A pesar de los embates de la crisis económica internacional, la actividad minera no deja de ser atractiva para los inversionistas en el Perú. Según el IV Informe del Observatorio de Conflictos Mineros presentado el 15 de julio, las concesiones mineras aumentaron de 17 millones de hectáreas en el 2008, a más de 19 millones de hectáreas en el primer semestre de este año, siendo la actividad minera transfronteriza la que más ha crecido en los últimos años.
Por Noticia Aliadas
Lima, Perú – 18/08/09. El Observatorio de Conflictos Mineros es una iniciativa de las organizaciones no gubernamentales peruanas CooperAcción, Fedepaz y Grufides.
Las mayores concesiones que el Perú viene otorgando son en la frontera con Ecuador, en tres de los cinco departamentos limítrofes con ese país: Amazonas, Cajamarca y Piura.
La antropóloga y especialista en temas amazónicos Frederica Barclay puntualiza que justamente estas concesiones se otorgan en áreas donde ha habido históricamente conflictos limítrofes sin que el Perú tenga una política de seguridad nacional. El mapa de concesiones mineras en la frontera Ecuador-Perú —elaborado por CooperAcción con información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), del Perú, y del Ministerio de Minas del Ecuador— ilustra que por la línea fronteriza hay 12 titulares mineros (ocho por lado peruano y cuatro por el ecuatoriano.
Nacionales y extranjeros
En el lado peruano la más grande concesión corresponde a la empresa minera canadiense Dorato Resources, aunque la titularidad pertenece al ciudadano peruano Carlos Ballón Barraza. La página web de Dorato Resources afirma que la empresa posee aproximadamente 800 km2 en el área de la Cordillera del Cóndor, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas. La empresa también tiene concesiones en Ecuador, pero en menor extensión.
El área donde opera Dorato Resources en el Perú es territorio ancestral de los pueblos indígenas awajún y wampís, que entre abril y junio protagonizaron un levantamiento en contra de una serie de decretos legislativos que permitían actividades petroleras, madereras, mineras y agrícolas en sus territorios sin su consentimiento. Las protestas desembocaron el 5 de junio en un violento enfrentamiento entre policías y manifestantes, que dejó un saldo de 34 muertos.
En esta zona también se desarrolló en 1995 un conflicto armado entre Ecuador y Perú. Tres años después se firmó el tratado de paz que estableció la ubicación exacta de la frontera internacional. Según el asesor legal de la organización no gubernamental Racimos de Ungurahui, Marco Huaco, el motivo por el que Ballón Barraza aparece como titular y no Dorato Rosources es porque “el artículo 71 de la Constitución Política señala que los extranjeros no pueden tener minas en la franja de 50 km de la frontera, salvo que haya un decreto supremo aprobado en Consejo de Ministros; sin embargo, no existe dicho Decreto”.
En enero de este año, el entonces viceministro de Minas, Felipe Isasi, manifestó que de probarse esta irregularidad habría una infracción constitucional. Por otro lado, con el desarrollo de la actividad minera en el territorio ancestral de los awajún y wampís en la Cordillera del Cóndor, se estaría trasgrediendo el Acuerdo Amplio Ecuatoriano Peruano de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad firmado en el marco del tratado de paz de 1998, que hace referencia a la importancia de armonizar políticas de desarrollo para el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas en la frontera común, que hagan posible la preservación, conservación y protección de la biodiversidad y el desarrollo sustentable de las comunidades nativas de la región fronteriza fortaleciendo su identidad cultural.
“El Estado peruano decide explícita y sistemáticamente privilegiar las actividades extractivas en desmedro de la conservación de los recursos naturales y los derechos a la vida y a la salud de las poblaciones indígenas que habitan ancestralmente en dichas áreas, sin ningún argumento técnico ni jurídico que justifique el cambio de posición sobre la compatibilidad de actividades mineras con estas zonas ecológicamente vulnerables”, sostiene Huaco.
