Declaratoria de Antigua Guatemala: La problemática minera y cómo enfrentarla

Texto de la Declaratoria que emitieron diferentes instituciones, organizaciones sociales de base y liderazgos sociales de Guatemala, Perú, Bolivia, Honduras, Bélgica, Estados Unidos, España, México, Ecuador, Chile, Holanda, Italia, Canadá, Suecia, El Salvador, Argentina y Francia, participantes en la CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA MINERÍA, realizada en Antigua, Guatemala entre el 3 y 5 de agosto pasado.

Nosotros y nosotras, las diferentes instituciones, organizaciones sociales de base y liderazgos sociales de Guatemala, Perú, Bolivia, Honduras, Bélgica, Estados Unidos, España, México, Ecuador, Chile, Holanda, Italia, Canadá, Suecia, El Salvador, Argentina y Francia, participantes en la CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA MINERÍA, en el marco del Seminario Internacional EL DORADO II, nos hemos reunido del 03 al 05 de agosto, en La Antigua Guatemala, para intercambiar experiencias y conocimientos, sobre la problemática minera en América Latina.

La nueva fase de explotación de los recursos naturales y materias primas en general, obedece a la crisis mundial provocada por la lógica de acumulación capitalista, que promueve el consumismo y una demanda cada vez más creciente de productos energéticos no renovables, que se están agotando. En consecuencia, los países mal llamados “en desarrollo”, continúan jugando un rol de proveedores de recursos naturales estratégicos, como el petróleo, minerales, agro combustibles, aceite industrial, agua, entre otros.

Las empresas que operan en nuestros países no tributan acorde a las enormes ganancias que obtienen en el mercado internacional. En los casos expuestos en esta conferencia, se constató el incremento de los índices de pobreza y exclusión, puesto que la minería compite con las actividades económicas de las comunidades afectadas, sobre todo la agricultura y su efecto central es el detrimento de la soberanía alimentaria. Por tanto, la minería de metales no contribuye al erario de los países y a las economías de las comunidades.

Los gobiernos no cumplen el papel fundamental de garantizar los derechos humanos y de impulsar el desarrollo integral de las personas y por ende, regular la actividad empresarial privada; en la práctica no sancionan, no implementan, ni hacen cumplir la normativa ambiental. En otros casos, las instancias de monitoreo ambiental están parcializadas a favor de las empresas extractivas. Por ello, las industrias mineras generan daños a la salud de las y los trabajadores y de los pueblos en total impunidad. Además causan pérdida de la biodiversidad por los altos índices de contaminación, al utilizar y generar elementos químicos altamente tóxicos como: cianuro, arsénico, mercurio, plomo, entre otros.

La industria minera altera procesos ecológicos fundamentales, como el ciclo del agua: uso excesivo de este recurso, desaparición de las fuentes, contamina y reduce la capa freática con metales pesados y sustancias peligrosas. Las consecuencias sociales, culturales, ambientales y económicas que sufren las comunidades afectadas por las actividades mineras, dañan sus condiciones de vida, son irreversibles y condenan el futuro de las nuevas generaciones.

El sistema económico capitalista y neoliberal se caracteriza por el despojo, saqueo e irrespeto de los territorios de pueblos y comunidades campesinas e indígenas. Los Estados y las empresas que obedecen a este modelo descalifican la consulta previa, estipulada en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, atropellando sus derechos sociales, económicos y culturales.

Los gobiernos siguen utilizando mecanismos de represión y violación al derecho de libre organización y manifestación, para criminalizar las demandas de los pueblos. Las empresas mineras promueven la corrupción de dirigentes y autoridades, bajo la modalidad de chantaje, división, desarticulación social y confrontación entre las y los mismos ciudadanos. Una práctica común es la formación de organizaciones paralelas para debilitar y deslegitimar los movimientos sociales con la venia de los respectivos gobiernos.

En alianza con los gobiernos locales, nacionales y grupos de poder económico, las empresas reprimen, difaman, persiguen, enjuician y encarcelan a las y los dirigentes, o a toda persona que no esté de acuerdo con sus intereses.

Nos encontramos en la Ciudad de La Antigua Guatemala para denunciar estas prácticas nocivas e injustas, pero sobre todo innecesarias. La minería sirve a los intereses de unas pocas empresas transnacionales económicamente poderosas y a pequeños grupos nacionales, y no benefician a las comunidades ni a los Estados nacionales. Es por ello que rechazamos estas prácticas irresponsables, tanto de las empresas mineras, como de los gobiernos cómplices de la destrucción y el avasallamiento de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la minería.

Las personas participantes en la Conferencia Internacional sobre Minería nos solidarizamos con los pueblos que se encuentran en permanente lucha, han realizado múltiples consultas de buena fe, en las cuales han rechazado la actividad minera. Las comunidades y pueblos, desde su articulación territorial han generado luchas y propuestas hacia una nueva forma de vida.

Nos declaramos en máxima alerta, dispuestos y dispuestas a realizar todos los esfuerzos necesarios para apoyar procesos que restituyan los derechos de las comunidades y ayuden a conservar la naturaleza, logrando de esta forma un equilibrio en el desarrollo de nuestros países. Pretendemos demostrar una vez más la insustentabilidad ambiental, social y moral del modelo capitalista extractivista y declaramos las necesidad de su reemplazo por modelos que pongan al ser humano y todas las formas de vida en el centro del desarrollo y que devuelvan y constituyan el respeto a la naturaleza en las practicas cotidianas de la sociedad.

Exigimos a los responsables políticos realizar un cambio urgente de las políticas y de este modelo de desarrollo. Demandamos que promuevan la recuperación y ejercicio de derechos de las comunidades, y que garanticen procesos de reorientación de las bases económicas del desarrollo de nuestros pueblos y se pongan al servicio de un modelo de justicia social y ambiental.

Animamos a los pueblos a que juntos seamos actores que construyamos una nueva relación entre seres humanos y la naturaleza; a que demos forma a una convivencia fraterna, justa, equitativa y sostenible que permita el bienestar de todas y todos en paz, como parte de la naturaleza, donde el Sumaj Kausay o Buen Vivir, sea la orientación para la refundación de los Estados y el desarrollo futuro.

RETOS PARA LA SOCIEDAD CIVIL

PARA ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA MINERA, CONSIDERAMOS PRIMORDIALES 5 RETOS:

1. Comprender y evidenciar el nuevo ciclo de acumulación del capital que se concreta en la industria extractiva en nuestros países: la minería en particular.
2. La construcción de contrapoder desde la autodeterminación de los pueblos y desde la experiencia de los pueblos indígenas, que a través de las consultas comunitarias hacen valer su autodeterminación en su territorio.
3. La defensa del territorio y el medio ambiente (los recursos naturales, historia, identidad) como proceso concreto para refundar el Estado, mas allá del discurso del “Estado de derecho conveniente al capital” y como un ejercicio político de profundizar otra verdad, otra historia y otras formas de desarrollo.
4. La articulación social permanente desde la visión de movimiento social diverso y no simplemente de sociedad civil, es decir desde las luchas de los pueblos indígenas, de comunidades no indígenas y desde los actores sociales en el ámbito internacional.
5. La cooperación y la sociedad civil internacional tiene que sumarse a las demandas de los pueblos, contribuir a la articulación de los movimientos nacionales y internacionales y fortalecer el poder de estos pueblos en contraposición al poder hegemónico impuesto.