Mineros de la empresa Doe Run, de capital estadounidense, advirtieron que iniciarán la próxima semana bloqueos carreteros, tras fracasar el diálogo entre el consorcio y el gobierno para solucionar un problema ambiental. Doe Run opera desde 1997 un complejo metalúrgico en la región serrana de La Oroya, en el departamento de Junín, y su inminente paralización dejaría sin trabajo 3.500 personas. En la actualidad, la empresa debe desembolsar 260 millones de dólares para operar en Perú, 110 millones de los cuales son utilizados para cumplir obligaciones con diversos proveedores.
Fuente: NTRzacatecas.com
Lima.- 24/08/09. El líder sindical de la minera, Roberto Guzmán, dijo que el próximo lunes iniciarán la protesta con el objetivo de presionar al gobierno, para que extienda un plazo para que la empresa ajuste su plan ambiental.
Doe Run ha insistido desde hace varios meses en que el gobierno le permita modificar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), en momentos en que enfrenta una de las más graves crisis financieras.
En Perú, la empresa opera una refinería y fundidora, pero tuvo que suspender su producción en junio debido a problemas económicos, lo que llevó a la minera a buscar la forma de ser apuntalada financieramente.
Tras iniciar un proceso de reestructuración, Doe Run pidió que quedaran en suspenso las medidas de embargo en su contra, iniciadas por bancos locales, y reclamó facilidades para adecuarse a un plan ambiental.
La minera también pidió un plazo perentorio para invertir 150 millones de dólares, como acordó con el Estado para las adecuaciones de sus instalaciones.
Pero el gobierno sólo le dio un plazo hasta octubre próximo para hacer las modificaciones, periodo que tanto Doe Run como los trabajadores consideran insuficiente.
Doe Run opera desde 1997 un complejo metalúrgico en la región serrana de La Oroya, en el departamento de Junín, y su inminente paralización dejaría sin trabajo a tres mil 500 personas.
En la actualidad, la empresa debe desembolsar 260 millones de dólares para operar en Perú, 110 millones de los cuales son utilizados para cumplir obligaciones con diversos proveedores.
En ese marco, la empresa ha reclamado en diversos foros al gobierno que le de un plazo de 30 meses y que la ayuden en su situación financiera, lo que ha sido desestimado por el Ejecutivo.