Huaco se refiere al informe 487-2006 del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) que recomienda que para proteger a “la población aguaruna [awajún] asentada en las partes bajas de la Cordillera [del Cóndor] es necesario e indispensable, a fin de mantener su calidad de vida y sus valores culturales, mantener con carácter de intangibilidad las partes altas de la cordillera, por la que vienen apoyando el establecimiento del Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor…
Los impactos que se pudieran generar como producto de la actividad de exploración y explotación minera afectarían directamente los objetivos de conservación de la zona Reservada Santiago Comaina”. “El Estado ha transgredido no sólo la legislación nacional —artículo 2º de la Ley General de Minería—, sino también el artículo 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [sobre Pueblos Indígenas y Tribales], que estipula que el Estado debe impedir que personas extrañas a los pueblos indígenas se aprovechen de sus costumbres o de su desconocimiento de las leyes para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”, manifiesta Huaco.
Minería versus población indígena
Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), que agrupa a 56 comunidades awajún y wampís, comenta que la única oportunidad en que se llevó a cabo un proceso participativo fue cuando se elaboró en el 2004 un expediente técnico que justificaba la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor.
Como resultado de este amplio proceso participativo, que duró cerca de 30 meses y que fue dirigido por INRENA, en agosto del 2007 se creó el Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor que tenía originalmente un área de 152,873.76 Ha. Sin embargo, al momento de constituirlo INRENA redujo injustificadamente el área de dicho parque a 88,477 Ha. “En esa ocasión ODECOFROC solicitó al Estado que cumpla con su obligación de reconocer la titularidad ancestral de los pueblos awajún y wampís.
Esta solicitud para titular la ampliación de las comunidades nativas viene del año 1977″, dice Kayap. “La única respuesta que hemos tenido por parte del Estado es que no tienen recursos financieros para proceder con la demarcación y titulación”. “Con la negación de la titulación por más de 30 años y con el recorte de 88 Ha al parque nacional, donde actualmente son territorio para la actividad minera, nos damos cuenta que la política del actual gobierno es entregar nuestros territorios sin considerar que esos territorios significan todo para nosotros, son nuestra economía, nuestro desarrollo cultural y espiritual”, indica Kayap.
“Nosotros hemos vivido preservando y conservando nuestros recursos naturales durante siglos, por la defensa de nuestro territorio hemos peleado el año 1995 en la guerra del Cenepa”, agrega. Barclay explica que el sentido de pertenencia territorial indígena por las tierras fronterizas se incrementó por la participación activa de estas agrupaciones indígenas, que fueron aliadas del Ejército en la defensa de la frontera y por los invalorables servicios que brindaron.
“Es por ello que se sienten traicionados, fueron aliados del Estado en tiempos bélicos y hoy esos territorios son entregados a intereses mineros, sin considerar el significado que ellos tienen sobre sus tierras, sobre sus territorios”, dice Barclay. Sin legitimidad Otra empresa que también opera en ambos lados de la frontera, y que convive en permanente conflicto con la población, es la empresa minera Río Blanco Copper —que en Ecuador lleva el nombre de Rioblan—, perteneciente al grupo británico Monterrico Metals, cuyo accionista mayoritario es la corporación china Zijin. Desde el 2003, cuando Río Blanco Copper, bajo el nombre de Minera Majaz, inició sus labores de explotación de cobre en Piura, tuvo el rechazo de la población.
En una consulta vecinal no vinculante realizada en setiembre del 2007, los habitantes de tres distritos de ese departamento se pronunciaron abrumadoramente en contra del proyecto minero porque destruiría la agricultura local, así como la flora y fauna del bosque nuboso de la zona. “Tanto Dorato Resources como Río Blanco carecen de legitimidad”, sostiene Julia Cuadros, subdirectora de CooperAcción, “porque en ambos casos no se ha considerado el consentimiento libre, previo e informado, es decir, se ha obviado el mecanismo de participación ciudadana sobre la importancia que tiene las tierras y territorios en la población indígena”.
“Además de la falta de consulta, que es la causa de los actuales conflictos en nuestro país, estas concesiones se vienen otorgando en áreas ricas en biodiversidad y zonas ambientalmente frágiles como es el caso de los páramos andinos donde se genera el agua que consume la región Piura. En el caso de Amazonas estas concesiones están en áreas naturales protegidas y ecológicamente vulnerables”, expresa Cuadros.
