Argentina le pedimos a la Sra. Presidenta tenga la amabilidad de asistir a un almuerzo con los pueblos afectados por esta actividad así como lo hizo con los empresarios de la mega-corporación Barrick Gold, entre ellos Peter Munk y más de una veintena de directivos de otras mineras de Canadá y EE.UU. en el marco de la cumbre del G20. Por ser la Presidente y nosotros el PUEBLO ARGENTINO pedimos que nos escuche. Así como pudo organizarse un almuerzo con quienes hipotecan el futuro de la Argentina, pueda sentarse a escuchar a quienes lo construyen. Si logra escucharnos, pudiera entonces explicar el real beneficio que la mega minería nos deja como pueblo. Nuestro planteo nos es formulado uniteralmente desde el punto de vista económico. Aún así no encontramos ningún beneficio económico a esta actividad (3% de regalía minera para el país, sumado a las deducciones impositivas, los plazos de realización de las declaraciones juradas de los minerales que nos saquean estas corporaciones en complicidad del Estado Argentino. Recordemos la firma de un acuerdo que le permitirá a la minera Barrick Gold gozar de mayores ventajas impositivas que a otras empresas del sector, firmados después la 1º reunión con Peter Munk, motivo por el cual varios funcionarios del Ministerio de Economía renunciaron a sus cargos en el 2009).
No creemos que este tipo de explotación sea un buen negocio para la Macro y Micro Economía Argentina. Consultamos si a la hora de autorizar tan terribles y graves emprendimientos se consideró alguna vez el costo socioambiental y el impacto sobre las economías locales que provoca la mega minería a cielo abierto con la utilización de las técnicas de lixiviación o flotación con sustancias peligrosas.Los ejemplos nacionales y mundiales donde se asientan este tipo de emprendimientos recargan los costos sobre los pueblos. Es inocultable y creciente el desequilibrio ambiental con agotamiento de sustenabilidad real.
Pasivos ambientales, daños socioeconómicos, destrucción de economías regionales, empobrecimiento y aumentos de las enfermedades mortales, son el terrible saldo del accionar de la megaminería. Poblaciones que sufren atropellos, contaminación, y saqueos por el accionar de las transnacionales mineras deben ser escuchadas por quien las Representa. Lamentablemente en varias provincias cordilleranas, la corrupción gerencial, política y multimedia, operan a favor de las estrategias del saqueo y la contaminación generalizada. Hoy los pobladores que ya no pueden ser engañados respecto al alto costo e impacto que este tipo de emprendimientos generan donde se instalan, se convierten en guardianes de los bienes comunes. Bienes que deben usarse con equidad justicia y solidaridad. El desarrollo en armonía y equilibrio donde prime la paz social es un deber del estado y un derecho constitucional el defenderlo.
Sabemos que las campañas emprendidas desde el gobierno, siempre remarcaron y lo continúan haciendo actualmente, su repudio a las violaciones a los Derechos Humanos. Dadas estas circunstancias no entendemos porque se tienen “pleitesías” ante el Sr. Peter Munk, quien fundó y construyó su compañía Barrick Gold (en Argentina tiene los Proyectos Veladero y Pascua-Lama) con dineros que llegaban desde otro de sus fundadores Adnan Khashoggi, quien saltó a la fama por vender armas ilícitamente a los Iraníes. Esta corporación, Barrick Gold, en todos los países donde se instaló cometió delitos de lesa humanidad .Como ejemplo citamos Indonesia, durante la presidencia de Suharto, con el emprendimiento minero Busang o el genocidio en Zaire para apropiarse de las tierras junto con la corporación Anglo American. Accionar que da sentido a lo que se conoce como “Emprendimientos Mineros con Ejércitos Mercenarios”.
Si llevamos esto a la realidad Argentina, específicamente podemos referirnos a Andalgalá. Un pueblo que fue brutalmente reprimido por la policía de la Provincia de Catamarca por intentar defender su derecho al agua pura, que no es más que la defensa del derecho inalienable a la Vida. Al día de hoy, la Política Nacional está ausente en la guarda de los derechos humanos de estas poblaciones u otras como Jachal, en San Juan. En Andalgalá el Juez Rodolfo Cecenarro, ordenó junto a la Fiscal Marta Nieva la represión al pueblo el 15 de febrero de 2010, Cecenarro (ex funcionario de YMAD Yacimiento Minero Agua de Dionisio) tiene en su escritorio más de 300 denuncias de parte del pueblo de Andalgalá por abuso de toda índole. ¿Quién vela por los derechos de estos habitantes si el propio juez de garantías de Andalgalá judicializa a los pobladores que son los damnificados? Por otro lado el Superintendente de Seguridad de Minera Agua Rica está cuestionado por ser un ex mercenario de la 2º Guerra del Golfo. ¿Qué clase de gente traen estas corporaciones? Esperamos de la Sra Presidente, que, con su vehemencia ante la problemática de los Derechos Humanos tome medidas con respecto a estas situaciones de vejación y violación a derechos de primera y tercera generación. No queremos más que se prostituyan el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho a la libertad de expresión.
El derecho al agua es un derecho humano inalienable, pedimos no se haga caso omiso a la responsabilidad que tiene como nuestra Representante ante la contaminación y usurpación del territorio que lleva al desplazamiento de poblaciones enteras, para favorecer a estas corporaciones. La categoría de Desplazado es para aquellas personas que se tuvieron que trasladar por medios propios o no, por la imposibilidad de un Estado de brindarles la seguridad que los sostenga como individuos y/o sociedades dentro de su espacio. Como REPRESENTANTE DEL PUEBLO ARGENTINO esperamos que la Sra. Presidente atienda el llamado urgente de las comunidades afectadas. Si las poblaciones de Andalgalá y Jáchal tienen que ser desplazadas, así como ya lo fueron las poblaciones de Amanao o VisVis en Catamarca, solo para dar ejemplos, agudizaríamos profundamente la grave violación de derechos humanos existente ya.
Tenemos lastimosamente presente la decisión presidencial de vetar a la Ley de protección de glaciares y ambiente periglaciar de la DMC Marta Maffei. Veto que fue y es conocido como el Veto de la Barrick Gold. Tenemos lastimosamente presente el foro que se convocó desde el ejecutivo para crear una Ley “superadora” y cuyo resultado, redunda en un proyecto de Ley de protección de glaciares que no resguarda adecuadamente el bien tutelado. Este proyecto de Ley, encabezado por el Senador Filmus tiene graves falencias y permitiría de aprobarse, darle a las corporaciones mineras paso por el ambiente periglaciar condenando a la destrucción nuestras reservas hídricas
Si este gobierno siempre repudió “la seguridad jurídica” ofrecida hacia el grupo empresario de la década de los 90. Nos sorprende entonces que en una entrevista, poco después de la conclusión del G20, la delegación de funcionaros de Argentina haya mencionado con orgullo lo satisfecho que había quedado el empresariado minero internacional ante la SEGURIDAD JURÍDICA garantizada por nuestra presidente.
Algo que no entendemos es, si el Gobernador Gioja de la Provincia de San Juan, cercano a la empresa minera Bentonitas Santa Gema, el Secretario de Minería de la Nación Mayoral, accionista de minera Millstone que comparte oficinas con la Barrick Gold Argentina ¿Fueron a reunirse al G20 y especialmente con Munk como funcionarios del pueblo Argentino o como interesados mineros?
El pedido a la. Presidente es claro y simple, pedimos el ejercicio de la democracia por la que fue electa. Pedimos a la Sra. presidente que se gobierne para y por nosotros, su pueblo y no por los intereses de las multinacionales del saqueo.
Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial
